Cuatro años de un Congreso bajo parálisis costaron L5,942 millones

Tegucigalpa, Honduras. En los últimos cuatro años, los hondureños han tenido que pagar una factura de 5,943 millones de lempiras para mantener a un Congreso Nacional improductivo, sin gobernanza, sin transparencia y sin credibilidad.

Analistas y diversos actores políticos consideran que haber impuesto a “patadas” la Junta Directiva presidida por el diputado Luis Redondo, en enero de 2022, hoy le deja al país una parálisis legislativa que representa un costo millonario para la sociedad.

Bajo la presidencia de Redondo, la actual junta directiva ha hundido la productividad a mínimos históricos. Las cifras son lapidarias: tras registrar apenas 56 sesiones ordinarias en 2022 -según un monitoreo independiente de EL HERALDO a partir de las transmisiones y las convocatorias del canal del Congreso-, la cifra se desplomó a solo 20 en 2023 y marcó 39 en 2024.

Incluso intentando ocultar su inoperancia, el Congreso dejó de registrar en su portal de transparencia el orden de sesiones en el presente año, aunque se estima que la cantidad real de productividad oscila solo entre 31 y 32 sesiones.

Es decir, desde que Redondo asumió en enero de 2022 hasta octubre de 2025, su gestión ha acumulado alrededor de 146 y 147 sesiones ordinarias. En promedio, cada una de ellas ha representado un costo aproximado de 40.4 millones de lempiras.

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Actualmente, el Poder Legislativo atraviesa una nueva paralización: la última sesión se celebró el 27 de agosto de 2025. Desde entonces, la Junta Directiva no ha logrado acordar con las distintas bancadas una ruta para superar las diferencias, por lo que la oposición evalúa autoconvocarse con el fin de impulsar algunas iniciativas que siguen pendientes.

De acuerdo con el monitoreo realizado por este medio, la dinámica legislativa de este año ha sido irregular. De una agenda intensa al inicio de la cuarta legislatura se pasó a una pausa de casi dos meses -entre mediados de febrero y mediados de abril- a raíz de las elecciones primarias.

En mayo se retomaron las sesiones con cierta constancia, pero en junio la actividad fue mínima y en julio prácticamente inexistente. Justo cuando en agosto comenzaban a normalizarse las labores, se produjo un nuevo parón. Además, contrario a años anteriores, las sesiones han sido más breves y puntuales.

Esta productividad es calificada como la peor de la historia democrática de Honduras y se atribuye a la conformación “violenta, agresiva, sin planificación, sin liderazgo” de la actual Junta Directiva, lo que ha generado una constante ingobernabilidad y falta de consensos.

Diversos sectores detallaron que en la presidencia de Redondo la falta de respeto a la Ley Orgánica del Congreso y a la Constitución de la República ha sido una constante.

Se han aprobado iniciativas sin el número de parlamentarios requeridos y se violó la normativa al nombrar al fiscal general a través de una Comisión Permanente, un ejemplo calificado como el más "grotesco" de irrespeto a la ley.

El analista Luis León señaló que este Congreso ha permanecido paralizado entre la inactividad, vacaciones y conflictos políticos. El costo para los hondureños es "altísimo" debido a los salarios, gastos y recursos consumidos, mientras que el rédito o beneficio para la nación es "casi inexistente", pues de ahí "nunca salió nada que le sirviera al pueblo", lamentó.

Deploró que los temas de país "nunca se discutieron" y llamó a los electores a no votar "en plancha" en las próximas elecciones generales, ya que esta dinámica otorga un poder total al partido, privando a los diputados de la libertad de pensar y proponer.

La situación en el Poder Legislativo es grave y se debe a que se comenzó mal desde la imposición ilegal de la Junta Directiva. Eso causó que ese poder nunca pudiese tener acuerdos mínimos aceptables, analizó León.

Al final, prosiguió, Redondo estuvo como presidente de la Junta Directiva los cuatro años. Pero, ¿a qué costo para Honduras? Sin gobernanza, sin credibilidad y nunca alcanzó consensos con la oposición, ante tal situación ha pretendido imponer cosas, “de hecho algunas se impusieron, como el fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema”.

La falta de sesiones y el conflicto constante han evitado abordar aspectos cruciales. Los temas de nación nunca se discutieron, pues cuando el Congreso laboró fue meramente para la aprobación y distribución de acuerdos políticos y no para beneficiar al pueblo, agregó el analista.

Mientras a la presente administración solo le quedan dos meses y medio y ante el temor de que al final del año se quiera aprobar una batería de decretos, León recomendó dejar todas las discusiones para el siguiente congreso.

El riesgo en este momento “es que se impongan cosas, que se aprueben cosas que realmente no sean necesarias y que sea solo para intereses políticos”, advirtió.

León aseveró que la falta de un sistema de pesos y contrapesos en el Congreso es un problema arrastrado por 43 años. Insistió en que el partido ganador del Ejecutivo no debe controlar el Legislativo, pues cuando un grupo de pocas personas toma las decisiones, el Congreso "no tiene sentido tenerlo".

Concluyó que los mejores congresos de Honduras se vivieron en la década de los noventa. En aquel tiempo, pese a la división ideológica, se daban debates de fondo, con diputados que realmente comprendían su labor y eran capaces de construir discusiones orientadas al beneficio social, algo que —según afirmó— se ha perdido en las últimas décadas.

A lo largo de cuatro años, el Congreso Nacional ha absorbido un presupuesto colosal de 5,942.6 millones de lempiras, según los reportes de Finanzas. La cifra está destinada a garantizar su funcionalidad y la alta productividad, sin embargo, esta gigantesca inversión contrasta con la caída de emisión de leyes y un registro de sesiones, como nunca antes visto.

La inoperancia tiene un costo inaceptable para el pueblo: en 2022, el año que más se laboró, se realizaron 56 sesiones, pero el gasto fue de 1,448 millones de lempiras. Tanto la oposición como sectores de la sociedad civil y medios de comunicación han evidenciado un despilfarro millonario en viáticos, bonos y otras dádivas para los congresistas afines a los miembros de la Junta Directiva.

Durante el 2022 y 2023 el Congreso Nacional tuvo un presupuesto anual de 1,448 millones, el cual luego subió a 1,523.3 millones tanto para el año 2024 como para el 2025, pero durante estos años ha permanecido sumido en un estancamiento improductivo.

Ante la crisis, la diputada nacionalista Leda García calificó, con "mucha vergüenza", el actual Congreso como el peor de la historia. “Dudo que algún otro pueda superar su nivel de incompetencia, falta de capacidad y de resultados para la gente”, dijo.

Sobre el número de sesiones, aunque no tenía la cifra exacta, indicó que en los últimos tres meses solo hubo dos sesiones, siendo estas muy poco productivas en cantidad y calidad de trabajo

Puntualizó que el problema comenzó con el irrespeto al Estado de Derecho y la Constitución desde el inicio, con la presencia e influencia del Poder Ejecutivo en el Congreso, lo que considera un "golpe" al Poder Legislativo. Esto, a su juicio, marcó la génesis de la ingobernabilidad y el abuso de poder.

Este contexto de falta de gobernanza y consensos condujo al país a la crisis y al caos, generando incertidumbre. Una muestra de esto es la incapacidad para garantizar la transparencia en los procesos electorales y la falta de análisis del presupuesto de 2026, pese a estar en octubre de 2025, criticó García.

Para ella, Redondo y su entorno carece de la habilidad necesaria para centrarse en los problemas de Honduras, como el desempleo, la salud, la seguridad y la corrupción.

A tres años y medio de su gestión, a última hora, ha intentado enviar proyectos de decreto para buscar consensos, pero esta acción es tardía. Su intensión sigue teniendo la línea del Ejecutivo de continuar con el endeudamiento y luego culpar a la oposición de la falta de sesiones y acuerdos, pormenorizó.

García aseguró que la oposición sí tiene voluntad de aprobar temas cruciales, como el presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Política Limpia, una línea que la Junta Directiva evita para no ser investigada.

Otro factor de inestabilidad en el Legislativo es la división interna de la bancada de gobierno, que entró fraccionada y desacreditada, según la congresista Johana Bermúdez. Esto ha provocado que algunos congresistas estén dispuestos a "venderle el alma al diablo" a cambio de una cuota de poder, sin importar el perjuicio para los hondureños, agregó.

Igualmente, consideró que el fracaso del parlamento ha tenido un impacto directo en la gestión del gobierno, ya que no se han aprobado leyes esenciales, sino que por otro lado se han dedicado a irrespetar la Ley Orgánica del Congreso y la Constitución de la República.

Son tales los abusos, recordó Bermúdez, que se han aprobado iniciativas sin el número de parlamentarios requeridos y se violó la normativa al nombrar al Fiscal General a través de una Comisión Permanente, un ejemplo calificado como el más "grotesco" de irrespeto a la ley.

La congresista enfatizó que el presidente del Congreso se ha convertido en un "mensajero de Casa Presidencial", aprobando nada más endeudamientos y proyectos superficiales como, el "Día de la Baleada", en lugar de iniciativas que combatan la corrupción o promuevan la inversión y el empleo

Destacó que la falta de voluntad política, de conocimiento y compromiso han impedido construir acuerdos para el bienestar de Honduras. A su juicio, “este Congreso está secuestrado por una familia y manipulado para poner las ideologías políticas e intereses internacionales por encima de las necesidades del pueblo”.

Bermúdez criticó la baja ejecución presupuestaria, la falta de transparencia y la corrupción de la actual administración. Al gobierno solo le ha interesado el acceso al dinero y el poder, dejando la inversión social en cero, afectando la salud y la seguridad del pueblo, como consecuencia de ello los hospitales carecen de medicamentos, el personal es insuficiente, y el sistema de vacunación, antes ejemplar en la región, ha perdido su hegemonía por la "incompetencia" de las autoridades, cuestionó.

Entre tanto, el diputado Marlon Lara manifestó que por la intransigencia de Redondo todavía no se ha aprobado la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley de Empleo Temporal, ambas necesarias para el desarrollo social del país.

Criticó la incapacidad del presidente del Congreso para alcanzar consensos, atribuyéndola a su ilegitimidad y a la falta de autoridad con que ejerce el cargo. El problema —según Lara— se originó con la imposición de Redondo “a golpes y a patadas”.

El diputado también denunció que la Junta Directiva opera bajo órdenes del Ejecutivo, lo cual vulnera la independencia de los poderes.

Además, señaló que nunca antes se había visto que a los diputados se les negara la palabra, un derecho que a él no le ha sido otorgado en más de dos años para la presentación de proyectos de ley.

La actual crisis y la improductividad en el Poder Legislativo, los hondureños la ven como un reflejo de la falta de ética política, la falta de conocimiento y el compromiso personal y partidario antepuesto a los intereses de la nación, situación que ha sido un obstáculo para el desarrollo, la inversión y la estabilidad democrática de Honduras.