Tegucigalpa, Honduras
Solo las calles sin salida quedarán con portones, brazos mecánicos u otro mecanismo de seguridad que actualmente emplean los capitalinos para protegerse. Las calles que son vías de alivio serán liberadas.
Así lo reiteran las autoridades municipales nombradas para la revisión del polémico programa Barrios más Seguros al anunciar que agilizarán el proceso que ejecutan colonia por colonia, a fin de que en aproximadamente dos meses haya un dictamen.
Y es que la Comisión de Seguridad de la Corporación Municipal tiene como agenda visitar cuatro sectores por día para evaluar la situación de los circuitos de seguridad.
A la fecha, el equipo, integrado por las regidoras María Luisa Borjas, Marcia Villeda y Silvia Montalván, así como el vicealcalde Juan Carlos García, ha hecho visitas de campo a unas 30 comunidades.
No obstante, según la base de datos de la Alcaldía a la que EL HERALDO tuvo acceso, 271 regiones de la capital se han encerrado en los cordones alternativos de protección.
Por ello, la comisión municipal tiene por delante la revisión de 241 sistemas comunitarios de seguridad, cuyo funcionamiento base es la restricción por medio de trancas y portones. En ese sentido, con un ritmo de visitas de cuatro comunidades por día, la evaluación de campo podría finalizar en unos 60 días.
Cabe recordar que en el marco de este proceso, la comuna decidió no renovar ninguno de estos permisos municipales en el presente año hasta finalizar con el análisis.
Esta medida va acompañada por una veda al otorgamiento de nuevas autorizaciones para el programa, según decisión tomada por las autoridades capitalinas.
Confirman retiro
Aunque la evaluación apenas comienza, los funcionarios municipales aclararon que los portones ilegales no entran en negociación.
Juan Carlos García, vicealcalde local, indicó que en al menos 30 barrios y colonias las autoridades procederán de oficio con el proceso de retiro de portones ilegales.
Y es que en el artículo 29 del reglamento de Barrios más Seguros establece que en las colonias con dispositivos sin autorización, la comuna dará una citatoria a los encargados.
En el llamado se otorgará un plazo no mayor a 30 días para regularizar y legalizar la situación de la obra, establece al artículo municipal.
Además, si el proyecto no reúne los requisitos de tener el acuerdo del 80 por ciento de los vecinos y no afectar la libre circulación por arterias principales y secundarias del Distrito Central, se procederá a la demolición de los mismos.
En el caso de la renovación de permisos, el artículo 28 apunta que este trámite debe realizarse anualmente, acompañado de una evaluación.
En ese sentido, faculta a las autoridades municipales a denegar o autorizar el permiso, dependiendo de los resultados de la inspección.
Conflicto
La polémica del programa municipal gravita en torno a que entran en conflicto dos principios fundamentales: seguridad y circulación.
En ese sentido, la medida desencadenó en la formación de dos bandos, entre los vecinos beneficiarios con un ambiente más seguro y los capitalinos perjudicados por el tema de movilidad.
EL HERALDO visitó ayer otras comunidades encerradas, acusadas por los conductores de afectar la circulación, como El Prado, 15 de Septiembre, Satélite y Río Grande.
“Aquí no pusimos los portones a la brava, los permisos fueron concedidos por la Alcaldía Municipal, entonces no entiendo esa postura de revisión”, indicó Alfredo Pastor, habitante de la colonia 15 de Septiembre.
A la vez, cuestionó que “si las autoridades quieren quitar los portones, pues que pongan seguridad. Aquí ni protegen ni dejan que uno se proteja”.
Mientras que en el bando de los opositores está Rafael Padilla, diputado por el Partido Anticorrupción (Pac), conocido por sus acciones contra el programa siendo presidente de la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción.
Este grupo interpuso en el 2012 un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia al considerar que la iniciativa infringe la libertad de circulación, aunque no prosperó.
“Celebramos la medida de las nuevas autoridades en el sentido de revertir los permisos, porque creemos que las medidas extremas no facilitan la convivencia”, reaccionó.
Pese a la oposición, descartó que ahora como parlamentario trate de intervenir en el conflicto, pues esta acción afectaría la autonomía municipal.
Mientras tanto, Miriam Reyes, jueza de Policía Municipal, consideró que el tema del programa Barrio más Seguros es muy complejo.
Sin embargo, los inconvenientes internos que hay en los barrios y colonias deben de conciliarse de acuerdo a la ley, sostuvo la funcionaria.
“El derecho a la libre locomoción es inviolable, iguales derechos tienen los capitalinos que están de acuerdo con el programa, como los que no lo están”, dijo.
Alcance
Indiscutiblemente, el proyecto alcanzó la aceptación de un gran porcentaje de la población, al grado que poco a poco se fue extendiendo a vías de alivio, como las colonias San Ángel, El Prado y la Satélite.
Asimismo, el programa ya no solo cubre residenciales, sino que ha alcanzado colonias de clase media. Según un procesamiento de datos realizado por EL HERALDO con datos oficiales, 147 de los 271 sectores corresponden a colonias.
Mientras que 119 puntos son identificados como zonas residenciales y apenas cuatro barrios.
En el listado enumeran dos sectores tipificados como aldeas, pero que popularmente se conocen como residenciales, el caso de La Joya y San José.
