Tegucigalpa, Honduras.- El anuncio de que el gobierno buscará pagar con fondos públicos a los afectados por la empresa Koriun Inversiones ha provocado controversia por sus implicaciones legales.
Fue el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien lo dio a conocer durante una sesión legislativa celebrada el 14 de mayo en el Hemiciclo.
“La presidenta de la República, Xiomara Castro, ha instruido para que las personas afectadas con pérdida de dinero por esta mecánica puedan recuperar su dinero con fondos públicos", aseveró.
En ese sentido, la promesa del gobierno hondureño de resarcir a los afectados por Koriun, una empresa privada envuelta en un escándalo financiero, ha generado un intenso debate legal y político.
Surge entonces la pregunta: ¿es legal que el Estado utilice fondos públicos para cubrir a los afectados de una empresa privada? EL HERALDO Verifica lo explica en el siguiente análisis.
Constitución no lo permite
El caso de Koriun es un ejemplo altamente controversial que entra en conflicto con la Constitución de la República y las Disposiciones del Presupuesto General de 2025 , ya que se pretende pagar con fondos públicos las pérdidas sufridas por particulares en una empresa privada no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
La Constitución de Honduras no permite que se pague con fondos públicos a los afectados por Koriun, salvo que exista una ley expresa que lo autorice y que esté debidamente justificada por el interés público general.
El artículo 364 de la Carta Magna establece que “no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente”.
Esto significa que si no hay una asignación presupuestaria aprobada para pagar a los afectados de Koriun, cualquier compromiso o pago realizado para ese fin estaría fuera del presupuesto autorizado y, por ende, sería contrario a la Constitución, según expertos.
Sobre el caso, el abogado penalista Carlos Chajtur aseguró que “cualquier centavo que se destine por parte del Estado para pagar deudas privadas, bajo la normativa jurídica vigente en el país, es ilegal y acarrea responsabilidad civil y penal”.
Del mismo modo, el artículo 356 de la Constitución indica que el Estado de Honduras solo responde oficialmente por las deudas que hayan sido legalmente adquiridas por gobiernos.
“El Estado solamente garantiza el pago de la deuda pública que contraigan los gobiernos constitucionales, de acuerdo con esta Constitución y las leyes”, dice textualmente el precepto.
Chajtur agregó que “los fondos del Estado únicamente pueden ser destinados al pago de la deuda pública, no deudas privadas”, en relación con la Carta Magna.
Por su parte, las Disposiciones Generales del Presupuesto de Egresos e Ingresos de 2025, en su artículo 51, señala que "ninguna institución del sector público podrá contraer compromisos obligaciones, celebrar contratos, autorizar obligaciones sin que cuente con la respectiva disponibilidad presupuestaria y financiera".
Este precepto en el Presupuesto de 2025 prohíbe que se gasten recursos públicos sin respaldo financiero y presupuestario aprobado, como una forma de evitar el endeudamiento irresponsable o el uso ilegal de fondos públicos.
Esto descarta cualquier posibilidad de que el Estado pueda asumir como propia una deuda o responsabilidad económica derivada de una acción cometida por una empresa privada como Koriun, la cual operaba sin regulación y sin autorización formal de la CNBS.
Alternativas legales
El artículo 321 de la Constitución establece que los funcionarios públicos solo pueden actuar conforme a las facultades que expresamente les concede la ley.
No hay, hasta el momento, una norma aprobada por el Congreso Nacional que permita pagar con fondos públicos a los afectados de Koriun. Si no existe esa ley, el uso de recursos estatales sería inconstitucional.
Analistas señalan que si el gobierno llegara a realizar estos pagos sin respaldo legal, se sentaría un precedente peligroso, donde el Estado se convierte en garante de inversiones privadas, incluso de aquellas realizadas en esquemas que no cuentan con aval institucional.
Esto podría motivar que más ciudadanos inviertan en plataformas de dudosa legalidad con la expectativa de que el gobierno siempre responderá ante eventuales pérdidas.
Además, de concretarse el pago con fondos públicos, los funcionarios que autoricen dichos desembolsos podrían ser objeto de juicios por responsabilidad administrativa, penal y civil, como lo señala la Constitución.
Algunos diputados han sugerido que podría estudiarse la creación de un fondo especial para compensar a los afectados, pero la iniciativa requeriría aprobación legislativa, dictamen de la Secretaría de Finanzas y un análisis técnico que justifique su viabilidad fiscal y constitucional.
“Se necesita un instrumento legal para poder hacer eso”, aseguró el diputado Jari Dixon, del partido Libertad y Refundación (Libre).
Sin embargo, crear una norma de este tipo sin abrir la puerta a futuros abusos no sería sencillo. El Congreso tendría que establecer criterios muy claros para evitar que otras víctimas de fraudes privados también reclamen fondos estatales.
Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, crear una nueva ley para compensar a los afectados de Koriun sería violatorio de la Constitución.
“Es totalmente ilegal, constituye delito. La Constitución en ningún momento avala ese tipo de situaciones. Cualquier decreto que se emita en ese sentido, nadie está obligado a cumplirlo, porque la Constitución dice que no se deben cumplir órdenes ilegales”, opinó.
Asimismo, el abogado penalista, Kenneth Madrid, consideró contrario a la Constitución la emisión de decretos o leyes especiales en favor de los afectados por Koriun.
“Aunque lo quieran revestir de legalidad, si eso va al Congreso a que emita un decreto para poder dar el dinero a estas personas, es totalmente incorrecto”, opinó Madrid
Por ahora, todo indica que cualquier intento del gobierno de usar fondos públicos sin base legal en beneficio de más de 35,000 hondureños se enfrentará no solo a la crítica de diferentes sectores, sino también a posibles acciones jurídicas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
