Tegucigalpa, Honduras.- Entre la presentación del proyecto de reforma energética y la aprobación de la Ley de Justicia Energética circularon al menos 16 bulos que contaminaron la discusión pública sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
Una investigación conjunta de LA PRENSA Verifica y EH Verifica determinó que la desinformación no se concentró en una sola narrativa. Las publicaciones atribuyeron declaraciones falsas a políticos y funcionarios, anunciaron medidas inexistentes, manipularon intervenciones públicas y reutilizaron videos de otros países o acontecimientos para fabricar una aparente reacción ciudadana.
Los bulos circularon entre el 2 de junio de 2026, cuando el Poder Ejecutivo presentó el proyecto ante el Congreso Nacional, y el 31 de agosto, fecha en que la Ley de Justicia Energética fue aprobada con 78 votos.
Durante esos tres meses, la iniciativa pasó por debates, negociaciones y modificaciones. Las diferencias sobre el manejo de los activos, las deudas y los contratos de la Enee alimentaron la confrontación política. En ese terreno de incertidumbre encontraron espacio las falsedades.
Intervenir en el debate
Nueve de los 16 contenidos analizados atribuyeron declaraciones falsas o publicaciones manipuladas a figuras políticas, funcionarios y representantes de la sociedad civil. El mecanismo consistió en colocar afirmaciones inexistentes en boca de personas vinculadas directa o indirectamente con la discusión energética.
Al presidente Nasry Asfura se le atribuyó la frase: "Si no privatizamos la Enee, no vamos a tener recursos para salud y educación". En realidad, Asfura dijo: "O rescatamos la Enee o Honduras no va a tener suficientes recursos para invertir en educación y salud".
Después aclaró que la estatal continuaría siendo propiedad de los hondureños.
La alteración no fue menor: sustituyó la idea de rescatar la empresa por la de privatizarla y convirtió una declaración sobre su situación financiera en un supuesto respaldo presidencial a transferirla al sector privado.
La diputada nacionalista Johana Bermúdez fue blanco de dos citas inventadas. Una aseguraba que había pedido aumentar la tarifa eléctrica para financiar un incremento salarial a los maestros; otra sostenía que había ordenado retirar los contadores que “roban energía”. La congresista negó ambas afirmaciones.
También se fabricaron declaraciones atribuidas al gerente de la Enee, Guillermo Peña Panting; al alcalde Roberto Contreras; a los diputados Antonio Rivera Callejas y Tomás Zambrano, y a Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción.
La desinformación alcanzó la propia negociación legislativa. Una captura manipulada presentó a Salvador Nasralla respaldando la contrapropuesta del Partido Liberal, mientras otra publicación tergiversó el planteamiento de Jorge Cálix sobre requerir 96 votos para futuras reformas que pudieran privatizar la Enee. Ese requisito no era para aprobar la ley que entonces discutía el Congreso.
Privilegios inexistentes
Otra narrativa buscó instalar la idea de que la reforma traería contadores prepago, cobros anticipados y sanciones contra quienes rechazaran los nuevos dispositivos.
Un comunicado apócrifo, identificado como COM-ENEE-2026-067, anunció paquetes de energía que supuestamente costarían entre 1,000 y 6,500 lempiras. El documento contenía la firma de Erick Tejada, exgerente de la Enee, aunque estaba fechado cuando ya no dirigía la institución. La estatal confirmó que el comunicado era falso.
El temor a los medidores también fue conectado con el Censo de Población y Vivienda 2026. Una imagen manipulada hizo creer que el Instituto Nacional de Estadística preguntaba: “¿Estaría de acuerdo si le ponemos contador nuevo?”. La interrogante no aparece en el cuestionario y fue desmentida por el INE.
A esa cadena se sumó una falsa propuesta atribuida al diputado Roy Cruz para subsidiar durante diez años la energía consumida por centros comerciales de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La fotografía presentada como prueba correspondía realmente a una moción sobre la construcción de rampas de arena y la reducción de velocidad en Los Hornos, Copán.
Un rechazo social
La tercera operación consistió en utilizar imágenes reales con descripciones falsas. Un video de una marcha de docentes realizada el 2 de junio en San Pedro Sula fue presentado como una protesta contra la privatización de la Enee. Al clip también le incorporaron el audio de otra manifestación desarrollada meses antes frente al Congreso Nacional.
Otro video mostró a una mujer destruyendo un contador por el elevado costo de la electricidad. Aunque fue presentado como un hecho ocurrido en Honduras, la grabación correspondía a República Dominicana.
El último bulo apareció alrededor de la aprobación de la ley. Una movilización posterior a las elecciones generales de 2017 fue reutilizada para simular una protesta contra la Ley de Justicia Energética. Las imágenes tenían más de ocho años de circulación cuando fueron vinculadas falsamente con la reforma.
Los 16 casos revelan un patrón: la desinformación explotó los puntos más sensibles de la discusión —privatización, tarifas, medidores y pérdida de control estatal— para fabricar apoyos, rechazos y consecuencias que no estaban documentados.
La ley finalmente aprobada reorganizó las actividades de generación, transmisión y distribución mediante subsidiarias estatales, pero mantuvo los bienes y activos bajo propiedad de la Enee matriz. También estableció un congelamiento tarifario inicial de seis meses, prorrogable por otros seis por decisión del Congreso.
Mientras esas disposiciones eran negociadas, los bulos construyeron una reforma paralela: una legislación ficticia, difundida en redes sociales mediante citas, documentos, imágenes y protestas que nunca existieron como fueron presentados.
