Hondureños pagarían doble cobro por remesas desde EE UU: tarifa más impuesto del 3.5%
Los hondureños en Estados Unidos ya pagan comisiones por enviar remesas; un impuesto del 3.5 % significaría menos dinero para las familias y más trabajo para los migrantes, lamentan organizaciones
- 27 de mayo de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.- Cada madrugada, cuando la ciudad aún duerme, Josué David ya está en pie. Subido al techo de una casa en Newark, Nueva Jersey, manipula brea caliente bajo el frío o, a veces, bajo el sol implacable que no da tregua.
Su cuerpo carga el peso de dos trabajos y una familia que depende, como él, de lo poco que se puede enviar a casa.
La piel de Josué arde. No solo por el asfalto líquido que maneja como rufero —el oficio de instalar techos con alquitrán—, sino por la angustia constante de saber que lo que manda a su familia en Tegucigalpa se reduce cada vez más.
Desde hace seis meses vive en un cuarto alquilado a las afueras de Newark, que comparte con dos compatriotas. Tras su turno de ocho horas sobre los tejados se dirige a un edificio de oficinas donde limpia pasillos hasta la medianoche. A veces, aún le queda energía para cortar el cabello a vecinos del barrio, una habilidad que aprendió en Honduras cuando la necesidad se volvió más fuerte que cualquier vocación.
Todo esto por 500 dólares al mes (más de 13 mil lempiras al cambio actual). Esa es la cifra que logra enviar a su madre, a sus dos hijas y a una hermana desempleada. Una cantidad que, en teoría, debería garantizar comida, educación y algo de estabilidad. Pero de esos 500 dólares, 14 ya desaparecen en comisiones de envío. “Es como trabajar para que otros cobren primero”, dijo.
Sumado a ese pago, Josué David también asumiría (si se aprueba en el Senado de Estados Unidos) el pago del 3.5% de impuestos a las remesas, gracias a un proyecto de ley enviado por el presidente Donald Trump.
El mismo Trump detalló que la medida, que ya fue aprobada en el Congreso, se aplicaría a las personas indocumentadas, residentes permanentes, portadores de visas de trabajo y beneficiarios de programas migratorios como el TPS (Estatus de Protección Temporal). Solo los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos de este gravamen.
“Nos exigen más por ayudar. Para esta gente parece que mantener a nuestras familias es un crimen”, lamentó Josué David, mientras revisaba en su teléfono una transferencia reciente que a su familia le llegó incompleta.
¿Cuánto pagarían los hondureños?
El sistema de remesas —la transferencia de dinero de migrantes hacia sus países de origen— es una de las mayores fuentes de ingresos de Honduras.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Migración y Remesas en Honduras (NSMR) de 2023, desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al menos 580,000 hondureños viven fuera del país, y sus envíos sostienen a unas 730,000 personas. Las remesas representan aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Los servicios de envío de remesas ofrecen múltiples opciones, pero muchas de ellas tienen costos elevados que limitan el monto que realmente reciben las familias en el país centroamericano.
Además, cada envío implica una pérdida. A los 14 dólares de tarifa por transacción que paga Josué David se suma el desfase cambiario: el tipo de cambio oficial (1 dólar= 26 lempiras) se ve disminuido por comisiones de las agencias receptoras, que imponen sus propias tasas, además de cargos administrativos.
Según datos del Banco Mundial, actualizados hasta diciembre de 2024, por cada 200 dólares enviados algunas empresas como Dolex Dollar Express cobran 6 dólares de comisión de envío y aumenta a 7.12 dólares por el tipo de cambio, es decir, que le cobran un extra al migrante por hacer que su dinero viaje seguro a su país de origen.
En Ficohsa Express aplica una tarifa de 8 dólares que sube a 10.22 dólares por el tipo de cambio. Intermex, dependiendo del canal utilizado (internet o agente), cobra entre 4 y 9.49 dólares.
Remitly llega a aplicar tarifas de hasta 12.68 dólares por internet, y Walmart2World puede cobrar hasta 14 dólares por agente físico. La diferencia entre plataformas digitales y agentes presenciales también influye en el costo final, lo que añade otra capa de dificultad para los migrantes que deben elegir entre precio y conveniencia.
Esta tarifa está establecida de acuerdo con el sistema y agencia que cada migrante utilice para enviar dinero a Honduras, pero al aplicar un 3.5% de impuesto significa que le tendrían que sumar 7 dólares.
Es decir, si Josué David envía 200 dólares y por la comisión de envío le cobran 14 dólares, tendría que entregar 214 dólares. A esto se suma el costo por tipo de cambio (también depende de cada agencia), entonces el pago sube a 15 dólares. Pero si también se le suma el 3.5% de impuesto, hablamos que los migrantes tendrían 222 dólares para que los hondureños reciban menos de 200 dólares, porque en Honduras se les cobra otra tarifa por recibir.
Cuando el envío alcanza los 500 dólares —una cifra común entre trabajadores, como Josué— las tarifas pueden ser aún más agresivas.
Remitly, uno de los sistemas de envío, cobra hasta 25.55 dólares, mientras que Viamericas puede alcanzar los 19.95. En promedio, los costos totales por este tipo de transferencias oscilan entre 10 y 30 dólares. Esto significa que, en lugar de llegar 500 dólares a Honduras, la familia recibe apenas 470 o menos, dependiendo de la empresa, el tipo de cambio y el canal utilizado.
En lempiras, esta diferencia puede ser mayor, lo cual impacta directamente en los alimentos, la educación, los medicamentos o el pago de servicios públicos de quienes reciben el dinero.
Y solo, en caso de aplicarse el 3.5% de impuesto sobre la remesa (si se aprueba en el Senado), el efecto sería devastador para las familias que dependen de ese dinero.
Por ejemplo, si Josué envía 500 dólares, tendría que pagar 17.5 dólares adicionales por el impuesto, que se sumarían a los ya existentes 14 o 15 dólares por tarifas. El resultado es que su familia recibiría unos 468 dólares o menos.
Ese monto reducido tiene consecuencias reales: menos comida en la mesa, dificultad para pagar la luz o la imposibilidad de comprar los útiles escolares de sus hijas.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, una organización que defiende los derechos de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos, afirmó que el impacto será para los migrantes sus familias.
"El impuesto en las remesas significa que hay que sacrificarse más en algunos gustos, sacrificar la familia, la canasta básica o hacer horas extras de trabajo. Creo que eso es lo único que queda porque no nos podemos limitar a mandar dinero a Honduras porque sabemos que se está sosteniendo la inflación, el desempleo y todo lo que hay", indicó Flores.
Además, reveló que el esfuerzo de enviar sustento a Honduras será mayor para aquellos migrantes que envían 300, 500 o 1,000 dólares al mes.
Al igual, este 3.5% de impuesto afectará las inversiones de los compatriotas que tienen un mayor nivel adquisitivo y están construyendo o tienen alguna inversión que requiere una inversión de entre 5,000 y 20,000 dólares cada 30 días.
El presidente de la Fundación 15 de Septiembre también denunció la falta de acción del gobierno hondureño frente a esta amenaza.
“Estamos en estado de indefensión. Este es un doble cobro inaceptable. Existen convenios internacionales que protegen las remesas. México, por ejemplo, ya está haciendo lobby para detener esta medida”, expuso Flores.
Sin embargo, dejó entrever que "el gobierno hondureño hasta ahora no ha dicho nada, no se ha acercado a nosotros, ni ha presentado un plan. Estos fondos no solo mantienen a nuestras familias, también sostienen parte del presupuesto nacional. Se usan para pagar colegiaturas, servicios básicos, y forman parte del consumo interno”, expresó.
Honduras ante el impuesto de Estados Unidos
Honduras es un país que su economía depende, en gran parte, del sacrificio de sus migrantes. Las remesas no solo alivian la pobreza, pues en muchos hogares sustituyen la ausencia del Estado.
Según la La Encuesta Nacional de Migración y Remesas Honduras 2023, el 78.1 % de los hondureños utiliza estos recursos para gastos de alimentación; el 31.4 % para atención en salud; el 30.1 % para el pago de servicios básicos, como agua y energía eléctrica; y el 17.6 % para gastos educativos.
José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), advirtió que calcular el impacto del nuevo impuesto del 3.5% propuesto por la administración de Donald Trump es complicado.
“El volumen que mandan los hondureños varía. Puede ser que mucha gente ya no envíe lo mismo. Otros migrantes quizás han regresado. El TPS (Estatus de Protección Temporal) está en duda. No hay una cifra exacta, solo proyecciones”, explicó.
Aun así, aseguró que los efectos serían evidentes: menos dinero en circulación en la economía hondureña y mayor presión sobre quienes viven en Estados Unidos. Moncada subrayó que el país necesita alternativas urgentes a su dependencia de las remesas.
“El gobierno debe enfocarse en mejorar el clima de inversión, tanto nacional como extranjera. Eso genera empleo, desarrollo y recursos. Pero mientras siga la desconfianza hacia el sector privado será muy difícil enfrentar lo que se avecina si el impuesto entra en vigencia”, afirmó.
En otras palabras, Honduras necesita producir riqueza dentro de sus fronteras, no solo importarla a través de sus ciudadanos en el exterior.
Consultado sobre la posibilidad de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) intervenga para reducir los cobros al recibir remesas, Moncada respondió con claridad: “No se puede. El sistema financiero hondureño se basa en la libre competencia. Cada banco decide si cobra menos o más. La Comisión no puede obligarlos. Eso ya sería intervenir directamente en un mercado abierto”.
Añadió que algunos bancos ofrecen beneficios a cambio de esos cobros, como tarjetas de débito, acceso a préstamos o cuentas de ahorro, pero todo depende de la política de cada institución.
Honduras con las tarifas más bajas de Latinoamérica
A pesar de las adversidades, el país logra mantener como uno de los que tienen costos más bajos para recibir transferencias de dinero desde Estados Unidos en comparación con el resto de Latinoamérica, según datos del Banco Mundial.
En envíos de 200 dólares el promedio pagado por los remitentes fue de 4.36 dólares y en transferencias de 500 dólares, el costo promedio descendió a 2.93 dólares.
El Salvador presenta un patrón similar, con tarifas de 4.46 y 2.71 dólares, respectivamente. En Nicaragua y México los costos por enviar 200 dólares alcanzaron los 4.80 dólares y por 500 dólares los usuarios pagaron alrededor de 3.03 dólares.
Otros países como Costa Rica y Panamá superaron esos valores, con tarifas que se elevaron a 5.10 y 5.28 dólares por 200 dólares enviados, y hasta 3.87 dólares en transferencias de 500.
Más al sur, países como Brasil y Colombia evidencian una estructura de costos mucho más elevada. En promedio, enviar 200 dólares a Brasil implicó un pago de 7 dólares en tarifas y 5.61 dólares en el caso de transferencias de 500. Colombia no se quedó atrás con tarifas de 6.16 y 4.53 dólares, respectivamente.
Las cifras más alarmantes se encuentran en destinos como Cuba y República Dominicana. En Cuba, enviar 200 dólares desde Estados Unidos tuvo un costo promedio de 10.87 dólares y para transferencias de 500 dólares, el gasto ascendió a 8.01. En República Dominicana, los costos también fueron significativos: 7.33 y 5.50 dólares, respectivamente.
En contraste, Ecuador y Perú mantienen tarifas cercanas a las de Honduras. Ecuador registró un promedio de 4.38 dólares por transferencias de 200 dólares y de 2.69 por montos de 500. Perú se situó en 4.60 y 2.74 dólares, respectivamente. Haití, por su parte, se ubicó en la media con 5.54 y 3.00 dólares.
Estos datos reflejan que, aunque los costos de envío a Honduras siguen siendo bajos en comparación con otros países latinoamericano, una pequeña modificación —como el propuesto impuesto del 3.5% en Estados Unidos— podría alterar de forma sensible el flujo y el poder adquisitivo de las remesas, con consecuencias directas sobre millones de familias hondureñas.
