TEGUCIGALPA, HONDURAS
En los últimos treinta años, los enfoques sobre la protección social en Centroamérica han pasado de miradas minimalistas, basadas en la reducción de la cobertura pública, pasando por la privatización y la intervención mínima del Estado, hasta la necesidad de establecer un piso mínimo de protección social universal.
“Sin embargo, aunque el discurso sobre la protección social en Centroamérica ha cambiado, el diseño de los programas así como los presupuestos públicos destinados para este fin continúan siendo insuficientes para poder garantizar su acceso a toda la población”, señala la evaluación regional del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
En 2014, los Estados centroamericanos destinaron apenas el 5.2% del PIB a los programas de protección social. El Salvador, Guatemala y Nicaragua han registrado inversiones muy por debajo del promedio regional, si bien es cierto con una tendencia al aumento.
Honduras y Panamá mostraban una tendencia a la baja de su presupuesto social entre 2007 y 2014, mientras Costa Rica, con la mayor asignación en la región, presentaba una estabilización del gasto en torno al 8.5% del PIB.
En términos per cápita, las inversiones públicas en protección social en Centroamérica han pasado de 186.6 dólares anuales en 2007 a 341.9 en 2014. En el último año analizado, Nicaragua registró la inversión per cápita anual más baja del istmo con tan solo 63.7, en contraste con los 823.5 registrados en Costa Rica y 137.8 de Honduras.
Pensiones
En cuanto a la composición del gasto en protección social para 2014, los programas relacionados con la edad avanzada (pensiones en general, contributivas o no) representaron entre el 43.7% (El Salvador) y el 91.1% (Nicaragua) del total. En Honduras fue de 54%. Le siguieron, en orden de importancia, los programas concernientes a la mitigación de la exclusión social (subsidios de precios y apoyo al consumo de alimentos) y aquellos vinculados a la protección de las familias (transferencias monetarias, apoyo a la asistencia escolar, prevención de la desnutrición).
Por su parte, los Estados están financiando más del 90% de la protección social con ingresos propios. Ahora bien, en los últimos años, Costa Rica, El Salvador y Honduras han aumentado la utilización de deuda pública para financiar estos programas. Las donaciones continúan contrayéndose en toda la región, con excepción de El Salvador
En los últimos treinta años, los enfoques sobre la protección social en Centroamérica han pasado de miradas minimalistas, basadas en la reducción de la cobertura pública, pasando por la privatización y la intervención mínima del Estado, hasta la necesidad de establecer un piso mínimo de protección social universal.
“Sin embargo, aunque el discurso sobre la protección social en Centroamérica ha cambiado, el diseño de los programas así como los presupuestos públicos destinados para este fin continúan siendo insuficientes para poder garantizar su acceso a toda la población”, señala la evaluación regional del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
En 2014, los Estados centroamericanos destinaron apenas el 5.2% del PIB a los programas de protección social. El Salvador, Guatemala y Nicaragua han registrado inversiones muy por debajo del promedio regional, si bien es cierto con una tendencia al aumento.
Honduras y Panamá mostraban una tendencia a la baja de su presupuesto social entre 2007 y 2014, mientras Costa Rica, con la mayor asignación en la región, presentaba una estabilización del gasto en torno al 8.5% del PIB.
En términos per cápita, las inversiones públicas en protección social en Centroamérica han pasado de 186.6 dólares anuales en 2007 a 341.9 en 2014. En el último año analizado, Nicaragua registró la inversión per cápita anual más baja del istmo con tan solo 63.7, en contraste con los 823.5 registrados en Costa Rica y 137.8 de Honduras.
Pensiones
En cuanto a la composición del gasto en protección social para 2014, los programas relacionados con la edad avanzada (pensiones en general, contributivas o no) representaron entre el 43.7% (El Salvador) y el 91.1% (Nicaragua) del total. En Honduras fue de 54%. Le siguieron, en orden de importancia, los programas concernientes a la mitigación de la exclusión social (subsidios de precios y apoyo al consumo de alimentos) y aquellos vinculados a la protección de las familias (transferencias monetarias, apoyo a la asistencia escolar, prevención de la desnutrición).
Por su parte, los Estados están financiando más del 90% de la protección social con ingresos propios. Ahora bien, en los últimos años, Costa Rica, El Salvador y Honduras han aumentado la utilización de deuda pública para financiar estos programas. Las donaciones continúan contrayéndose en toda la región, con excepción de El Salvador
