Tegucigalpa

Más de 90 mil capitalinos viven en Barrios más Seguros

El programa que ha implementado la alcaldía ha llegado a 56 colonias. Unas 61 comunidades
están en proceso de implementación de la medida y 21 solicitudes han sido rechazadas

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05.05.2012

Más de 90 mil capitalinos viven bajo el amparo de Barrios más Seguros, el programa de seguridad que promueve la Alcaldía Municipal formando circuitos cerrados en los barrios y colonias de la ciudad.

Desde noviembre del año pasado, cuando se inició el programa de resguardo, los habitantes de 117 comunidades han mostrado su deseo de cercar el acceso a sus hogares.

El proyecto consiste en colocar portones y trancas en los principales accesos para ejercer un control en la circulación vehicular y peatonal.

Con esta medida extrema de seguridad que mantiene a 56 colonias tras las rejas se ha logrado reducir a cero la incidencia delictiva en las zonas de influencia del programa.

Según el alcalde capitalino Ricardo Álvarez, los asaltos, secuestros, extorsiones y hasta violaciones que ejercían los delincuentes en estos sectores han pasado a la historia.

Posición que es avalada por los moradores de colonias como El Hogar, Loarque, Río Grande, Tres Caminos, y Jacaleapa que se han sumado al proyecto. Incluso, los vecinos de la colonia Tres Caminos enfrentaron una demanda por cercar el acceso a siete calles de su comunidad.


Sin embargo, defendieron su derecho a la seguridad hasta que el Juzgado Contencioso Administrativo rechazó el amparo interpuesto por la Barra de Abogados Anticorrupción contra la iniciativa de seguridad.

Reglamentación

Aníbal Erlher, gerente de Movilidad Urbana, informó que cada vez son más los capitalinos que desean unirse a Barrios más Seguros, pero no todos son admitidos.

“Hemos recibido 117 solicitudes, de estas solo 89 han sido aprobadas, las 21 restantes no reunieron los requisitos y fueron rechazadas”, pormenorizó.

Para integrarse al programa, el 90 por ciento de los vecinos de la zona que será cercada deben estar de acuerdo.

Una vez presentadas las notas de aprobación de cada habitante los vecinos deben elaborar un reglamento interno para luego colocar los portones vehiculares, que deben tener una apertura de emergencia peatonal.

Antes de la implementación del circuito cerrado empleados de la comuna verifican que las calles cerradas no sean vías de acceso primarios y no se afecte la libre locomoción de la ciudadanía.

Para atender las demandas de los pobladores, las autoridades edilicias crearon la figura de un alcalde auxiliar, quien será el encargado de canalizar todas las necesidades de los vecinos en cada una de las colonias donde se implemente el proyecto.

En espera

Colonias como Miraflores y algunos sectores de Residencial Honduras son algunos de los nuevos inquilinos de los circuitos cerrados comunitarios.

Según datos de la alcaldía, unas siete colonias más están en espera de recibir su aprobación. Todas estas comunidades deberán someterse al escrutinio de las autoridades de la comuna para poder integrarse al programa.

Erlher aseguró que es difícil rechazar algunas solicitudes, pero se debe velar por no atentar contra los derechos de otros ciudadanos antes de cerrar un acceso.

Aunque lo nombres de todas las comunidades afiliadas al programa no han sido revelados, se estima que la mayoría de las colonias beneficiadas están ubicadas en la zona sur de la capital.

Sin embargo, las autoridades edilicias afirman que se ha beneficiado a ciudadanos de los cuatro puntos cardinales de la ciudad, a fin de llegar a todos los estratos sociales, siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Alcances

Además de la reducción de los índices de seguridad, los ciudadanos amparados bajo este régimen de resguardo aseguran que ahora conocen a todos sus vecinos, pues pueden salir a la calle a tomar el sol sin temor. “Antes ni siquiera conocía a mi vecina de enfrente, pero ahora tomamos juntas el café de la tarde”, manifestó una de las beneficiadas.

El programa incluye un sistema de vigilancia, con lo que se ha detenido el ingreso de algunos maleantes que han tratado de ingresar a las comunidades disfrazados de empleados de empresas de servicio público.