Más de 10,700 policías sancionados: 4,500 acabaron en despidos

Tegucigalpa, Honduras.- La queja constante de la población es que la Policía Nacional es corrupta y una parte dice no confiar en los agentes, principalmente cuando surgen denuncias de recibir dinero a cambio de no aplicar multas, por venta de licencias o por mantener vínculos con organizaciones criminales o sus líderes.

La queja de la ciudadanía y las leyendas urbanas que resuenan por los rincones de Honduras no están alejadas de la realidad, debido a que desde adentro de la misma institución a diario despiden o sancionan a agentes por faltas, desde leves a muy graves -estas últimas asociadas a veces a delitos-.

Gerson Velásquez, actual ministro de Seguridad, afirmó recientemente en declaraciones a medios de comunicación que al menos cuatro funcionarios policiales, sean agentes o auxiliares, son separados a la semana por faltas disciplinarias o a la ética policial.

El número podría ser mayor: la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus detectó entre 2018 al 2 de julio de 2026, en promedio fueron despedidos entre 9 a 10 policías por semana.

El cálculo es resultado de un análisis a partir de las cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, a través de la solicitud de información SOL-SSSS-3180-2026.

A nivel general, el análisis establece que en los últimos ocho años y medio fueron sancionados 10,752 elementos de la Policía Nacional y otros funcionarios de la Secretaría de Seguridad.

Los años con más sanciones corresponden a 2025, con 1,775 casos, y 2024, con 1,714.

En lo que va 2026, hasta inicios de julio, se reportan 493 policías castigados, es decir, la tendencia sigue siendo alta, en comparación con el 2018, el año con menos sanciones (346).

Julissa Villanueva, exviceministra de Seguridad en la administración de la expresidenta Xiomara Castro, denunció una serie de actos de corrupción cometidos por funcionarios policiales en todas las escalas, pero la mayoría quedaron en la impunidad.

“La depuración de la Policía debe ser integral con otras instituciones en Honduras: la Fiscalía, el Poder Judicial y, en particular, de los entes de investigación del delito”, destacó Villanueva.

La doctora en Medicina Forense fue directa al señalar que la criminalidad organizada tiene como sus mejores aliados a agentes corruptos: “Los policías asesinos, los policías criminales, los policías que están metidos en la delincuencia transnacional organizada”.

La Ley de la Carrera Policial en el artículo 106 clasifica las faltas como leves, graves o muy graves. En el caso de las leves, el jefe o superior inmediato debe informar al respecto a la Dirección de Recursos Humanos y se envía una copia a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).

Cuando son faltas graves y muy graves, la investigación recae directamente en Didadpol.

En el caso de que el superior reporte más de tres faltas leves en un año, debe notificar a la Dirección de Recursos Humanos o a la Dirección General de la Policía Nacional.

El análisis de EL HERALDO Plus revela que casi dos de cada tres (65%) faltas registradas corresponden a graves y muy graves, traduciéndose en 7,007 sanciones, mientras que el 35% son leves.

Las cifras son reveladoras: entre 2018 y mediados de 2026 se reportó el despido de 4,586 funcionarios policiales de la Secretaría de Seguridad por faltas calificadas como muy graves.

Entre las faltas muy graves —que se sancionan con despidos— están el abandono del cargo, consumo de sustancias, participación en huelgas, negligencia, descuido o desinterés en el desempeño de la labor policial.

Se incluyen, igualmente, no reportar a superiores o a la inspectoría general el conocimiento de hechos, ingesta de bebidas alcohólicas durante el servicio entre otras.

También están aquellos casos asociados a delitos: utilización de equipo y bienes de la institución para actividades ilícitas, solicitar o aceptar dádivas, dedicarse o permitir actividades ilícitas,relacionarse con organizaciones vinculadas al crimen organizado, entre otras.

El año con más cancelaciones correspondió a 2021, con 794, seguido de 2022 con 763 y 2023 con 741, contrario al 2018, cuando apenas se registraron tres despidos; hasta julio de este año Seguridad acumula 150 cancelaciones.

Las autoridades conocen que el despido de una agente no puede proceder sin que antes se realice una investigación por parte de la Didadpol y que se haga una audiencia de descargo en la que el imputado pueda ser escuchado, así como una evacuación de las pruebas.

De acuerdo al artículo 112 de la Ley de la Carrera Policial, cuando alguien comete una falta muy grave, la Secretaría de Seguridad tiene la facultad de despedirlo, sin que el Estado incurra en responsabilidad.

Las cifras indican que más de 4,000 de los despidos corresponden a agentes de policía, lo que equivale al 88 % del total. En menor proporción, también se registran despidos en otras escalas: 273 policías clase I, 94 policías técnicos y 51 subinspectores de policía.

No obstante, entre los sancionados también figuran miembros de mayor rango: 63 comisarios, 50 subcomisionados, 12 comisionados y 2 comisionados generales.

“Para mí es bien grave que en la gestión pasada se vio cómo se reestructuraban los mandos y nunca se removieron a los mandos ni intermedios, ni altos involucrados en irregularidades e, inclusive, procesos tan graves como el narcotráfico, estafas, extorsiones, abusos de autoridad y omisiones cómplices”, sentenció Villanueva.

El ministro de Seguridad sostuvo que la depuración de la Policía Nacional continúa de manera permanente; sin embargo, afirmó que, por respeto a las personas señaladas, ya no se publican listas detalladas de los oficiales o funcionarios sancionados en esa institución.

Desde el pasado 13 de julio, el funcionario anunció que “en el corto plazo vamos a tener noticias de que, incluso, comisionados han sido sancionados de esa forma por faltas éticas, especialmente por utilizar recursos del Estado para su beneficio personal”. No obstante, hasta la fecha, tal advertencia no se ha concretado.

Las cifras detallan que el 47% de los funcionarios policiales sancionados pertenecía a la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), seguida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con el 13%.

Entre las faltas leves más sancionadas figuran desobedecer las órdenes e instrucciones legítimas impartidas por el jefe inmediato superior; ausentarse del servicio o permanecer fuera de este sin permiso o causa justificada; cometer actos de indisciplina, y brindar un trato descortés o inapropiado al público, superiores, compañeros o subalternos, entre otras.

Entre las faltas graves más recurrentes se encuentran el incumplimiento injustificado de una orden transmitida por la autoridad competente; la negligencia, el descuido o el desinterés en el desempeño de la labor policial; los actos de indisciplina; la ausencia laboral; el extravío injustificado de armas, insignias, prendas policiales o equipo, y los accidentes de tránsito.

Para Villanueva, el problema surge cuando los agentes incurren en faltas graves a la ética, infracciones administrativas o conductas que incluso pueden constituir delitos, como el uso indebido de recursos del Estado, y simplemente los dejan «ahí escondidos, guardados, y todo el mundo sabe que ahí están y nadie dice nada: el silencio cómplice».

“Para mí, la Didadpol también tiene que ser reestructurada y debería ser independiente. No tiene que mantener nexos con esa escala jerárquica vertical; debe regirse por principios de respeto profesional y no ser utilizada para traficar con el mando”, señaló.

El problema, según explicó, es que cuando la Didadpol recomienda sancionar a un agente policial, el expediente es remitido a la Secretaría de Seguridad, donde la misma cúpula policial decide si aplica o no las medidas recomendadas.