Tegucigalpa, Honduras.- Una inspección de EH Verifica comprobó que varios funcionarios del gobierno hondureño mantienen restringida la opción de comentar en sus cuentas de X (antes Twitter), plataforma en la que difunden información y decisiones oficiales.
Los analistas advierten que esta práctica limita la libertad de expresión , debilita la rendición de cuentas y traslada al entorno digital una forma de censura institucional sin regulación ni control público.
Entre los perfiles con restricciones figuran los de Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente; Fausto Cálix, director de la Administración Aduanera; Miguel Briceño, comisionado presidencial de Reforestación y Cambio Climático; y Zulmit Rivera, vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios.
En el caso del secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado , sus publicaciones solo pueden ser comentadas por quienes lo siguen, lo que convierte su perfil en un espacio cerrado donde la retroalimentación crítica prácticamente desaparece.
A esta lista se suma también el expresidente Manuel Zelaya Rosales , actual asesor presidencial y coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), quien ha bloqueado la opción de comentar en su cuenta de X.
Dicen los analistas que este comportamiento podría ayudar a explicar por qué varios funcionarios oficialistas replican la misma práctica, siguiendo el ejemplo de una de las figuras políticas más influyentes del gobierno.
Esta práctica no es nueva. Durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández , era frecuente el bloqueo de ciudadanos que interpelaban al gobierno.
Ahora, varios funcionarios replican la misma conducta: limitan comentarios, bloquean usuarios y, en algunos casos, utilizan sus perfiles oficiales para confrontar a opositores o periodistas.
Analistas consultados por EH Verifica advierten que esta deriva en la comunicación oficial refleja un deterioro del discurso público y una forma sutil de censura digital.
A diferencia de la crítica legítima, explican, el control de comentarios reduce la transparencia y elimina uno de los pocos canales de interlocución directa entre funcionarios y ciudadanos.
Cambio de rol y cultura política
El expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, explicó que esta conducta refleja un giro en la relación entre el poder y la crítica pública.
“Hace cuatro o cinco años ellos gozaban del respaldo popular porque el descontento era con el gobierno de Juan Orlando Hernández”, recordó.
“Hoy ese descontento se trasladó al gobierno actual, y su reacción ha sido cerrar los comentarios para evitar cuestionamientos”, añadió.
Rodríguez señaló que el problema no se limita al bloqueo técnico, sino que evidencia una creciente intolerancia política.
“Antes, cuando eran oposición, usaban las redes para fiscalizar al poder. Hoy, desde el poder, las usan para blindarse de la crítica”, afirmó.
Para el periodista, esta práctica no solo debilita la transparencia, sino que también representa una pérdida de cultura democrática.
“Las redes sociales son hoy uno de los pocos canales donde la gente puede cuestionar a sus autoridades. Cerrarlas es excluir la voz ciudadana del debate público”, comentó.
Rodríguez advirtió que, en una sociedad polarizada, limitar la conversación digital equivale a erosionar la confianza institucional.
A su juicio, los funcionarios deberían asumir las críticas como parte del ejercicio democrático y no como ataques personales.
Vacíos legales y silencio institucional
El abogado constitucionalista Oliver Erazo consideró que restringir comentarios o bloquear usuarios desde cuentas oficiales vulnera directamente el artículo 72 de la Constitución de la República, que garantiza la libre emisión del pensamiento “sin previa censura”.
“Cuando un funcionario impide que la ciudadanía opine sobre asuntos públicos, está violando un derecho fundamental”, aseguró.
Erazo advirtió que el vacío normativo agrava la situación: “En Honduras no existe una ley ni un reglamento que defina cómo los funcionarios deben administrar sus redes sociales”, explicó.
“Esa falta de regulación permite que se impongan restricciones sin consecuencias y que la censura se normalice bajo apariencia de moderación”, agregó.
El jurista sostuvo que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) debe emitir lineamientos claros que vinculen la comunicación digital con el principio de transparencia.
“Si los funcionarios usan sus cuentas para comunicar decisiones del Estado, también deben permitir la participación ciudadana. De lo contrario, el espacio público se convierte en un monólogo oficial”, argumentó.
Erazo añadió que esta práctica puede tener implicaciones legales futuras si se demuestra que un bloqueo impide el acceso a información pública o limita el debate ciudadano.
En su criterio, la ausencia de regulación no exime de responsabilidad, sobre todo cuando las cuentas se usan con recursos o fines institucionales.
Responsabilidad pública
Desde la sociedad civil, el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, advirtió que el uso institucional de las redes sociales conlleva una obligación ética y democrática.
“Utilizan las redes sociales e institucionales, y hay una responsabilidad de hacer una interacción respetuosa y es responder, particularmente si la misma está pensada para eso, a quienes sean cuestionamientos”, señaló.
El defensor de derechos humanos destacó que los funcionarios tienen el deber de fomentar el diálogo y la rendición de cuentas en los entornos digitales.
“Un funcionario no debe utilizar sus redes sociales para censurar la opinión pública ni para confrontar a los ciudadanos; sin embargo, eso es lo que se está normalizando”, advirtió.
Un referente que podría servir de guía para Honduras es el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, emitido el 15 de marzo de 2024 y redactado por la jueza Amy Coney Barrett.
La resolución estableció que los funcionarios solo pueden bloquear usuarios cuando usan sus cuentas de manera personal o ante conductas abusivas.
Sin embargo, si las cuentas se utilizan para comunicar decisiones o información oficial, los bloqueos constituyen una violación a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
Dicen las fuentes de EH Verifica que aplicar un criterio similar en Honduras permitiría equilibrar el derecho de moderar con el deber de rendir cuentas y garantizar que las redes institucionales sigan siendo canales abiertos de participación ciudadana.
