Nuevo Congreso debe priorizar reformas electorales, económicas y contra la impunidad

Tegucigalpa, Honduras. A partir de enero, los ojos de la sociedad están puestos en el próximo Congreso Nacional (CN), comenzando por su conformación, su reconstrucción y su agenda, la cual en su primer año deben primar reformas legales que impulsen la equidad económica y social, la lucha contra la impunidad y la corrupción.

De acuerdo con Andrés Pavón, defensor de derechos humanos, dada la situación en que Luis Redondo, presidente saliente del Poder Legislativo, manejó el actual CN, Honduras presenta un atraso de cuatro años en materia de reformas legales que pudieran impulsar no solo la inversión económica, sino también una estabilidad democrática puesta en riesgo en este último proceso electoral.

Pavón demanda del nuevo Poder Legislativo que en su primer año discuta y apruebe las reformas al reglamento del Congreso Nacional permitiendo con ello una democratización que genere una mayor equidad de participación de las fuerzas políticas ahí representadas.

Igualmente considera primordial, en el primer año, que los diputados aborden las reformas electorales, evitando que esta temática sea discutida a última hora como una manera de trabarlas y así continuar con un modelo que ya no genera confianza porque es susceptible a ser boicoteado por los partidos políticos.

Por otro lado, plantea que en la agenda del Congreso Nacional para el próximo año también se tomen en cuenta reformas en materia de inversión, para que tanto inversionistas nacionales y extranjeros no encuentren tantos inconvenientes para establecer sus negocios en el país.

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En este mismo contexto, Leonel Casco, otro defensor de los derechos humanos, también establece que la mejora de la economía ayuda a la estabilidad social y democrática, porque reduce la pobreza, la migración, el crimen organizado y la seguridad de Honduras.

“En países como el nuestro se necesita fortalecer, lógicamente, tanto la inversión privada, pero también la inversión pública y la inversión social, que es lo que establece nuestra Constitución de la República en el capítulo sobre la economía. Tres formas de economía: la privada, la pública y la social”, agregó.

Diversas personalidades consultadas coinciden en que la agenda legislativa para el próximo año debe enfocarse en las reformas electorales, reforma de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, una revisión del artículo 272 de la Constitución, así como la implementación de una legislación que fortalezca la llegada de inversionistas y una normativa que regule con más precisión las exoneraciones fiscales.

En materia electoral, se demanda la ciudadanización de las mesas electorales, la elección de los diputados por distritos, la despolitización del Consejo Nacional Electoral (CNE) y una mayor claridad cuando un consejero o un magistrado electoral se resista a asistir a las sesiones del pleno o no quiera firmar una resolución, como sucedió con el oficialista Marlon Ochoa.

También está el tema de la segunda vuelta o balotaje, que permitiría una mayor legitimidad de los próximos gobiernos y no evitar, así, que se repita lo que sucedió en estas votaciones, cuando hubo una diferencia muy cerrada entre el primero y segundo lugar, lo que fue aprovechado por los partidos para intentar sabotear la declaratoria al paralizar los conteos.

Por otro lado, la sociedad hondureña ha exigido que el Poder Legislativo reforme su Ley Orgánica, pues en amplia medida permite presidente de la Junta Directiva tener la autoridad de un monarca e imponer sus abusos de poder, al extremo de negarle la participación de los congresistas que no siguen su línea.

Dado el papel político que jugaron las Fuerzas Armadas en el recién pasado proceso electoral, una de las exigencias para el nuevo Congreso Nacional es la revisión del artículo 272 de la Constitución, donde se establece que los militares son los garantes de los principios de libre sufragio y la alternabilidad en la presidencia de la República.

En el aspecto económico, los distintos sectores plantean que el próximo Congreso retome una agenda que tenga los componentes para fortalecer la inversión nacional y atraer aquella internacional que genere oportunidades de empleo, mejoren las exportaciones y el ingreso de divisas.

Otro de los temas que, según los diversos sectores sociales, deben contemplarse para su pronta discusión son las reformas al Código Penal, en vigencia desde 2020 y que rebajó penas a varios delitos, por lo cual se le llegó a conocer públicamente como el “código de la impunidad”.

Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista, también plantea que en la agenda del parlamento para el 2026 se debe dar preferencia a “la aprobación de una ley tributaria, pero que no sea con los componentes que tiene el proyecto de Libre de justicia tributaria”.

“Debe de reordenarse las exoneraciones fiscales y todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, pero de una manera equitativa, es decir, no en la forma grotesca como Libre pretendía”, precisó.

Para prevenir lo que sucedió con el tema de las Fuerzas Armadas, “me parece que ese artículo 272 hay que reformarlo o derogarlo, porque le da mucho poder a las Fuerzas Armadas y vea que a futuro no vaya aparecer otro loco como Roosevelt Hernández. En cuanto a la Ley Electoral se debe regular cuando un consejero no quiere ir a las reuniones”, sostuvo Barrientos.

Él es del criterio que el Código Penal también hay que reformarlo “porque tiene unas penas muy bajas en materia de corrupción, tiene penas muy bajas para lavado de activos, penas muy bajas para el tema de violencia doméstica y de delitos sexuales”.

Por otro lado, el analista Juan Ramón Martinez aseguró que los desafíos del Congreso Nacional son muchos, pero "a mí me parece que la primera obligación es su reconstrucción". “La segunda tarea es que hay que reformar el reglamento interno para devolverle el carácter democrático. El Congreso Nacional tiene que facilitar las condiciones para que puedan las fuerzas políticas pactar un plan de desarrollo para recuperar el país. Y en tercer lugar, hay que reconstruir las instituciones”, agregó.

Consideró que “hay que reconstruir la Fiscalía General de la República, pues el comportamiento del fiscal Johel Zelaya ha sido un comportamiento que en vez de representar a la sociedad, ha representado al partido de gobierno. Y eso hay que corregir y hay que corregirlo rápidamente desde el Congreso Nacional".

“También hay que modificar la ley para que la elección del jefe del Estado Mayor Conjunto la haga el Congreso Nacional y no el Poder Ejecutivo, porque los militares no pueden estar sometidos a las veleidades de los políticos, porque, como lo ha confirmado Roosevelt Hernández, es una amenaza para la tranquilidad y la existencia de la paz y del país”, agregó Martínez

Asimismo, Martínez sugirió revisarse el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, considerando que el hecho que Rebeca Raquel Obando, presidente de la Corte, se haya opuesto a la suspensión del estado de excepción es una manifestación que compromete su imparcialidad y su distanciamiento de la militancia política.

En lo referente a las reformas electorales, este analista propuso que se estudie de nuevo la restauración de los distritos electorales para que los diputados no representen a los departamentos, sino a los ciudadanos que están más cerca en el distrito electoral.