San Pedro Sula, Honduras.-La Corte de Apelaciones en Materia de Crimen Organizado y Corrupción revocó las medidas distintas a la detención judicial por prisión preventiva contra el exalcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli y dos imputados más por el caso relacionado con el proyecto "Mercado El Ceibón".
El Ministerio Público informó que a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) logró que se revocaran las medidas por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Los implicados son Leopoldo Eugenio Crivelli Durant, exalcalde de Choloma; Carlos Noé Ramírez Araque, expresidente ejecutivo de BANADESA; y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de BANADESA.
Hasta el momento se desconoce a qué prisión serán enviados los tres implicados acusados de estafar a locatarios con la construcción de un mercado que nunca funcionó.
Desde abril de 2024, se le había permitido a los tres imputados defenderse en libertad con medidas sustitutivas.
Caso
Según las investigaciones del Ministerio Público la estafa inició en 2015, cuando un grupo de al menos 270 vendedores ambulantes de Choloma recibieron la aprobación, en sesión de corporación municipal, la construcción de un mercado ante la falta de espacios dignos para trabajar.
El mercado sería conocido como "El Ceibón", sin embargo el proyecto nunca se llevó a cabo, pese a la petición de un préstamo a Banadesa para la construcción del mismo y el dinero fue destino a intereses personales de los implicados.
El MP en su investigación indicó: "todo fue un fraude luego que el alcalde Crivelli junto al empresario Julio César Maldonado Hernández (también acusado por el MP) de la empresa SURCO gestionaran un préstamo ante BANADESA por 35 millones 600 mil lempiras (en donde hubo confabulación de sus autoridades al no seguir los procedimientos establecidos), recurso que fue administrado por la empresa SURCO sin ningún tipo de controles, misma que los utilizó entre otros para gastos personales, pago de apartamento, transferencias particulares, pagos a tarjetas de crédito".
La Fiscalía señala que los tres implicados intentaron justificar la obra con un edificio a medio construir, "totalmente inhumano, sin condiciones dignas, de madera y muy precario".
Además, indicaron que los implicados obtuvieron otro financiamiento "a los 55,426,275.37 millones es de lempiras, valor que ahora lo deben los vendedores sin la opción de contar con su propio negocio, en un lugar adecuado, pero con la indignación y la impotencia de estar incluidos como morosos en la central de riesgos y sin poder acceder a créditos de ningún tipo".
