Quito, Ecuador.- La Fiscalía General del Estado ecuatoriano inició una investigación a la fiscal que dejó en libertad a un sujeto involucrado en el caso de una niña peruana de diez años que es presunta víctima de trata de personas con fines de matrimonio servil, en una comunidad indígena de difícil acceso situada en la frontera entre Ecuador y Perú.
El Ministerio Público señaló este domingo que dispuso el inicio de "un proceso de control jurídico respecto de la actuación de la Fiscal durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de abuso sexual".
"Si, como resultado de dicho proceso, se determina la existencia de responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores que intervinieron en la causa, se adoptarán las acciones correspondientes, de conformidad con la normativa vigente", anotó el ente investigador un día después de que el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, cuestionara la liberación del sujeto detenido el pasado viernes.
El alto funcionario recordó que, ese día, policías y militares rescataron a la menor, "víctima de trata, aparentemente también abusada sexualmente" y se detuvo en la comunidad Espejo -ubicada en el río Tigre, en la amazónica provincia de Pastaza- a un sujeto de cincuenta años, que fue presentado a la Fiscalía pero al que dejaron en libertad sin formulación de cargos.
"Espero que la Fiscalía General haga algo al respecto, tome pronto cartas en el asunto.
Tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas, tenemos que protegerlos", dijo Reimberg en sus redes sociales.
La liberación de la menor se logró gracias a una investigación coordinada entre las fiscalías de Ecuador y Perú y las Fuerzas Armadas peruanas, que permitió determinar que aproximadamente un mes atrás se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas.
Las autoridades señalaron el pasado viernes que la menor fue puesta bajo protección y recibirá atención médica, psicológica y asistencia integral, en coordinación con las autoridades ecuatorianas y los servicios consulares peruanos.
