México se comprometió este martes a relanzar la investigación para esclarecer el paradero de 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre del 2014, tomando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque no permitirá al grupo de expertos interrogar directamente a efectivos militares.
Eber Betanzos, subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República, dijo que su despacho acepta “plenamente” el informe elaborado por expertos.
Una de las especialistas, la colombiana Ángela Buitrago, dijo que el Estado mexicano y el grupo de expertos llegaron la víspera a un acuerdo.
“Se ha decidido relanzar la búsqueda con autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas trazadas por el grupo, incluyendo el uso de la tecnología, mapa de fosas y otros lugares identificados, y estableciendo una ruta de acciones acordadas por los familiares”, indicó Buitrago.
El crimen de Iguala
La desaparición de los 43 estudiantes de una escuela normal rural el 26 de septiembre de 2014 ha sacudido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los familiares de los estudiantes se han rehusado a aceptar la versión del gobierno de que la policía local de la ciudad de Iguala detuvo a los alumnos y los entregó a un cartel del narcotráfico, que los mató e incineró los cuerpos en un basurero.
Los expertos independientes y los padres de los estudiantes exigen que se pregunte a efectivos militares por qué no intervinieron pese a que el ejército monitoreó la situación, pero el secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, se ha negado a que sus soldados testifiquen.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo a los expertos que será posible obtener información de los efectivos militares a través del Ministerio Público, pero no podrán tener un careo.
Entrevista a militares
Los expertos se mantienen optimistas sobre posibilidad de interrogar a los militares, un elemento crucial para la investigación, ya que ellos estuvieron presentes en varias instancias durante las protestas ocurridas el 26 y 27 de septiembre. “No es lo mismo que pregunte un tercero. Va a faltar algo o quedará la duda”, agregó. Los expertos rechazaron los hallazgos del gobierno y aseguran que deben seguir otras pistas.
También recomiendan remplazar al equipo de investigadores y revisar la hipótesis de que los jóvenes desaparecieron porque habían secuestrado un autobús que transportaba heroína o dinero producto de la venta de drogas. El acuerdo estipula que el despacho de Betanzos asumirá de forma exclusiva la investigación.
