Tegucigalpa, Honduras.- Entre el bullicio de las calles y el ir y venir de los compradores, las aceras y esquinas de los principales mercados de Tegucigalpa y Comayagüela se han convertido en un verdadero laberinto de ventas ambulantes. Desde frutas hasta ropa usada, los capitalinos deben abrirse paso entre los improvisados puestos que ocupan cada metro disponible.
Según estimaciones de expertos, alrededor del 70% de los empleos en Honduras provienen del comercio informal. Esto convierte a los vendedores ambulantes en un sector vital para la economía popular, pero también en una fuente constante de desorden y conflictos con las autoridades.
Las zonas más congestionadas se ubican en los alrededores de los mercados Zonal Belén, San Isidro, Colón y Las Américas, donde cientos de vendedores instalan sus puestos a diario.
Marco Méndez, titular de la Gerencia de Orden Público de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), reconoció que el problema es complejo y que no se trata únicamente de desalojar a los comerciantes.
“Nosotros no estamos autorizando ventas ambulantes nuevas, toda venta nueva que miramos, la quitamos”, aseguró el funcionario cuando se le consultó sobre el tema.
Méndez explicó que durante décadas se vendió la vía pública, lo que permitió que las aceras se llenaran de estructuras improvisadas.
“Durante 30 años hicieron lo que quisieron, la pusieron donde quisieron, pagaban dinero y se ubicaban. Hoy eso no se está permitiendo, pero la capital ya estaba saturada”, indicó el entrevistado.
El funcionario denunció que existen organizaciones de vendedores que se aprovechan del desorden para vender espacios en las calles. “Cobran mensualidades, se sienten dueños de la vía pública y eso complica más el trabajo”, lamentó.
Mencionó que esto en un problema cultural y social, porque "la gente prefiere vender en la calle, no paga impuestos, ni energía, y sobrevive de eso. Pero tampoco podemos quitar a todos porque se quedarían sin ingresos más de 100 mil familias”, expresó Méndez.
La Gerencia de Orden Público afirmó que su estrategia se centra en el ordenamiento y la reubicación gradual de los comerciantes. “Los nuevos vendedores los quitamos y los mal ubicados los reubicamos. No estamos otorgando nuevos permisos, solo tratamos de mantener el control”, añadió.
A pesar de los esfuerzos, el funcionario admitió que el problema se ha convertido en un "cáncer social" que afecta toda la capital. “Aquí nadie respeta, ni los vehículos ni los peatones. La gente enfrenta a la autoridad, no hay respeto por la ley. Es una lucha diaria”, condenó.
Supervivencia
Por su parte, Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), explicó que la informalidad permite que estas personas puedan mantenerse, aunque reconoció que integrarlos a la economía formal supondría mayores inversiones y generación de empleo en el país.
Sin embargo, aseguró que este proceso enfrenta obstáculos como la complejidad de los trámites administrativos y la falta de conocimientos financieros de los informales.
Castillo señaló que la mayoría de quienes trabajan en la economía informal no alcanzan ingresos suficientes para pagar impuestos, ya que están exentos quienes generan menos de 250 mil lempiras al año.
No obstante, la especialista indicó que tener un control sobre estas actividades permitiría estimar el impacto real de la economía informal, que se calcula en torno al 70% en Honduras y diseñar medidas para su incorporación gradual a la formalidad.
Es necesario “apoyarlos en trámites, acompañamiento contable y orientación puede facilitar que accedan a beneficios como seguridad social y mejores ingresos”, subrayó Castillo.
Castillo concluyó que impulsar la formalización no solo fortalecería la recaudación fiscal, sino que también mejoraría las estadísticas de las cuentas nacionales y la inclusión económica de quienes hoy sobreviven al margen de la ley.
