Los comercializadores de productos explosivos parecen andar dos pasos adelante de las autoridades del Juzgado de Policía municipal.
A ocho días del lanzamiento oficial de la campaña Cero Pólvora, que fue pospuesto por las autoridades para el próximo martes 15 de noviembre, se decomisó el primer lote de pólvora en la capital.
El material explosivo, conformado por cohetes, luces de bengala, metralletas y chispitas, valorado en 200 mil lempiras, fue decomisado la noche del domingo en la posta policial de El Durazno.
La pólvora, proveniente de Santa Rosa de Copán, era transportada en un pick-up que en su paila llevaba una especie de bodega fabricada con madera, lo que alertó a los policías que procedieron a realizar la inspección.
El conductor del auto con placa PCI7921 marca Isuzu, color blanco, Henry Antonio Alvarado Díaz, enfrentará además de la pérdida del producto una multa de 6,000 a 60,000 lempiras.
Alvarado Díaz intentó justificar el traslado con varias facturas de más de 45,000 lempiras y un permiso firmado por el alcalde de Santa Rosa de Copán, Aníbal Alvarado, que supuestamente lo autorizaba para trasladar la carga hasta Nacaome, Valle.
El vehículo era conducido por Eda Darío Alvarado Cruz. Según el subcomisionado Miguel Martínez Madrid, enlace entre la Alcaldía y la Policía Nacional, la extensión del permiso es arbitrario porque el alcalde de Copán solo tiene autoridad en su municipio y no en el resto del país.
Martínez Madrid indicó que al llegar a El Durazno la mercadería ya estaba dentro de la jurisdicción del Distrito Central, por lo que sin dudar los inspectores del Juzgado de Policía Municipal procedieron a realizar el decomiso y anoche mismo trasladaron el producto incautado a las bodegas de la oficina municipal de Atiende, Entiende y Resuelve (AER).
Procedimiento
Como el propietario del cargamento incautado atribuyó el paso de los explosivos como tránsito, el producto no será destruido hasta que el ciudadano agote las instancias legales para demostrar que su destino no eran los mercados de la ciudad. El procedimiento es bastante lento, todavía tenemos un producto del decomisado el año pasado esperando que el propietario agote todos los recursos legales', dijo Casasola.
Sin embargo, en este tipo de casos, a diferencia de los decomisos realizados en comercios que distribuyen el material, donde la pólvora se destruye de manera inmediata, se debe mantener la mercadería almacenada hasta tener una orden de los aparatos legislativos para destruirla o devolverla a su dueño.
Este decomiso es una muestra de que la lucha contra el comercio de productos explosivos será frontal, puesto que en toda la temporada navideña de 2010 se incautaron 900,000 lempiras y solo con esta primera actividad se ha logrado el 20 por ciento de esta recaudación.
Vigilancia
La jornada de concienciación inició hace 15 días en los centros educativos de la capital a fin de demostrarles a los estudiantes las serias lesiones que pueden sufrir al tener un accidente con detonantes.
La vigilancia en los puntos estratégicos, como las principales salidas de la ciudad, los mercados de Comayagüela y los barrios y colonias donde se ha reportado reincidencia en la distribución de explosivos ya está en marcha.
El juez municipal afirmó que los 30 inspectores de su dependencia contarán con el apoyo de la policía preventiva, municipal y fiscales del Ministerio Público para realizar las inspecciones respectivas.
A través de este trabajo conjunto se espera crear un equipo de más de 100 personas dedicadas a la vigilancia de los diferentes puntos de la ciudad a fin de que ningún niño vea truncados sus sueños a causa de quemaduras por detonantes.
'Es un trabajo de hormiga si tomamos en cuenta que en los diferentes barrios y colonias de la ciudad operan unas 10,000 pulperías, pero no permitiremos que se ponga en riesgo la vida de más niños', manifestó.
Casasola reiteró que la efectividad de la medida se comprueba por la disminución paulatina de los casos de niños quemados desde 2004, cuando no existía la ordenanza y 277 menores resultaron quemados; en 2006 inició la aplicación de la ley local y la cifra se redujo a 17.
El año pasado 3 niños resultaron con daños en su piel por la manipulación de productos explosivos y la meta de este año es no reportar ningún menor quemado. Para ello ya se han formado alianzas con otros sectores de la sociedad como el Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Seguridad, Cruz Roja y Cruz Verde, así como la Fundación de Atención al Niño Quemado de Honduras (Fundaniquem).
