Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) interpuso este martes una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) por 41 presuntos casos de corrupción, y el presunto desfalco de 12 mil millones de lempiras, detectados en distintas dependencias la institución que habrían ocurrido entre 2019 y 2022.
El abogado Francisco Bocanegra, actual representante legal del IP, informó que los expedientes entregados contienen denuncias debidamente fundamentadas, con documentación, testimonios y pruebas sobre alteraciones de viáticos, falsificación de firmas, manipulación de sellos y modificación de claves catastrales.
“Son cuarenta y una líneas de investigación que hemos detectado. Incluyen desde alteraciones de viáticos por empleados del Instituto, hasta falsificación de instrumentos públicos y certificaciones de herencias”, explicó el abogado Bocanegra.
El funcionario señaló que las irregularidades fueron cometidas durante las administraciones comprendidas entre 2019, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, y los primeros meses de 2022, periodo en el que Instituto de la Propiedad “estaba dirigido por personas cercanas a Jorge Cálix y Ebal Díaz”.
Según Bocanegra, los 41 expedientes involucran a más de 100 personas, entre ellas colaboradores del IP, notarios públicos y tramitadores externos.
A varios de los empleados ya se les habría suspendido de sus cargos por responsabilidades administrativas.
“No podemos seguir tolerando estos actos. Ya se les hizo el proceso interno y ahora venimos a presentar las denuncias formales con todos los medios probatorios que exige la ley”, sostuvo el abogado.
El funcionario afirmó que el desfalco estimado asciende a casi 12 mil millones de lempiras, solo en el caso de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), donde ya se habían interpuesto otras denuncias en julio pasado.
“Estamos hablando de falsificación de documentos, abuso de autoridad, alteración de viáticos y, traslape de claves catastrales. Estos hechos menoscaban el derecho más sagrado del pueblo: el derecho de propiedad”, añadió.
Bocanegra también mencionó que parte de los fondos presuntamente desviados fueron utilizados en gastos ajenos a la institución.
“Se compraban microondas, refrigeradoras y estufas. Todo eso fue incautado por el Ministerio Público en bodegas ubicadas en la salida a Olancho”, afirmó.
Consultado sobre si estas denuncias podrían interpretarse como persecución política, Bocanegra lo descartó categóricamente.
“Aquí no hay persecución. Quien ha cometido actos de corrupción trata de escudarse en ese discurso, pero lo que exigimos es justicia y deducir responsabilidades conforme a derecho”, enfatizó.
El representante del Instituto de la Propiedad aseguró que la presentación de estas denuncias busca marcar un "precedente contra la impunidad” y reiteró su llamado al Ministerio Público para que actúe con celeridad.
“Esperamos que el MP procese los requerimientos fiscales y lleve ante los tribunales a los responsables. El pueblo hondureño no puede seguir pagando los abusos de unos pocos”, concluyó Bocanegra.
