Las pruebas de confianza no representan una violación a los derechos humanos de nadie,
así
lo dejó claro Juan Carlos Bonilla, director de la Policía Nacional de Honduras.
El jerarca policial brindó esta declaración en respuesta a lo manifestado por el asesor del Ministerio Público,
Rigoberto
Espinal Irías, quien aseguró que
las pruebas de confianza son ilegales porque violan la Constitución.
Para Bonilla, con la aplicación de las pruebas solo se está cumpliendo
el decreto de emergencia en materia de seguridad aprobado por el Congreso Nacional.
“Lo que hay que hacer es darle
cumplimiento
a un decreto ley aprobado con carácter de urgencia y se ha pedido que se hagan las pruebas relacionadas con la
legitimación
de cada uno de los que se han sometido a las mismas”, afirmó el comisionado general.
Al respecto, sobre posibles demandas contra el Estado por miembros de la Policía que fueron separados con la aplicación de estas pruebas, aseguró que “cuando se habla de una temática de esta naturaleza el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han visto cuáles son las diferentes consecuencias que puedan venir en el tema de seguridad”.
Agregó que 'nosotros le estamos dando
cumplimiento
de manera responsable, no le estamos violando su derecho a nadie, a todo lo que está establecido en la ley se le está dando el debido proceso”.
Bonilla enfatizó que el
procedimiento
que se está realizando para depurar la institución policial se encuentra contemplado en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la cual “prevé
cuáles son las diferentes actividades legales que se tienen que hacer, habla inclusive de las pruebas de confianza, de la evaluación de desempeño y de una gran cantidad instrumentos que se pueden hacer uso”.
