El alcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, dejó claro este miércoles que
está dispuesto a defender el programa que ha impulsado la comuna capitalina denominado barrio seguro, y que últimamente ha sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad.
La declaración del edil se da horas después de que representantes de la Barra de Abogados Anticorrupción presentaran un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentando que con la iniciativa de la alcaldía se limita el derecho a la circulación de los demás ciudadanos.
El programa barrio seguro
consiste en la implementación de medidas para evitar los hechos delictivos en las colonias de la ciudad, instalando casetas de vigilancia, portones, cercos y el cierre de calles al trafico vehicular de particulares.
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Encarcelados en sus hogares viven capitalinos
“Nos motiva el hecho de que en la Constitución de la República se establece que el derecho de cada hombre está limitado por el derecho de los demás; nosotros reconocemos el derecho de las personas de Tegucigalpa a tener su seguridad, pero esa búsqueda de protección no debe impedir el derecho de otras personas a circular libremente”, manifestó Rafael Padilla, profesional del derecho que acudió a la CSJ.
Unas 50 mil personas del Distrito Central viven actualmente bajo circuito cerrado, evitando con ello los asaltos y violaciones, estiman las autoridades.
El alcalde dijo confiar en que la CSJ no admita el recurso de apelación, y recomendó a los magistrados a decidor entre la vida del ciudadano y la comodidad de otros.
“Al final decidamos la parte legal entre dos cosas, lo que dice la Constitución de la República: el libre tránsito que se garantiza a la gente, y la seguridad y la vida de la personas”, apuntó.
“¿En una balanza qué pesa más, la vida de la gente o la comodidad de otros?”, reflexionó Álvarez.
Una de las medidas que más ha sido cuestionada por algunos pobladores es el cierre de algunas calles, ya que esto limita la circulación de quienes viven en las colonias cercanas, produciendo con ello incomodidad.
'Esa decisión de cerrar calles es una decisión política electorera', asegura la Barra de Abogados.
