Tal como lo anunciaron varios empresarios del transporte urbano, a partir de las 8:00 de la mañana iniciaron un paro parcial de sus unidades.
En varios puntos del Distrito Central, las unidades de las rutas que recorren el Bulevar Fuerzas Armadas como las colonias Las Torres, José Ángel Ulloa y El Carrizal permanecían estacionadas en las calles.
Largas filas se usuarios se observaron en estos puntos a la espera de trasladarse a su trabajo o centro de estudios, lo que obligó a algunos a caminar o irse de jalón.
Extorsión
El motivo de la paralización fue el cobro del denominado “impuesto de guerra” y la vorágine de inseguridad que golpea al rubro.
Según los transportistas, desde hace varios años los operadores son sometidos a pagos de sumas onerosas de dinero bajo amenazas de muerte contra ellos o sus familias.
Bajo la ley “Plato o plomo”-pago o muerte-, los extorsionadores han amasado grandes sumas de dinero a costa de conductores de buses y taxis.
Y para quienes no se someten al pago de “la renta”, la muerte ha sido la única salida.
Según informes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el 2012 murieron víctimas de la violencia 82 ruleteros, situación que han soportado los operadores en silencio, pero este año la situación se tornó crítica con la captura de
un grupo de transportistas vinculados supuestamente al cobro de este impuesto.
Personas que, según los empresarios, solo eran las encargadas de recaudar el dinero y entregar a los antisociales, actividad que ejercían bajo amenaza.
Lo que generó retrasos en los pagos a las diferentes bandas de extorsión que desencadenó una serie de amenazas así como el secuestro y asesinato de un despachador.
Situación que se tradujo el pasado martes en la paralización de 160 unidades del servicio ejecutivo y la determinación de un paro general que se llevó a cabo el jueves.
Jorge Sánchez, presidente de la Federación de Microbuses de Honduras (Fedemin), reveló que cada operador de las 420 unidades del servicio ejecutivo paga 500 lempiras a la semana.
Situación que se ha vuelto insostenible, pues este monto representa 2,000 lempiras al mes por cada conductor y un total de 840,000 lempiras por todos los representantes del rubro mensualmente.
A la vez se quejó por la falta de operatividad de la Policía Nacional, que pese a que ellos les han entregado pistas y existen videos de asaltos a mano armada dentro de las unidades, los crímenes siguen en la impunidad.
“La iniciativa de las cámaras en las unidades en muy buena pero, de nada sirve si las autoridades no hacen uso de estas grabaciones para hacer justicia”, reclamó.
Sánchez afirmó que brindar seguridad en las unidades del transporte urbano no solo beneficia a los operadores y empresarios del rubro, sino a todos los usuarios que a diario son víctimas de asaltos y hasta mueren a bordo de las unidades.
“Lo que solicitamos es seguridad a un 100 por ciento tanto para nosotros como para los usuarios” reafirmó.
Por su parte el recién nombrado director de Transporte, Yovanny Dubón, declaró que el paro es penoso.
“Ellos están dejando de prestar sus servicios, perjudicando al pueblo, ellos se deben a la población”, señaló.
Acuerdos
Al final del día los empresarios lograron su objetivo de sostener una reunión con las autoridades de seguridad.
El ministro Arturo Corrales los recibió en horas de la tarde en la Academia Nacional de Policía (Anapo), donde según los transportistas se logró un punto de equilibrio para mejorar la seguridad en las unidades.
Entre las promesas que pusieron fin al conflicto están la garantía de operativos en los siete corredores de mayor riesgo.
Además, de la instalación de dispositivos de seguridad en las terminales y en las unidades como GPS y cámaras, que estarán conectadas con los sistemas de geolocalización de la Policía Nacional.
Entre otras medidas que no se revelaron por razones de seguridad.
