Tegucigalpa, Honduras.-El secuestro de un menor de edad en el municipio de Taulabé, Comayagua, ha puesto nuevamente en el centro del debate los efectos de las reformas al Código Penal en Honduras, luego de confirmarse que dos de los principales implicados en el crimen se encontraban en libertad tras haber sido beneficiados por reducciones de condena.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigación (DPI), los detenidos —identificados como César Navid López, alias “Chacho” (26), Alex Sánchez Suazo, alias “El Negro” (42), y Selvin Omar Martínez López, alias “El Mexicano”— forman parte de una estructura criminal dedicada al secuestro. Este último es señalado como el líder del grupo.
El caso ha generado alarma no solo por la forma violenta en que fue raptado el niño el pasado 8 de abril, sino también porque dos de los sospechosos ya habían sido condenados previamente por delitos similares, pero recuperaron su libertad antes de cumplir penas más extensas.
Las autoridades detallaron que Selvin Omar Martínez López había sido capturado en 2017 y condenado a 15 años de prisión bajo la legislación anterior. Sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, su condena fue reducida a 8 años, lo que le permitió salir en libertad en 2025. Apenas meses después, volvió a ser señalado por otro secuestro, por el cual ya existía una orden de captura.
Un patrón similar se repite en el caso de Alex Sánchez Suazo, quien fue detenido en 2014. Originalmente enfrentaba una pena superior a los 20 años, pero tras las reformas su condena se redujo a 10 años, recobrando su libertad en 2024.
Las investigaciones apuntan a que Martínez López era el encargado de negociar el rescate de la víctima, mientras que Sánchez Suazo habría participado directamente en la interceptación del menor, su custodia y el transporte. Por su parte, López colaboró en la ejecución del rapto.
El caso ha generado cuestionamientos desde distintos sectores, especialmente en torno a las reducciones de penas establecidas en el actual Código Penal, que fijan castigos de entre 8 y 12 años por secuestro, y de 12 a 15 en casos agravados, cifras considerablemente menores a las contempladas en la legislación anterior.
Autoridades policiales consideran que este hecho evidencia la necesidad de revisar nuevamente la normativa vigente, particularmente en delitos de alto impacto como el secuestro.
Señalan que la liberación anticipada de individuos con antecedentes en este tipo de crímenes representa un riesgo para la seguridad de la población.
