Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional convocó para este martes a una reunión crucial de alto nivel con todos los operadores de justicia del país para consensuar y garantizar la aplicación de un paquete de reformas penales orientado a combatir el terrorismo.
La reunión de trabajo se llevará a cabo a las 3:00 de la tarde en el salón de retratos, involucrando de manera directa a los titulares de las instituciones encargadas de la seguridad y persecución penal.
A este importante encuentro fueron convocados el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el fiscal general, el ministro de Seguridad, la cúpula policial y militar, así como las direcciones de inteligencia estatal.
La intención primordial de este espacio previo es lograr un compromiso interinstitucional firme antes de someter el proyecto a discusión ante el pleno programada para las 5:00 de la tarde.
"Mañana vamos a tener reunión a las 3:00 de la tarde de junta directiva, jefes de bancada, comisión de seguridad y defensa", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El titular del poder legislativo detalló que esta coordinación estrecha permitirá contar durante las jornadas operativas con jueces especializados y fiscales acompañando las saturaciones en los barrios.
Las modificaciones legales planteadas contemplan la ampliación de 24 a 48 horas para la presentación del requerimiento fiscal contra los miembros de estructuras criminales detenidos.
Asimismo, se incorporarán facultades de allanamiento coordinado bajo una estricta política criminal de Estado, garantizando siempre la presencia obligatoria del Ministerio Público en cada incursión territorial.
"No es un cheque en blanco para la Policía que va a querer entrar y va a poder entrar en cualquier lago, no es así", explicó Zambrano.
El congresista aclaró que estas acciones operativas no están dirigidas contra ciudadanos comunes, periodistas o actores políticos, sino exclusivamente contra objetivos identificados de maras y pandillas.
Dentro de los puntos más destacados del dictamen elaborado por las comisiones de Seguridad y Defensa figuran los tatuajes alusivos a pandillas como elementos probatorios suficientes para la acusación.
Igualmente, se establecerán penas severas que oscilarán entre los 20 y 30 años de prisión por asociación terrorista, elevándose hasta los cuarenta años para los cabecillas de estas estructuras.
"La pena va a quedar de 20 a 30 años para los miembros de la asociación terrorista, de 30 a 40 años para los cabecillas y vamos a establecer privación de libertad de por vida", afirmó Zambrano.
Las medidas también castigarán con cárcel de por vida a quienes asesinen a operadores de justicia que participen activamente en la lucha frontal contra el crimen organizado en el territorio nacional.
Ante los riesgos implícitos que conllevan estas determinaciones para los funcionarios involucrados, el legislador enfatizó que asumir un cargo público demanda responsabilidad absoluta con la seguridad ciudadana.
"Pueden venir reclamos, pueden venir amenazas, pueden venir algunas acciones de los grupos al margen de la ley, pero sí lo tengo que manifestar, aquí no hay retroceso", expresó Zambrano.
El proyecto de decreto orientado a fortalecer el marco punitivo contempla modificaciones directas y sustanciales a los artículos 81, 193, 195, 570 y 587 del Código Penal, así como a los artículos 170, 77, 184, 186, 191, 212 y 285 del Código Procesal Penal.
