Una “sopa” de normativas y nuevas disposiciones económicas que afectarán el bolsillo de la población contiene la ley de racionalización de exoneraciones fiscales y control en el gasto público.
En la cámara legislativa se proyecta para la presente semana aprobar diversas leyes de carácter económico, como la reforma al impuesto sobre la renta y las reformas a la Ley de Modernización Agrícola.
+ Editorial: El sexto “paquetazo”
La referente a las exoneraciones fue devuelta por el Congreso al gobierno por mala redacción.
El Congreso Nacional entra en receso a partir del jueves 17 de mayo, o sea que las sesiones empiezan este lunes y culminan el miércoles.
Durante estos días se pretende aprobar esas leyes polémicas sin la debida discusión legislativa.
De manera preliminar el secretario de Finanzas, Héctor Guillén, se reúne hoy en San Pedro Sula con la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para abordar el tema del nuevo “paquetazo”.
Trascendió que el fin de semana se desarrollaron una serie de reuniones entre líderes del sector privado para fijar una posición.
Además se conoció la oposición frontal a estas normativas por parte de diputados nacionalistas de la denominada Alianza Parlamentaria y del Partido Liberal.
El impacto eléctrico
Fuentes vinculadas al sector privado interpretan que el proyecto de ley de racionalización de exoneraciones fiscales y control en el gasto público impactará en el precio de la energía eléctrica en unos 2,142 millones de lempiras, porque se eliminan exoneraciones a la importación de combustibles.
Más de 55% de los 1,200 megavatios demandados en el país son aportados por las plantas térmicas, que importan, para tal fin, unos seis millones de barriles de bunker al año. Con la modificación se cobraría un tributo de 42 centavos de dólar equivalente a 8.24 lempiras por galón de combustible.
Cláusulas de los contratos firmados con las empresas térmicas indican que los costos adicionales serán trasladados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Esto se traduce en un encarecimiento al precio de la facturación eléctrica para el consumidor.
En el caso, como asegura Finanzas, de que se cobre este impuesto a las empresas térmicas al momento de la importación y luego se les reponga en una fecha posterior, complica aún más las finanzas de los generadores.
De manera reciente, el gerente de la ENEE, Emil Hawit, reveló que mantenía conversaciones con la Secretaría de Finanzas para la emisión de bonos que permitan pagarles a los térmicos deudas estimadas en 2,100 millones de lempiras.
Diputados de oposición han expresado que esta normativa contiene un incremento estimado en un 10% a las tarifas de energía eléctrica.
De manera adicional se plantea en este decreto ley que el subsidio eléctrico se brinde a los clientes residenciales de la ENEE que consuman hasta los 120 kilovatios hora al mes.
Alimentos
En el marco de esta reunión que se sostendrá hoy en San Pedro Sula, se acentúa la inquietud de los importadores de insumos agrícolas para producir alimentos.
En el listado de sectores que conservan las exoneraciones están omitidos y por lo tanto tendrán que pagar los respectivos tributos. La teoría es que de verificarse este extremo se trasladarían los nuevos costos de producción al precio de la carne de res, pollo, pescado y cerdo, entre otros.
Además al valor de los granos básicos, verduras y vegetales. En síntesis, se dispararía la inflación y los hondureños necesitarían de más dinero para comprar la canasta básica de alimentos.
De manera paradójica, según los empresarios de este sector, en el artículo número cuatro inciso C de esta misma ley se establece que en caso de bienes suntuarios solamente se considerará una exoneración de 50% del valor de la mercancía, bien o producto. Como bienes suntuarios se deben tomar en cuenta las joyas, perfumes y pinturas, entre otros artículos de lujo.
Impuestos
En el artículo número 10 de la nueva ley se faculta a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y a la Secretaría de Finanzas para que determinen el índice de relación entre renta neta gravable y renta bruta gravable para actividades económicas en las que las personas jurídicas presentan sus respectivas declaraciones.
Sin embargo, en la reforma efectuada al artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) solo se toma en cuenta la renta neta. De manera preliminar se estima que este sería un incremento al referido impuesto.
En el artículo 20 del proyecto de esta normativa se uniforma con un 10% de Impuesto Selectivo al Consumo a los vehículos automotores con capacidad para 10 y más personas. Según los críticos de esta normativa a estos automóviles se les denominaba “carros de trabajo” y estaban exentos del pago de este impuesto.
En el título cinco de esta normativa se aborda el tema de la revalorización de activos. La pregunta que se formulan es si este es el preámbulo para la privatización de empresas estatales o una alianza público privada.
Despidos
En el título número nueve, artículo número 62 se establece que las instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada que se encuentren en el proceso de reestructuración, fusión o cierre, deberán considerar los efectos del pago del pasivo laboral y demás derechos adquiridos de una manera total hasta en un plazo de hasta tres años, los que podrán efectuarse en pagos mensuales o en las forma que las partes acuerden.
Esto hace pensar que viene una “barrida” de personal en la administración pública.
Sectores consultados creen que este será uno de los artículos que enfrentará una férrea oposición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph) y de sindicatos institucionales.
Seguridad
Empresarios consultados se preguntan por qué se integra en este paquete de medidas en el capítulo dos, denominado Control presupuestario de los gastos del Estado en seguridad.
Este tema forma parte de la denominada Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, decreto número 113-2011, publicado en el diario La Gaceta del 8 de julio de 2011.
Existe la teoría en el ámbito empresarial de que el gobierno blinda con esta nueva ley el denominado y cuestionado fideicomiso social.
La Ley de Seguridad Poblacional establece captar 1,500 millones de lempiras anuales para combatir la criminalidad y los recursos excedentes serán destinados a nutrir el referido fondo.
Sin embargo, la Ley de Eficiencia fue impugnada por el Cohep en julio de 2011 ante la Corte Suprema de Justicia.
