Lomas del Diamante: invasiones, saqueos y sin rastro del inventario del IP
El IP no tiene registros de la inversión ni del inventario de los bienes en las casas contenedores, mientras el MP dice que ya están los requerimientos fiscales, pero no se ve acción
- 02 de junio de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.- De la noche a la mañana, la casa modelo de las primeras 251 que se iban a construir de bloque para los habitantes del sector de Lomas del Diamante, al sur de la capital, apareció habitada; ahí el gobierno se olvidó del problema, perdió el control y permitió abusos de todo tipo.
Daniela, una jovencita no mayor de 20 años, junto a su pareja y su hija, son los únicos que ocupan una vivienda de las más de una docena que quedaron en proceso de construcción, mientras unas 13 familias sufren la podredumbre de las casas contenedores.
La joven es inocente de todo el problema y corrupción que rodea el proyecto de las casas contenedores y esos terrenos, por los que existe una batalla entre el gobierno y quienes se declaran dueños.
Ya se van a cumplir cuatro años, es decir, desde el inicio del gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, sus ministros han sido incapaces de resolver este conflicto que se está volviendo humanitario.
“Hace cuatro meses llegamos de Lepaterique, el dueño de la empresa donde trabaja mi marido le dio esta casa para que estuviéramos”, dijo la muchacha asustada por la presencia del equipo de EL HERALDO Plus.
Las demás casas son ocupadas por vacas que se pasean por el proyecto, los semovientes se acuestan en las salitas para ocultarse del sol y las han llenado de estiércol, pues el lugar parece potrero, sin ningún tipo de protección.
Los más lamentable es que los contenedores que fueron comprados por el gobierno del expresidente, Juan Orlando Hernández (preso en Estados Unidos por narcotráfico), están siendo saqueados, se han llevado materiales, herramientas y equipo tecnológico que quedó en el sitio.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) desde el 2022 comenzaron una investigación del denominado proyecto, Ciudad Morazán, Lomas del Diamante y las casas contenedores, que en conjunto a otros proyectos se pretendía invertir unos 1,200 millones de lempiras.
El proyecto era liderado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), que era el órgano de asistencia técnica, ejecución de programas, plataformas y proyectos para el Fideicomiso, Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad de la República de Honduras ( Sitec) del Instituto de Propiedad (IP).
La intención era construir unas 513 viviendas sociales en esa zona, para trasladar a las personas que invadieron el sector de Lomas del Diamante, y luego, en los bonitos terrenos que iban a ser desocupados, se desarrollarían proyectos privados de unas 10,000 viviendas.
El problema es que el gobierno comenzó las obras en medio de denuncias de apropiación indebida de la propiedad, pues habían personas reclamando la tenencia de esos predios con títulos antiguos registrados.
Hasta hoy, ese sector es un nido de corrupción, de injusticia social y penal, pobreza, miseria y de deterioro de una millonaria inversión pública a la que el actual gobierno se muestra indiferente e incapaz de resolver.
La semana anterior, el equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó hasta este sector, donde pudo comprobar que los recursos públicos invertidos en los contenedores se pudren, las puertas de estos vagones fueron violentadas, las ventanas quebradas y casi todo se lo han robado.
Se pierden los inventarios
Por medio de la solicitud de información SOL-IP-864-2025, presentada en el mes de abril de 2025, el IP informó a EL HERALDO Plus que no tienen registros del inventario que dejaron en el proyecto, al momento que fue intervenido por el Ministerio Público.
"Se informa que la documentación que nos fue proporcionada, no figura información relativas a los proyectos de Lomas del Diamante, por tal motivo se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva durante los días 21 y 22 de marzo de 2025 en la bodega de la 21 con un equipo de cinco empleados", afirma la respuesta.
En ese lugar se almacena la documentación que en su momento estuvo bajo la administración de la UCP, pero no se logró obtener información relativa al monto de inversión, inventario de materiales, equipo abandonado y los costos en el sector de Lomas del Diamante, respondieron las autoridades.
Es de tomar en cuenta que el MP requirió información de este proyecto para un proceso de investigación que pasa lento, donde la justicia también se vuelve cómplice de la ingobernabilidad y que se cometan más abusos en contra de las familias afectadas en ese sector.
Yuri Mora, portavoz de MP, declaró a EL HERALDO Plus que en el caso de las casas contenedores ya se presentaron los requerimientos fiscales y solo están esperando los tiempos que manda el juez que está conociendo las causas.
Quienes están sufriendo todas estás injusticias son las 13 humildes familias que fueron sacadas de sus casas con la promesa que en tres meses les darían una vivienda de bloque, de las que se construyeron en la parte de abajo.
Debido al olvido y descuido del gobierno actual, las habitaciones de las casas contenedores que no fueron ocupadas también están siendo saqueadas, se están llevando los sanitarios, los accesorios eléctricos como centros de carga, tomacorrientes, interruptores y ventanas.
Mientras que algunos de los afectados de las tormentas tropicales Eta y Iota del año 2020, por quienes se justificó el proyecto, han decidido irse.
Se caen a pedazos
Las personas que están ocupando algunos vagones ya no pueden ni bañarse o hacer sus necesidades fisiológicas, porque ya están completamente podridos, llenos de insectos que los pican y les preocupa el invierno, porque cuando llueve todo se moja.
Ada Núñez, una habitante de las casas contenedores se preguntó, "¿dónde están los fondos que tenían del fideicomiso del IP para construir y entregar las casas como lo prometieron?", porque ya tienen cerca de cuatro años de estar sufriendo.
“Nosotros lo que le pedimos a la presidenta (Xiomara Castro) son las casas que a nosotros nos deshicieron, que es donde están las de material abajo, y si ella no las quiere terminar, nosotros las terminamos”, expresó la angustiada capitalina.
Recordó que la UCP les dijo que por 90 días los iban a pasar a las casas contenedores, mientras les construían las casas de bloque a donde ellos vivían, pero al llegar el nuevo gobierno se produjeron tomas y los dejaron desamparados.
Con tristeza confesó que han pedido auxilio en Casa Presidencial, en el IP, en el Instituto Nacional Agrario (INA) y ahora en el Fondo Social de la Vivienda (Fosovi), dirigido ahora por Gilberto Ríos, “El Grillo”, pero nada les han resuelto, solo les ha dicho que esos terrenos son del Estado.
Alejandrina Estrada, otra vecina de las casas contenedores, declaró que “le hacemos un llamado a doña Xiomara (Castro) que se ponga el corazón en la mano, porque estos vagones no son para vivir, esto ya está podrido, no tenemos donde bañarnos, donde hacer nuestras necesidades, agarramos el monte porque esos servicios son de cartón, el plywood no sirve”.
Recordó que ella vivía en su casa de madera y les llegaron a ofrecer una casa material con todos los servicios básicos, que se las entregarían en tres meses, pero, afirmó, que si hubiera sabido que eso pasaría, no acepta que se la deshagan, porque ahora está sufriendo.
La señora mostró el interior del contenedor donde está viviendo, asegurando que le daba pena, porque el área del baño está completamente deteriorada, “me da miedo hundirme o que me salga una culebra, todo está podrido”, evidenció.
Propiedad de la tierra
A este problema se suma los enfrentamientos y la ilegalidad de todos los predios en Lomas del Diamante, que va desde la aldea Santa Rosa, hasta una bonita meseta en la parte alta que colinda con el sector de La Cañada y la colonia Loarque.
Don Santos Fúnez, un señor de la tercera edad tiene 14 años de vivir en ese lugar, ahí consiguió un terreno pero no tiene papeles; para sobrevivir abrió una especie de pulpería en una galera y está a la espera de que el gobierno les resuelva la problemática.
“El gobierno nombró un colectivo de Libre, ahí se pasan reuniendo pero no nos han dicho nada, uno vive aquí porque no tenemos casa ni dinero para pagar alquiler, porque hay mucha pobreza, luchamos por salir adelante”, externó el capitalino.
A pesar de ello, el gobierno ya comenzó a instalar el servicio eléctrico, las primeras casas de la extensa colonia ya tienen energía, mientras que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) les reparó la calle principal.
René Flores, quien pelea ante la justicia la tenencia de todos esos predios, declaró a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que en este momento existe un serio problema de saqueo en las casas contenedores.
Afirmó que él le avisó a Gilberto Ríos, quien funge como director de Fosovi, para que tomaran acciones, pero hasta momento han ignorado las advertencias, así como en tratar de resolver los problemas de la tenencia de la tierra.
“La respuesta para resolver este problema va extremadamente lenta, hasta este momento no sabemos hacia dónde van a agarrar las cosas porque miramos incierto este asunto”, declaró Flores.
“Yo soy el dueño de esas tierras, pero nosotros no estamos obligados a proteger esas cosas, por eso le hemos dicho a las autoridades del gobierno que se presenten y contraten a una compañía de Seguridad, para que se haga cargo de cuidar esos contenedores y cuidar esas viviendas”, expresó.
Flores afirmó que lo único que está esperando es que el gobierno le pague esas tierras y que ellos solucionen de una vez por todas la tenencia de los terrenos, porque mucha gente está sufriendo debido a este problema.
Rafael Alegría, subdirector del INA, institución que junto al IP están encargados de resolver todos los problemas de tierra en el país, dijo que esa situación la deben solucionar entre la AMDC, el IP y el Fosovi, porque está en el perímetro urbano.
EL HERALDO Plus trató de hablar con Ríos sobre qué soluciones se darán a este nudo de problemas en Lomas del Diamante, pero cuando se le explicó el tema por medio de mensaje de WhatsApp, no volvió a contestar.
Desde el IP por medio del departamento de Comunicaciones, únicamente respondieron que “la unidad (UCP) se liquidó y la Fiscalía está investigando”.
La señora Dana Valeska Venegas denunció que una red de funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP) se está prestando para realizar inscripciones utilizando documentación falsa en el sector de la parte alta de la colonia Loarque, que colindante con Lomas del Diamante.
El caso ya fue presentado a la Fiscalía Especial Contra los Delitos Comunes del Ministerio Público (MP), pero al igual que el caso de las casas contenedores, este ente no le ha dado el debido trámite, señaló la denunciante.
La denuncia también fue interpuesta en el IP bajo el registro No. 133-IG-2023 por la señora María de Jesús Palacios Zelaya de Vanegas, madre de Dana, quien reclamaba 20 manzanas de tierra que su esposo le había dejado al morir por medio de la empresa Internacional de Granos e Insumos S.A. (INGINSA).
Doña María comprobó que con documentación falsa de bancos y autenticada por notarios de forma fraudulenta, los empleados del IP inscribieron la propiedad, que supuestamente había sido vendida por un millón de lempiras bajo la matrícula 1552402.
Ante esto, la Comisión Interventora del IP comenzó una investigación emitiendo la resolución No. CI-IP-029-2024 el 31 de octubre de 2024, en la que declaró procedente la denuncia y ordenó que se aplicará el reglamento interno a los funcionarios que hicieron el procedimiento indebido y que se interpusiera la denuncia ante el MP para que deduciera las debidas responsabilidades.
Sin embargo, el Ministerio Público no ha hecho nada y no emiten los requerimientos fiscales a los delincuentes, señaló Dana Valeska, “pero al final de todo, lo que buscamos es que todo retorne a su lugar original, y la única forma es con otro acto en escritura pública donde se rescinda la compra venta que se realizó ilegalmente”.
“Estamos buscando salidas legales para resolver la situación y contactamos con la Contraloría del Notariado para ver cómo resolver la situación”, dijo la hondureña, al señalar que existe lentitud de los órganos de justicia, en especial del Ministerio Público, para que un juez conozca el caso y se haga justicia.
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