La Asociación Nacional de Industriales (Andi) elevó su voz de protesta en contra de la aprobación de una legislación que faculta al gobierno a comprometer los recursos del Estado a cambio de emitir más deuda para pagar la deuda interna.
En el marco de la reunión semanal, los empresarios abordaron como tema principal la aprobación de esta legislación que no se consultó con ningún sector de la sociedad, lamentaron.
El director de la Andi, Fernando García se mostró escéptico respecto a que esta medida sea utilizada para generar recursos dirigidos a pagar la deuda interna del país.
Reacción industrial
“Es irresponsable la actitud del Congreso Nacional tratar estos temas de endeudamiento sin consultarle de manera previa a los contribuyentes que cancelarán estos compromisos con sus impuestos y tampoco conversaron con organizaciones de la sociedad civil”, expresó.
Fue del parecer que el gobierno mediante esta situación hipoteca los yacimientos minerales y los recursos naturales del país.
La ley referida fue aprobada la semana anterior por el Congreso en un sesión efectuada en Gracias, Lempira, con el propósito de obtener fondos y pagar la deudad interna del país, que se acerca a los 60,000 millones de lempiras.
“Nos preocupa y no entendemos, continuó, por qué razón se vincula en esta normativa la concesión de todos los recursos naturales del país y tampoco para que se ocuparán todos estos recursos financieros”, dijo.
El ejecutivo preguntó si es que este dinero se utilizará para el financiamiento a las campañas políticas, para pagar publicidad del gobierno o para el constante transporte de funcionarios y sus escoltas mediante el alquiler de helicópteros.
“Veo anuncios del presidente Porfirio Lobo en todos los canales de televisión del país. Cada espacio publicitario tiene un costo estimado por mención entre 15,000 y 20,000 lempiras. Es para esto que se endeudará este gobierno”, indicó.
Minería
El economista para Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) Hugo Noé Pino, explicó que el Congreso realiza una titularización de los bienes públicos, o sea, con base en los bienes del estado emitirán bonos.
Estos recursos, continuó, acaso los ocuparán en el financiamiento de viáticos y de sueldos y salarios de los burácratas. “Me parece que el sistema financiero hondureño es el que ha exigido al gobierno que brinde más garantías a cambio de que se les brinde más dinero”, indicó.
Es bueno recordar, indicó, que lo Estados, por muy mal que estén, son soberanos para emitir deuda, o sea, bonos con el principio de que el Estado nunca quiebra, pero en esta oportunidad, me pareciera que los prestamistas piden un mayor respaldo.
Pino, quien es docente e investigador de la Universidad Tecnológica (Unitec), señaló que en esta nueva normativa se “saltan todas las leyes vinculadas a la contratación del Estado.
A Pino le preocupa la transparencia y que el gobierno y el Congreso Nacional se están saltando toda las normativas de la Contratación del
Estado en esta operación. En el artículo número siete de la referida ley, dice que para los efectos de este programa es aplicable lo dispuesto en el artículo número 36 de la Ley para la Promoción de las Alianza Público Privada, que indica que las normas contenidas en la Ley de
Contratación del Estado no son aplicables. Esto quiere decir que se evade toda la normativa legal. En el artículo 49 para la Ley de Protección de Inversiones dice:
En los casos que se determinen en el reglamento de la presente Ley, el presidente de la República está facultado para declarar que un proyecto de inversión mediante el mecanismo de Alianza Público Privada es de interés nacional pudiendo en estos casos a limitarse la lista de participantes en el proceso de selección a un listado cerrado en el que se deberá incluir únicamente las sociedades de reconocida experiencia en la ejecución de los proyectos en particular, y reducirse los plazos en forma discrecional para llevar a cabo dicho proceso por parte la Coalianza.
Minería
Pino expresó que en el comité técnico del fideicomiso, que será administrado por el Banco Central de Honduras (BCH), se incluyó al secretario de Recursos Naturales y el Ambiente porque esta ley tiene que ver con una serie de concesiones mineras y en otros activos del Estado.
“Lo principal no son los activos del Estado, ya que si se habla de los proyectos que existen en la actualidad y quieren poner de garantía las concesiones mineras para que les brinden los créditos”, indicó.
“Lo lamentable es que estos recursos no serán utilizados para amortizar la deuda interna, sino que se utilizarán para sufragar el déficit fiscal del presente año que se calcula en 6%”, indicó.
Fue del parecer que el presente gobierno quiere dejar amarrado una serie de proyectos y concesiones mineras.
Bonos
Para Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la situación de las finanzas del gobierno son desesperantes porque se le debe 5,000 millones de lempiras a las plantas térmicas y el peso de la deuda interna es de casi 60,000 millones de lempiras.