Las disputas por el dominio de tubería en la colonia Dora de Asfura, al sur de la capital, amenazan la continuidad de un proyecto de agua potable valorado en unos 120 millones de lempiras.
Aunque la obra se encuentra avanzada en un 92 por ciento y resolvería los serios problemas de agua potable que hay en unas 14 comunidades del sur de la capital, su culminación es incierta.
Las comunidades de Lomas del Tizatillo, Buenos Aires Sur, Raynel Fúnez, Doris de Asfura, Germania, Aldea Santa Rosa, Rosa Elena Lobo, Los Jutes, Aldea Tizatillo, Lomas del Sur, Cruz Roja, Altos de Santa Rosa y residencial San Sebastián corren el riesgo de no conectarse a la red de distribución del SANAA.
El ambicioso proyecto que inició hace 11 meses y que crearía un beneficio directo a más de 80 mil pobladores se ha visto afectado por una demanda interpuesta por la inmobiliaria San Carlos en contra de José Lin Centeno, presidente del patronato de la colonia Dora de Asfura.
Enérgica reacción
El recurso legal interpuesto al dirigente comunal generó malestar en la población, al grado que a tempranas horas del lunes los vecinos de las comunidades afectadas se tomaron la carretera que conduce hacia el sur, a la altura de Germania.
La protesta protagonizada por los molestos colonos alteró la circulación de centenares de vehículos particulares y de carga, lo que provocó un enorme caos vehicular durante unas cuatro horas.
Con pancartas en mano, los manifestantes exigían a la familia Asfura que pagara por los pegues que necesita, al igual que cada humilde familia lo hizo.
De forma puntual a la cita llegaron los miembros de la Policía Nacional, quienes de inmediato procedieron a desalojar la zona.
El proceso causó momentos de pánico y desorden en el lugar, ya que los agentes del orden utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
Proceso de diálogo
Para aliviar la situación e iniciar un proceso de diálogo se hizo presente al lugar del conflicto el subgerente del Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Ricardo Velásquez.
La llegada del funcionario provocó la alegría de los manifestantes, quienes de inmediato iniciaron las pláticas con los presidentes de los patronatos de varias comunidades.
Manuel Andino, presidente de la junta de agua, manifestó que decidieron tomar las medidas en respuesta al recurso legal que inició la familia Asfura en contra de su compañero, que trae adjunta una amenaza de paralizar la obra.
Agregó que el proyecto no se puede detener en vista de que es la lucha y el trabajo de años de los pobladores de las 14 comunidades.
“Estamos a punto de terminar un proyecto que ha sido una eterna necesidad para nuestras familias”, apuntó.
Dijo además que el origen del proceso legal radica en la negativa a la solicitud planteada por los demandantes de ceder 800 pegues del proyecto de agua de forma gratuita para su lotificación familiar.
“Nosotros no vamos a dejar pasar una solicitud de esta naturaleza ya que todos los pobladores hemos pagado las cuotas que nos corresponden”, acotó.
El costo de la obra es de 120 millones de lempiras, de los cuales 12 millones fueron aportados por la comunidad, 90 están siendo aportados por el gobierno y el resto por la cooperación internacional.
Además, los trabajos que no corresponden a la mano de obra calificada o técnica están siendo aportados por cada jefe de familia de las colonias.
Velásquez, una vez que escuchó la posición de los manifestantes, expresó que el problema se trata de una situación de orden legal que debe ser resuelta a la brevedad posible.
“Este proyecto es una obra de alta prioridad para el gobierno de la República, es lamentable el impasse legal que hay en él”, indicó.
El ingeniero añadió que en este caso el bien común deberá prevalecer ante cualquier interés particular.
En ese sentido convocó a los encargados del proyecto a una reunión hoy en las instalaciones del SANAA para buscar una posible solución al conflicto entre las partes.
Agregó que los abogados de la institución serán los encargados de aportar sus conocimientos para ver la forma en se podría ventilar esta situación.
Derecho de propiedad
El apoderado legal de la familia Asfura y de la inmobiliaria San Carlos, Pedro Núñez, negó que sus representados hayan solicitado algún beneficio del proyecto.
Aclaró que la demanda interpuesta es en reclamo al derecho a propiedad que asiste a sus representados, ya que según escritura pública son únicos y legítimos dueños del predio en el cual se construyó la estación elevadora número dos del proyecto de agua.
“Se interpuso la demanda porque el señor José Lin Centeno autorizó la apertura de la tubería en un terreno privado”, consideró.
Dijo también que nadie se puede oponer a un proyecto que se está realizando bajo los preceptos que la ley estipula y menos la familia a la que él representa.
Núñez calificó de abuso la utilización de un predio que no le pertenece a la comunidad.
“Nosotros tenemos fotografías en el expediente donde se puede ver la forma en que irrumpieron en la propiedad sin permiso y autorización de los legítimos dueños”, afirmó.
Calificó la actuación de la dirigencia del proyecto como una acción de fuerza y acusó que se están aprovechando de un apellido para hacer acusaciones infundadas.
El abogado ahondó que las acciones realizadas por los colonos no son más que una acción creada por grupos que quieren sacar su propio provecho de la situación. Pobladores aseguran que la lotificación de la colonia está cancelada en un 80 por ciento.
