Tegucigalpa, Honduras.- Los burós de crédito y centrales de riesgo existen en la mayoría de países de América Latina y aunque se han planteado reformas, estos no han sido eliminados.
Así lo verificó EL HERALDO al revisar la normativa sobre estas bases de datos de carácter público o privadas.
En Honduras fue creada la Central de Información Crediticia (CIC) administrada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), donde se consolida los datos proporcionados de instituciones financieras de todas las personas naturales al igual que jurídicas que adquieren obligaciones crediticias con las mismas, ya sea en calidad de deudores, codeudores, avales o fiadores.
La recopilación de información estructurada también permite a las entidades de carácter financiero obtengan los datos crediticios de cada persona, autorizando a estas organizaciones a que puedan consultarlos para efectuar un análisis de crédito.
El historial sobre comportamiento de pago de compromisos de parte de los prestatarios se ve reflejado en la central de riesgo, permitiendo a las instituciones del sistema financiero hondureño evaluar el riesgo crediticio de los deudores para sus decisiones en el otorgamiento de préstamos.
La eliminación de la CIC es una de las propuestas de la presidenciable de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada en el marco de las elecciones generales del 30 de noviembre.
Derogatoria
En el 2012 se presentó ante la Asamblea Nacional de Ecuador un proyecto de ley derogatoria de la Ley de Burós de Información Crediticia, por lo que con 100 votos favorables y 17 abstenciones se procedió a eliminar la central de riesgo en esa nación, pero se creó el Registro de Datos Crediticios (RDC).
El RDC es gestionado por la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos (Dinardap), siendo el único ente que puede recopilar y mantener datos crediticios provenientes de las fuentes de información.
Mientras que en México fueron introducidas iniciativas legislativas para reformar el sistema del buró de crédito, es decir la central de riesgo local, limitando su alcance o la duración de los registros negativos.
En la actual gestión pública hondureña, específicamente en el 2022 fueron aprobadas por la CNBS dos resoluciones que contemplan nuevas medidas y acciones relacionadas a la CIC que beneficiaron a personas con problemas de pago.
La información negativa del deudor en el caso de los comerciantes se deja de reportar en el informe de la central de riesgo al mes siguiente de pagar el crédito cuando antes los datos se visualizaban por tres meses.
En el pasado dentro del informe confidencial del deudor no era posible identificar que el mal comportamiento de pago se debía a causas ajenas a su control, pero esto cambió y ahora sí se puede hacer siempre y cuando se acredite ante la institución financiera las razones que provocaron el impago.
La exhibición de información negativa se redujo a dos años en el reporte confidencial para las personas morosas que no paguen sus obligaciones y mantengan deudas menores a los 3,000 dólares.
Cuestionamientos
Como "populismo financiero disfrazado de justicia social" tildó la Red Hondureña de Educación Financiera (Rehef) la propuesta de Moncada.
"Eliminar la central de riesgo implicaría dejar el sistema financiero prácticamente a ciegas respecto a quienes toman crédito, su historial, su capacidad de pago", subraya un comunicado emitido por la plataforma.
Se indicó que desde un aumento del impago, crédito caro para todos, cierre del crédito formal hasta la erosión de la confianza institucional serían las consecuencias de la supresión de la central de riesgo.
De su lado, el presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), Manuel Venancio Bueso, declaró a medios de comunicación que la Central de Información Crediticia es una herramienta valiosa porque permite tener información adecuada al momento de tramitar créditos.
"El problema de la mora no se resuelve eliminando la central -de riesgo-, sino con crecimiento económico, generación de empleo y mayores ventas para las empresas", aseguró.
De 1,083,127 a 1,100,658 pasaron los usuarios insolventes con las instituciones financieras al primer trimestre de 2025, reflejando un incremento interanual de 17,531 deudores que implicó el 1.6%.
