Para el coordinador de proceso de municipalización del agua, Irving Guerrero, el cumplimiento de la Ley Marco del sector de Agua Potable y Saneamiento en octubre próximo es irreversible por el considerable avance que hay en este proceso.
Lejos de la opinión que algunos sectores tienen de que el proyecto avanza a paso lento, y no podrá iniciar por el problema del pasivo laboral, Guerrero afirma que el proceso ya está iniciado.
A su criterio, lo único que falta es definir la forma en que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) le traspasará los activos a la municipalidad, tal y como lo establece la ley.
No habrá privatización
Guerrero señaló que ya está en formación Aguas de San Miguel, la empresa que en menos de un año podría reemplazar al ente autónomo que actualmente maneja el sistema de agua y saneamiento para la capital.
Según el funcionario, esta empresa, que asegura será pública, será autónoma con administración independiente en la que no tendrá oportunidad la empresa privada ya que el 100 por ciento de las acciones le pertenecerán a la Alcaldía Municipal.
Por tal razón explicó que no existe la mínima posibilidad de que haya una privatización del servicio, ya que la estructura orgánica del proceso establece que la gerencia será nombrado por el alcalde municipal de turno con la participación del Frente Ciudadano por el Agua y los grupos organizados de la sociedad civil.
Añadió que una de las garantías que tendrá este proceso, a partir de su implementación, es que la municipalización del agua termina con el tema de la politización en el servicio.
“No habrán más nombramientos por compadrazgos políticos, los cargos de gerentes serán ocupados por verdaderos expertos en manejo de agua, saneamiento y potabilización”, indicó.
Aseguró que el mayor garante del proceso será la formación y participación activa de los miembros de la sociedad civil y del Frente Ciudadano por el Agua.
“El FCA no es un auditor social del proyecto, es parte integral del proceso de municipalización el cual está obligado a participar en la toma de decisiones”, expresó.
Y es que según el coordinador, el proceso la municipalización del agua es urgente por el actual colapso del SANAA, institución que gasta más de 150 millones de lempiras anuales, lo que impide el desarrollo y la capacidad de cobertura.
En la actualidad, el ente autónomo consume la totalidad del presupuesto asignado por el Estado en pago de salarios, advirtió.
En la institución devengan un salario mensual al menos 1,800 trabajadores, cifra que cuadriplica la necesidad real de la institución, que oscila en 500 empleados. Otra de las deficiencias que enfrenta el SANAA en la actualidad, y que no se ha logrado superar, es la pérdida de agua potable.
Tal es así que de los 80 millones de metros cúbicos que se potabilizan, al menos el 40 por ciento no se está facturando.
Esta particularidad representa para la población que de cada 10 galones, en los cuales el Estado invierte en su purificación, al menos 4 galones se pierden.
La máxima queja de las pérdidas son las fugas de agua por el colapso de las tuberías que hace más de 40 años no son reemplazadas. A esta crisis le suma la múltiple cantidad de pegues clandestinos que hay en barrios y colonias de todas las categorías, esto provoca que el SANAA deje de percibir varios millones de lempiras anuales, alejando cualquier posibilidad de inversión en la construcción de más represas o en el mejoramiento y expansión del servicio.
“Hace años el SANAA dejó de invertir en el servicio que presta, todos las nuevos proyectos que se han implementado se hacen con financiamiento externo de los entes de crédito y esto representa que una institución que debería ser autosostenible endeude las precarias finanzas del Estado”, explicó.
Esta calamitosa situación no deja de tener sus repercusiones en la población, ya que a juicio del experto, con el agua que potabiliza el SANAA, el 90 por ciento de la población capitalina debería tener el servicio.
Sin capacidad
A juicio de Guerrero, el cuello de botella en el que se encuentra el proceso en este momento es el tema del pasivo laboral, mismo que asciende a más de 90 millones de dólares.
Las autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso de municipalización manifestaron que el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, ya les informó que el Estado por sí solo no tiene capacidad de asumir esta responsabilidad.
Es así que les instruyó para que se presenten propuestas para buscar la forma en que se pueda hacer el pago correspondiente a los más de 1,000 empleados sindicalizados que hay en la institución.
Por su parte, el subgerente del SANAA, Ricardo Velásquez, instó a los responsables del proceso a tener mucho cuidado con la toma de decisiones en este frágil proceso.
El funcionario consideró que hay procesos con mucho éxito en otros municipios del país, pero también hay muchas municipalidades que han tenido fracasos y que no quieren saber nada del manejo del agua en sus comunidades.
A la fecha solo quedan 13 municipalidades pendientes del traspaso que, según algunos sectores, eficienta el servicio en las comunidades locales.
La municipalización ya debió haber iniciado
Para el exalcalde municipal de Cortés, Marlon Lara, la municipalización del agua en Tegucigalpa se debió haber hecho hace muchos años.
Lara recordó que cuando estuvo al frente de la municipalidad, propuso la descentralización del servicio que era administrado por el SANAA.
Añadió que en aquella oportunidad la lucha fue dura, ya que diversos sectores, entre ellos el gobierno y grupos de sindicalistas, se oponían al desarrollo del proceso.
Aseguró que hoy en día “el beneficio que generó el cambio de servicio hace sentir satisfecha a la población, ya que después de este proceso dos nuevas represas se han construido. “En la actualidad el 90 por ciento de la población está abastecida del vital líquido”, apuntó.
