Cuatro años después, gobierno busca recuperar proyecto de casas contenedores

Las autoridades todavía no recuperan los fondos del fideicomiso del IP-UCP para levantar el proyecto Residencial Morazán y mantienen una deuda que supera los 398 millones de lempiras

  • 15 de octubre de 2025 a las 12:28
Cuatro años después, gobierno busca recuperar proyecto de casas contenedores
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Tegucigalpa, Honduras.- A casi cuatro años de estar en el olvido, en un giro inesperado, el Gobierno de Honduras muestra intenciones de recuperar el millonario proyecto de las casas contenedores, así como más de 200 manzanas de terreno en la colonia Lomas del Diamante, ubicado al sur de Tegucigalpa.

Gilberto Ríos, director del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), confirmó a EL HERALDO Plus que ya hicieron una evaluación del proyecto que comenzó en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández y que se ha manejado bajo una estela de corrupción que presuntamente se extendió hasta la presente administración.

Desde que inició el gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre), tanto las autoridades de la Secretaría de la Presidencial, de Fosovi y del Instituto de la Propiedad (IP), dejaron en el olvido el proyecto.

La única acción fue desviar en los primeros dos años los fondos del fideicomiso Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras (SITEC), destino para el proyecto habitacional, para "obras sociales".

Ríos afirmó que “estoy totalmente al tanto —del proyecto— lo que pasa es que ese es un fideicomiso de 3,000 millones de lempiras que se hizo con banco Lafise, la Secretaría de la Presidencia, el IP y el Fosovi, que puso ahí 209 manzanas (de terreno)”.

El funcionario expresó que la administración avanza para encontrar en qué punto están todos los desembolsos del fideicomiso y contribuir con el IP y la Secretaría de la Presidencia para seguir adelante con el proyecto.

Los habitantes de la zona reclamaron “todos nos equivocamos, votamos por esta señora, Xiomara Castro, porque pensamos que iba a resolver nuestros problemas, pero desde que llegó al gobierno nosotros hemos estado sufriendo”.

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Elesterio Reyes, uno de los afectados que entregó su casa hace cuatro años porque supuestamente en 90 días la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) les entregaría una nueva, reclamó que “tenemos casi cuatro años de estar olvidados, aquí han aparecido como cinco dueños y el gobierno no hace nada”.

Él y el resto de familias, unas 30, solicitan que terminen las viviendas de bloque que están a medio construir y que se las entreguen, porque ya no aguantan, debido a que las "casas de lata" como les llaman, se caen a pedazos.

“El gobierno de Juan Orlando Hernández dejó todo el dinero, ya estaban contratadas las empresas, en esos contenedores había cemento, hierro, láminas, tubería, también arena y grava, pero dejaron que se arruinara, ¿cómo es posible, mientras nosotros estamos en calamidad por falta de nuestra vivienda?”, reclamó el hombre, durante una visita de EL HERALDO Plus a la zona.

Desvío de fondos

Las declaraciones del ciudadano no están alejadas de la realidad. Datos de la Secretaría de la Presidencia y del IP indican que los recursos del proyecto Residencial Morazán en Lomas del Diamante fueron desviados para Organizaciones No Gubernamentales (ONG) entre 2022 y 2023.

El proyecto de reasentamiento humano en el sector de Lomas del Diamante buscaba construir más de 500 viviendas para las personas que ocupan las zonas uno y dos de la colonia.

El exministro de la Presidencial, Ebal Díaz, quien se refugió en Nicaragua, tenía la intención de desalojar a los actuales pobladores de Lomas del Diamante y pasarlos a la viviendas de bloque que se construirían.

Luego en los predios ocupados actualmente por asentamientos irregulares serían otorgados a desarrolladores privados para construir unas 10,000 viviendas del proyecto Residencial Morazán, que serían vendidas a con tasas preferenciales a las familias sin morada.

Con la llegada del actual gobierno, el proyecto de las viviendas se detuvo por completo debido a las irregularidades, mientras el Ministerio Público (MP) realiza una lenta investigación.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, por medio de la solicitud de información pública SOL-IP-947-2025, obtuvo el acuerdo No. CD-IP-005-2023 de fecha 5 de julio de 2023 y comprobó que el gobierno siguió utilizando los fondos de la UCP.

En el oficio se instruye a la Secretaría Ejecutiva del IP emitir un resumen de la reserva de los fondos correspondiente al proyecto Residencial Morazán por 20.3 millones de lempiras.

El documento indica que los 20.3 millones de lempiras fueron administrados por la UCP para cubrir los gastos básicos estimados del proyecto al 31 de diciembre de 2023, aprobados por la Secretaría de la Presidencia.

No obstante, la construcción de las viviendas se detuvo meses después que entró la administración de Castro, mientras las familias siguen en calamidad, solicitando ayuda.

En la misma nota se advierte lo siguiente: “Importante mencionar que dicha Secretaría ya está al tanto de que la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) no podrá continuar con la administración de estos fondos”.

Fondos millonarios

El documento menciona que, como parte del proceso de liquidación del proyecto Residencial Morazán, el 12 de mayo de 2023 se realizó al traslado a la cuenta única del tesoro un monto de 174.1 millones de lempiras.

Al mismo tiempo explica que las obligaciones contractuales firmadas del proyecto Residencial Morazán suman más de 420.2 millones de lempiras.

A esa fecha se habían pagado 22.1 millones de lempiras, quedando un remanente de pago de 398.1 millones de lempiras para culminar los proyectos.

La deuda corresponde a contratos de las obras que se buscaban implementar, entre los que hay de supervisión y construcción de viviendas, urbanización y otros que según las autoridades están en proceso de negociación.

El gobierno sostiene que está en pie el proceso de recuperación de los fondos del fideicomiso para el proyecto de las casas contenedores.

Ríos expresó que el problema es que todavía no han logrado esclarecer de cuánto son todos los recursos del fideicomiso, por lo que la Secretaría de la Presidencia debe trabajar en conjunto con el IP.

Explicó que el gobierno anterior trasladó esos fondos al banco del fideicomiso y ahora hay un debate sobre de cuánto fueron los desembolsos para la ejecución “y en este debate estamos con las diferentes constructoras y personas que tienen que ver”.

Los documentos del IP en poder de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus detallan que el saldo en bancos al 2023 era de 1,127.1 millones de lempiras, mientras que lo disponible en la UCP fue de 1,106.8 millones y lo disponible para transferir era de 1,002.8 millones.

Ríos explicó que una vez resuelto sobre las cantidades de dinero con el fideicomiso se comenzarán a revisar los problemas con la gente, porque existen contratos de compraventa que se hicieron de manera falsa por parte de personas que no son dueños de esa tierra. El dueño es Fosovi y el fideicomiso también debe responder, indicó Ríos.

Propiedad de la tierra

Ríos, al consultarle que existe una demanda del señor René Flores, exigiendo la pertenencia de esos predios, aseguró que “él dice que es dueño de 119 manzanas de las 209, y tiene más de 800 contratos de compra venta en esas tierras, pero yo tengo aquí los documentos oficiales de que son propiedad del Estado”.

Gilberto Ríos, director de Fosovi, afirmó a EL HERALDO Plus que el terreno de Lomas del Diamante pertenece al Estado.

Además, un banco no va aceptar ser parte de un fideicomiso si esas tierras no estuvieran legalizadas y “yo tengo los títulos de propiedad, de que esas tierras fueron compradas por el Inva (Instituto Nacional de la Vivienda) en 1982”.

De su parte, Flores afirmó a EL HERALDO Plus, vía comunicación telefónica, que mantiene una demanda en contra del Estado por el derecho de propiedad de una parte de Lomas del Diamante. El proceso avanza en los tribunales de justicia.

Ese sector de la capital se puede decir que es privilegiado y codiciado, debido a que no es una zona de riesgo y tiene una meseta hermosa, pero como no hay control del Estado proliferan las invasiones y la gente construye sin ningún tipo de ordenamiento catastral.

Pese a que no está claro de quién es el terreno, la gente ha construido grandes viviendas en Lomas del Diamante.

Se pueden ver desde covachas hasta grandes y costosas viviendas que están siendo edificadas por las personas que obtuvieron su terreno en los últimos años, pese a que existe un litigio permanente que el Estado ha sido incapaz de solucionar.

Plan de recuperación

El titular de Fosovi expresó que el plan es recuperar todo lo que existe en la zona, porque es una inversión que le costó al Estado y, además, debe entregarse inmediatamente con un plan de vivienda a sus habitantes.

Sandra Rivera tiene diez años de habitar en la zona. A ella también le dijeron que se pasara a las casas contenedores, pero se rehusó y aún sigue viviendo en su cuarto de láminas de zinc con sus tres hijos.

Gilberto Ríos, director de Fosovi, aseguró que el terreno de Lomas del Diamante es del Estado y existen documentos que lo respaldan.

“La gente que se fue a los contenedores está peor, porque sufren en ese edificio que se está cayendo, y las casas que les estaban haciendo las dejaron a medio palo, está lleno de monte todo”, dijo la señora, quien también está a la espera que el gobierno llegue a legalizar su terreno.

Giliana Mendoza, una señora madre de niños en condiciones especiales, expresó que desde Eta y Iota están olvidados. La casa que les prometieron nunca se las entregaron, debido a la llegada del actual gobierno.

Lomas del Diamante: invasiones, saqueos y sin rastro del inventario del IP

“Nos olvidaron, este gobierno no quiso resolver este problema, creíamos que esta señora nos iba apoyar pero no fue así, más bien aquí se han robado todo de los contenedores, porque no hay autoridad, no hay seguridad”, se quejó.

Los habitantes de las casas contenedores y Lomas del Diamante confiaban en que el gobierno de Libre iba solucionar el problema, pero los abandonó.

La zona está tomada por quienes exigen ser dueños y mantienen personal privado vigilando los contenedores y la zona, debido a que existen presiones de otros intentando invadir y seguir saqueando lo que dejó la UCP.

Debido a esta situación, optaron por instalar cámaras de seguridad privadas, ya que la presencia del Estado en la zona es prácticamente inexistente. Todo se está perdiendo y deteriorando con el paso del tiempo.

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