En el proyecto de decreto se añaden las palabras “situación de peligro” y se crea una cuarta categoría de protección donde gozarán de este beneficio hasta ciudadanos que no han sido servidores públicos que hayan colaborado en la toma de decisiones tanto de altos funcionarios como de exfuncionarios, entre ellos los presidentes de los tres poderes del Estado o quienes fungieron en estos cargos, constató EL HERALDO.
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Además, se incluirán dentro de la categoría tres de resguardo a los titulares, expresidentes y demás miembros de las comisiones legislativas ordinarias de Seguridad, Defensa al igual que a la titular de la dirección ejecutiva del Servicio de Administración de Rentas, que ostenta actualmente la abogada Miriam Guzmán.
En el actual Congreso estas comitivas son encabezadas por los legisladores David Chávez y Samuel Reyes, siendo conformadas entre nueve y once congresistas, en su mayoría del PN. La Unidad Especial de Protección (UEP) será el ente responsable de brindar los servicios de protección y de seguridad para las personas naturales en riesgo, la cual estará integrada por personal especializado y a su vez certificado de Defensa, Seguridad e Inteligencia. De depender de la Dirección General de la Policía Nacional esta unidad (ya existente) estará adscrita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.
A diferencia del instrumento jurídico en vigor que solo establecía que para el funcionamiento de la UEP y su cumplimiento la Secretaría de Finanzas (Sefin) debía tomar las previsiones presupuestarias correspondientes, ahora se plantea la creación del Fideicomiso Especial de Protección, cuyos fondos de financiación provendrán de la Tasa de Seguridad Poblacional.
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Aportación anual
Si bien la aportación inicial que debe hacer Finanzas para el funcionamiento de la UEP no se definió en la iniciativa, lo que estipula es que cada año se deberán aportar 250 millones de lempiras, donde el 50% lo asignará el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, mientras que el porcentaje restante saldrá de Sefin, según el artículo 11.Diputados de la oposición política rechazaron esta pretensión del oficialismo que tildaron de un nuevo blindaje y abuso. “Es una barbaridad que cierren con broche de oro esta legislatura aprobando este tipo de leyes que son discriminatorias y que van orientadas a proteger una cúpula o élite política”, cuestionó la jefa de la bancada del Partido Innovación y Unidad, Doris Gutiérrez, quien alertó acerca del este proyecto.
Asimismo, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos afirmó que “pretenden crear prácticamente una policía pretoriana para que le ande cuidando las espaldas a un montón de sinvergüenzas y corruptos; este tipo de normas son lesivas porque es una forma de tener a los aparatos de seguridad del Estado a su servicio”.
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