El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, compuesto por 18 expertos independientes elegidos por los países que han ratificado la Convención en la materia, le pidió a Mexico que consulte con los pueblos indígenas la explotación de sus tierras, en una resolución publicada este martes en Ginebra.
'Se asegure (México) que se están llevando a cabo consultas en cada etapa del proceso con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado, particularmente en los casos de explotación minera', dice el informe.
El documento indica que el actual sistema en vigor en México 'no contempla la figura del consentimiento libre, previo e informado', y agrega 'las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales'.
El dictamen manifiesta su 'preocupación ante informaciones de conflictos sobre tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas', y 'porque, en la practica, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente'.
De este modo México parece sumarse a situaciones conflictivas que se están actualmente viviendo en Argentina, Perú, Brasil y Ecuador, generando la protesta de poblaciones indígenas ante nuevos proyectos de desarrollo que desconocerían exigencias para preservar el medio ambiente, o que violarían los derechos de los indígenas, establecidos por normas de la ONU.
La ONU le reclama a México que genere 'diferentes espacios de interlocución con los pueblos indígenas', para garantizar 'acuerdos concretos, viables y verificables, que sean efectivamente implementados', incluyendo 'métodos alternos de resolución de conflictos', respetando 'los estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas'.
El Comité advierte que 'en los casos excepcionales en que se considere necesario el traslado y el reasentamiento de los pueblos indígenas' para realizar proyectos de desarrollo, también se respeten los 'estándares internacionales'.
En cuanto a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación de los indígenas en México, la ONU se inquieta que el 93.9% de los mismos 'está privada al menos de uno de estos derechos y el 64% al menos de tres', y subraya que 'las cifras más elevadas de mortalidad materna e infantil se dan en la población indígena'.
El Comité revela 'las dificultades de acceso a la justicia de miembros de los pueblos indígenas, y el alarmante número de denuncias por presuntas irregularidades en varios casos'; por 'la cantidad' de ellos 'en el sistema carcelario', y se declara a 'la expectativa' por el caso de Hugo Sánchez, que debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de México.
En ese contexto la ONU pide garantías a México para que los indígenas cuenten con 'defensores de oficio y funcionarios de justicia bilingüe, y con 'servicios de interpretación culturalmente apropiados' durante los procesos en los tribunales.
Migrantes indígenas
Al propio tiempo la ONU le pide cuentas a México sobre los trabajadores migrantes o en trásito procedentes de comunidades indígenas de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que son vulnerables 'al secuestro, tortura y asesinato', principalmente las mujeres, 'que son víctimas de abusos'.
