La Policía Nacional acusó este jueves al padre Bonifacio Alvarado Quintero de incitar a los moradores de la comunidad de Tomalá, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras, a quemar la posta policial del lugar.
Óscar Núñez, jefe regional de la Policía, denunció que el sacerdote 'está llamando a las fuerzas vivas a una reunión para que atenten contra la vida de nosotros, que incendien la posta policial de Guarita, Lempira', construida recientemente.
Reclamó que Alvarado, como líder católico, debe dar el ejemplo y no incitar a las masas a cometer actos violentos; ya que lo contrario sería una 'actitud errónea del párroco'.
El pasado lunes, el religioso denunció que miembros de la Policía Nacional dispararon al vehículo propiedad de la Iglesia Católica en el que se conducía y que también fue objeto de torturas.
Al respecto, el jefe policial indicó que Alvarado no obedeció a una señal de alto y por eso los agentes le dieron seguimiento por un lapso de 25 minutos.
Afirmó que cuando interceptaron al párroco para que detuviera la marcha, encontraron dentro del carro una pistola con sus documentos y ocho bolsas plásticas llenas de dinero.
Sostuvo que desconocen la cantidad de dinero que transportaba el religioso, quien 'nos manifestó que era de las ofrendas que hacían los feligreses'.
Dijo que no contaron el dinero 'para no despertar suspicacia' y señaló además que el sacerdote 'también andaba la cantidad de 30 mil lempiras en un depósito del pantalón'.
El oficial Núñez negó que Alvarado haya sido objeto de torturas, 'en ningún momento le violentamos sus derechos'. Sostuvo que 'la actitud molesta del señor párroco fue porque le hicimos parada'.
Indicó que durante el operativo se le hizo la señal de parada porque el padre Bonifacio se conducía en un vehículo que no tenía ninguna insignia que lo identificara como propiedad de la Iglesia Católica.
Añadió que los agentes que realizaban el operativo tenían dos días de estar asignados y no conocían al párroco.
El oficial sostuvo que el caso está siendo investigado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Investigación criminal (DNIC).
