Se requiere cumplir con dos actividades para comenzar a utilizar los recursos captados vía tasa de seguridad poblacional en contra de la delincuencia.
A la fecha se recaudaron entre 280 y 300 millones de lempiras que comenzarán a ser distribuidos entre las dependencias establecidas
con la asistencia de expertos internacionales, según sectores empresariales.
Además se requiere la adjudicación del fideicomiso del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional a una entidad bancaria del país. “Todas las entidades beneficiadas con estos recursos piden a gritos que se les transfieran los recursos de la tasa de seguridad porque el presupuesto general de la República no llena los requisitos, tampoco las necesidades de
todos ellos”, informó Eduardo Facussé, representante del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ante la comisión administradora del denominado fideicomiso. Además, los fondos están en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), sin ganar ningún rendimiento.
El Congreso Nacional aprobó a mediados de 2011 la Ley de Seguridad Poblacional y sus posteriores reformas. El gobierno espera una recaudación anual por 1,500 millones de lempiras. Los recursos se usarán para financiar la lucha en contra del crimen organizado.
Más demoras
Facussé confirmó que aún no se ha destinado recursos de esta tasa a la Policía, la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Desde las primeras conversaciones entre funcionarios, diputados y operadores de justicia con el sector privado se determinó no usar estos fondos para el pago de sueldos y salarios.
“El monto recaudado no es una cantidad exagerada con la cual se resolverán los problemas del país”, expresó Facussé, quien a finales del siglo anterior fue presidente del Cohep.
Además, se analiza cómo optimizar el uso de estos recursos vía la contratación de expertos internacionales.
Adelantó que se busca un financiamiento alterno a los fondos del fideicomiso para
contratar a los asesores mediante contribuciones de instituciones internacionales.
“Buscaremos a gente experta en el tema de la seguridad y no necesariamente a expolicías o a exmilitares nacionales. En los próximos días vendrán personas de afuera que nos asesorarán”, refirió.
Facussé prefirió no brindar los nombres de los expertos, las entidades que representan y sus nacionalidades. El trabajo de los especialistas será priorizar y definir el destino de los recursos. “Luego nos reuniremos de manera eventual con cada uno de los representantes de cada una de las entidades para definir el rumbo a seguir. Esto es lo más conveniente para el país”, expresó.
Fideicomiso
El presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), Roque Rivera, estimó que la Secretaría de Finanzas adjudicará en una segunda etapa el Fideicomiso de Seguridad.
“El procedimiento debe efectuarse con transparencia, porque existen varios bancos interesados en manejarlo. Una comisión se encargará de adjudicar este fideicomiso”, expresó el entrevistado.
Por su parte, Eduardo Facussé, sugirió consultar a las autoridades de Finanzas respecto a las razones que demoran la adjudicación del fideicomiso.
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Aline Flores, ha recomendado a las autoridades que estos fondos se utilicen con transparencia.
La Secretaría de Finanzas comenzó a recibir las ofertas de la licitación del referido fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional el 4 de junio de 2012 y declaró fracasado este proceso porque en las bases
de la licitación, en su numeral 2.3.8 y 2.3.10, se comprometen los fondos del fideicomiso a permitirle al fiduciario contratar con cargo al fideicomiso los servicios de intermediación, administración, consultoría o asesoría y cargar los
costos administrativos y legales en que se incurra para la ejecución de los objetivos del fondo, en abierta violación al artículo 3 de la Ley del Fideicomiso para la administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, que prohíbe dichos cargos.
