Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Presidencia señalado por delitos de corrupción, Ebal Díaz, aseveró que siempre actuó "dentro de la ley" y que las acusaciones contra su persona tienen un trasfondo político.
A través de su cuenta de X, Díaz, quien se encuentra en Nicaragua desde 2022, se refirió a la investigación que realiza el Ministerio Público (MP) sobre el fraude del proyecto Residencial Morazán en Lomas del Diamante, conocido como el caso "Casas contenedores".
"¡Mis actuaciones fueron siempre dentro de la ley, la dirección del proyecto no fue nunca mi responsabilidad administrativa, el régimen saliente pactó con los administradores directos haciéndolos testigos protegidos para perseguirme políticamente! No hay ninguna prueba contra mí", sostuvo el exfuncionario.
Díaz asegura que la Fiscalía y el Poder Judicial están en manos de la familia presidencial Zelaya-Castro, y que instrumentalizan ambas instituciones para dar "persecución".
"Lo dije mucho antes que el Ministerio Público fue asaltado por el régimen saliente del Familión para perseguir objetivos políticos demostrado SIN NINGUNA DUDA en el proceso electoral, el Poder Judicial igualmente secuestrado para asegurar el resultado, ¿justicia dicen?", prosiguió en otra publicación.
Seguidamente, indicó que cuando salga el actual gobierno dará su versión sobre los hechos. "Hoy me es imposible como individuo luchar contra tanto poder usado perversamente teniendo como arma el MP", escribió en otra publicación.
Además, agregó que la acusación en su contra forma parte de acciones políticas de los Zelaya-Castro con el fiscal general, Johel Zelaya, a quien apuntó de fabricar pruebas falsas.
"Es el mismo fiscal que ataca a los opositores y al proceso electoral por motivos políticos perversos", mencionó.
Ebal Díaz junto a otros exfuncionarios son investigados por el fraude del proyecto Residencial Morazán, el cual tenía por objetivo albergar a familias damnificadas por las tormentas Eta e Iota que azotaron al país en 2020. El proyecto fue dirigido por la Secretaría de la Presidencia y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), siendo planificado con una inversión de 428 millones de lempiras, de los cuales se ejecutaron 283.8 millones.
La idea era construir unas 10 mil viviendas e implementar 1,000 casas contenedores, pero no se concluyó la meta. Los hondureños se quedaron en espera y las casas contenedores en las que residen algunas familias se encuentran en deplorables condiciones.
Tanto a Díaz como al resto de imputados se les acusa por: asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta.
El MP afirma que "Díaz dirigió una estructura criminal para orquestar un megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas".
Por otro lado, la Corte de Apelaciones en mayo de este año confirmó que Ebal Díaz tuvo un incremento patrimonial no justificado de más de 32 millones de lempiras entre 2017 a 2022.
Además, Díaz figuró en la Lista Engel publicada en 2024 por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta lista identifica a aquellos actores "corruptos" y "antidemocráticos" de Guatemala, El Salvador y Honduras.
La Lista Engel describe a Díaz de la siguiente forma: "Durante su cargo se apropió indebidamente de fondos públicos asignados para proporcionar viviendas a los hondureños afectados por los huracanes Eta e Iota".
Díaz reaccionó diciendo que el Partido Demócrata de Estados Unidos ha abusado de la Lista Engel al incluirlo como parte del listado de personas corruptas en la región del Triángulo Norte.
