Tegucigalpa. Honduras está por transformar la estructura de su sistema eléctrico, pero lo hará con una característica que la diferencia de buena parte de Centroamérica: aunque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) será dividida por funciones, las nuevas sociedades continuarán bajo control estatal.
La Ley de Justicia Energética ordena separar las actividades de generación, transmisión y distribución, que durante décadas estuvieron concentradas dentro de una misma empresa pública. Sin embargo, la reorganización no implica que esas áreas pasen a manos privadas.
Las sociedades que surjan de la ENEE permanecerán bajo una matriz estatal, de manera que el Estado conservará la propiedad de las principales empresas resultantes de la reforma.
Ese diseño coloca a Honduras entre los sistemas eléctricos con mayor presencia pública de la región. Costa Rica es el país que más se aproxima a ese esquema, debido al peso que todavía conserva el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en generación, transmisión y distribución.
En Guatemala, El Salvador y Panamá, en cambio, las reformas realizadas desde hace décadas dieron lugar a mercados donde conviven empresas estatales, privadas, municipales o de capital mixto, dependiendo de la actividad.
Para Edgar Aguilar, economista y experto en energía, Honduras está entrando con retraso a una transformación que buena parte de sus vecinos realizó años atrás.“Todos los vecinos de Honduras hicieron el unbundling (separación) hace 20-25 años y hoy el mapa varía tanto en número de empresas como en quién es dueño de cada una”, sostiene.
La diferencia hondureña, por tanto, no está únicamente en separar las funciones de la empresa eléctrica, sino en hacerlo sin desprender al Estado de la propiedad de las nuevas sociedades.
Mientras otros mercados regionales utilizaron la separación para ampliar la participación privada en generación, distribución e incluso transmisión, Honduras pretende conservar un núcleo empresarial público más concentrado.Aguilar resume esa característica al comparar el diseño hondureño con los modelos existentes en Centroamérica.
“Honduras copia la separación funcional que ya tienen sus vecinos, pero con una composición de capital más cerrada que cualquiera de ellos -más parecida a Costa Rica o a la Nicaragua post-2022 que a Panamá o Guatemala-. La ley sí abre la puerta a ‘una o más’ empresas de distribución, lo que permite un esquema regional, pero siempre bajo la misma accionista”, explicó Aguilar.
Modelos
Centroamérica no posee un único modelo de organización eléctrica. Guatemala cuenta con un mercado donde participan generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y grandes consumidores. En esas actividades intervienen empresas privadas, estatales y municipales. Su sistema es coordinado por el Administrador del Mercado Mayorista y regulado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
El Salvador también separó las funciones del sector. La generación combina empresas privadas y públicas, entre ellas la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), mientras la transmisión permanece en manos de la estatal Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal).La distribución, en contraste, es realizada principalmente por compañías privadas.
Panamá avanzó igualmente hacia una estructura separada. El Estado conserva el control de la transmisión mediante la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), pero la participación privada tiene mayor peso en generación y distribución.
Costa Rica constituye la principal excepción regional por el fuerte papel que mantiene el Estado.El ICE continúa siendo una pieza central del sistema eléctrico costarricense y participa en generación, transmisión y distribución. A su alrededor operan también empresas municipales, cooperativas y otros actores.
Nicaragua, por su parte, combina participación estatal y privada en generación, mientras la transmisión continúa bajo control público. La distribución atravesó primero un proceso de privatización y posteriormente un retorno hacia una mayor participación estatal.
