Tegucigalpa, Honduras. El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras no marca el final de su historia judicial. Por el contrario, abre una nueva etapa en la que deberá responder ante los tribunales hondureños por las acusaciones que mantiene pendientes en el país.
Hernández retornó este domingo luego de permanecer más de cuatro años en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso por narcotráfico y fue condenado a 45 años de cárcel. Aunque posteriormente obtuvo un indulto presidencial otorgado por Donald Trump, esa decisión solo surtió efectos sobre la condena impuesta en ese país y no tiene incidencia en los procesos que enfrenta en Honduras.
Su primera cita con la justicia
El primer paso será el próximo 3 de agosto, fecha para la que fue programada su audiencia de declaración de imputado dentro del caso conocido como Pandora II, según resolvió un juez hondureño antes de autorizar su regreso mediante una presentación voluntaria.
En esa audiencia, un juez escuchará la imputación presentada por el Ministerio Público y determinará las medidas cautelares que correspondan, además de definir si el proceso continúa hacia las siguientes etapas judiciales.
¿De qué lo acusa el Ministerio Público?
En octubre de 2023, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos.
Según la Fiscalía, entre 2010 y 2013 se habría desarrollado un esquema mediante el cual más de 288 millones de lempiras fueron transferidos desde instituciones del Estado hacia fundaciones privadas, recursos que posteriormente habrían sido utilizados para financiar actividades políticas.
En el caso de Hernández, el Ministerio Público sostiene que parte de esos recursos (más de 60 millones de lempiras) habría beneficiado a sus movimientos políticos "Azules Unidos" y "Amigos de JOH", así como a estructuras vinculadas a sus campañas electorales.
Por estos hechos, el expresidente enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos.
Un proceso distinto al de Estados Unidos
El caso Pandora II no guarda relación con el proceso que Hernández enfrentó en Estados Unidos por narcotráfico.
En Nueva York fue acusado de participar en una conspiración para importar cocaína hacia territorio estadounidense y de utilizar su posición política para favorecer a organizaciones criminales a cambio de millonarios sobornos, señalamientos que él y su familia siempre negaron.
Aunque posteriormente recibió un indulto presidencial que extinguió la pena que debía cumplir, esa medida no anuló el proceso judicial ni equivale a una declaración de inocencia. El indulto constituye una decisión del Poder Ejecutivo que perdona o extingue la sanción impuesta, pero no modifica el fallo emitido por el tribunal.
¿Qué ocurrió con los demás acusados de Pandora II?
El requerimiento fiscal por Pandora II también incluyó al expresidente Porfirio Lobo Sosa y a varios exfuncionarios de su administración.
Sin embargo, la situación jurídica de los imputados evolucionó de forma distinta. En el caso de Lobo Sosa y algunos de los exfuncionarios acusados, la Corte de Apelaciones confirmó recientemente sobreseimientos definitivos, lo que puso fin al proceso penal en su contra.
La situación de Hernández es diferente. Mientras el expediente avanzaba en Honduras, él permanecía en Estados Unidos enfrentando el proceso federal por narcotráfico, por lo que su causa quedó pendiente hasta concretarse su regreso al país.
Ahora, el retorno del exmandatario también ha reavivado el debate político. Mientras simpatizantes del Partido Nacional sostienen que Hernández regresó para demostrar su inocencia ante los tribunales hondureños, sectores de oposición insisten en que debe responder por las acusaciones pendientes y rechazan que el indulto concedido en Estados Unidos sea interpretado como una absolución.
