Tegucigalpa, Honduras.- Tener un a perro de mascota no solo involucra el compromiso de cuidar a este animal y garantizarle buenas condiciones de vida, sino también responsabilizarse de que estos no causen molestias o supongan un peligro para los vecinos de la comunidad.
Esto no se trata de un mandato moral, sino legal al estar establecido en el artículo 13 de la Ley de Bienestar Animal en Honduras. El inciso 2 del artículo en mención señala que "los poseedores de animales, son responsables de adoptar las medidas necesarias para evitar que causen molestias a los vecinos o pongan en peligro a quien conviva en su entorno y de recolectar cuando transiten en vías públicas sus desechos".
La misma ley menciona los lugares en los que se puede denunciar a una persona por poseer a un animal que representa un riesgo.
"Toda persona puede interponer denuncia ante cualquier autoridad administrativa relacionada, policial, municipal o ante los juzgados de paz de la República, sobre los actos u omisiones que contravengan las disposiciones de la presente Ley. La cual puede ser oral, escrita o virtual", indica el artículo 25 respecto a las denuncias.
En el caso particular de la capital, la denuncia puede interponerse ante la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) llamando vía teléfono a la línea 100, así como apersonarse a la municipalidad.
Tener un animal peligroso es considerado una falta grave en la Ley de Bienestar Animal, según el artículo 29. En el inciso 9 se incluye como infracción grave "la tenencia de animales peligrosos sin las medidas de protección que se requieran".
Por otro lado, el artículo contempla como falta muy grave "promover o realizar la cría, hibridación o adiestramiento de animales para aumentar su peligrosidad".
Sobre las sanciones
Al ser considerada una infracción grave el poseer a un animal peligroso, la sanción va de cinco a diez salarios mínimos. En el caso de que el animal haya sido criado intencionalmente para ser un peligro, la multa puede ser de 10 a 25 salarios mínimos.
De igual forma, los denunciados quedan sujetos a otros castigos que dicten los juzgados de paz.
