Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Honduras anunció este jueves el inicio de una ofensiva diplomática de "alto nivel" ante Estados Unidos, tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que avala la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), una decisión que advierte que impactará a miles de familias.
En un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno hondureño expresó que "toma nota" del fallo del Supremo (6-3) a favor de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, el cual permite retirar el amparo a unos 350.000 haitianos y 6.100 sirios.
Aunque la sentencia no involucra explícitamente a Honduras, el Gobierno manifestó su preocupación por el alcance global de la medida, que pone en riesgo a cerca de 1,3 millones de inmigrantes de 17 países amparados por el programa.
Para abordar de forma directa las implicaciones de la resolución judicial, Tegucigalpa solicitó una "audiencia de urgencia" con el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), Markwayne Mullin.
El Gobierno del presidente Nasry 'Tito' Asfura enfatizó su respeto al orden constitucional e institucional de Estados Unidos, pero apeló al "sentido humanitario" de Washington, el respeto estricto a la unidad familiar y previsibilidad.
"Detrás de las cifras hay madres, padres, contribuyentes, emprendedores y niñas y niños ciudadanos estadounidenses para quienes una transición abrupta supondría una grave afectación a sus vidas", señaló el documento de la Cancillería hondureña.
Honduras intensificará las gestiones ante Estados Unidos para negociar un "período de gracia y transición administrativa" que permita a los afectados resolver de forma ordenada su situación migratoria, laboral y patrimonial.
"Las medidas de remoción no son automáticas ni inmediatas", subrayó la Cancillería de Honduras, que exhortó a los migrantes hondureños a "mantener la calma, no tomar decisiones precipitadas, no firmar documentos sin asesoría calificada y evitar caer en redes de fraude migratorio".
El Gobierno hondureño ratificó su "compromiso inquebrantable" de defender "la dignidad y los derechos" de los migrantes a través de una estrategia "diplomática firme, responsable y coordinada" con la sociedad civil y organismos internacionales para salvaguardar la dignidad de sus ciudadanos en el exterior.
La Corte de EE.UU. sostuvo que la ley que regula el TPS, creado en 1990 para ofrecer refugio temporal a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países, impide a los jueces revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre estas protecciones.
El TPS es un beneficio que EE.UU. concede de forma temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales que les impiden regresar de manera segura.
Actualmente, alrededor de 55.000 hondureños dependen de este estatus para trabajar legalmente y evitar la deportación.
