Dos órdenes de captura y ninguna detención: ¿por qué Evo Morales sigue libre?
Autoridades bolivianas mantienen órdenes de captura contra Evo Morales por trata y terrorismo, mientras evalúan cómo detenerlo sin provocar enfrentamientos
- Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 19:07
El expresidente boliviano Evo Morales enfrenta procesos por trata y tráfico de personas y por terrorismo y alzamiento armado, con órdenes de captura que la Policía no ha podido ejecutar por falta de condiciones para evitar un enfrentamiento con sus seguidores, en su bastión político en el centro del país.
Morales (2006-2019) permanece en la zona cocalera del Trópico de Cochabamba (centro) desde finales de 2024, desde donde ha mantenido un papel contestatario frente a los Gobiernos de Luis Arce (2020-2025), que fue su ministro de Economía durante buena parte de su Presidencia, y de Rodrigo Paz, quien este sábado cumple nueve meses en el poder.
¿Cuáles son las claves que explican los procesos judiciales y las causas por las que aún no se ejecuta su captura? La Fiscalía de la región sureña de Tarija inició en septiembre de 2024 una investigación contra Morales por trata agravada de personas y después dictó una primera orden de captura en su contra, por la presunta relación que tuvo con una menor de edad mientras era presidente, en 2016, con quien supuestamente tuvo una hija.
En octubre de 2025, la Fiscalía presentó la acusación formal contra Morales y, en mayo pasado, un tribunal lo declaró en rebeldía y dictó una nueva orden de captura en su contra porque no se presentó al inicio del juicio por este caso, que no continuará en tanto el exmandatario no comparezca ante la Justicia o sea detenido.
Desde octubre de 2024, el expresidente permanece en la localidad de Lauca Ñ, donde sus seguidores instalaron una vigilia con varios círculos de seguridad, aunque periódicamente realiza desplazamientos dentro del Trópico de Cochabamba.
Morales y sus abogados han señalado que el proceso por trata agravada de personas corresponde a un caso anterior que se investigó en 2020, pero que el Gobierno de Arce lo activó con una "intención política" para inhabilitarlo como candidato presidencial en las elecciones de 2025.
También sostienen que el Gobierno de Paz actúa de forma "política" en este caso y que el tribunal encargado del juicio debiera previamente resolver los incidentes pendientes. La defensa de Morales asegura que "no hay víctima", en base a unos memoriales supuestamente presentados por la mujer afectada, en los que afirma que no fue objeto de ningún delito.
Morales afronta otro proceso por los conflictos sociales de mayo y junio en los que sectores campesinos y obreros y grupos afines al expresidente exigieron la renuncia de Paz, que dejaron 16 fallecidos, incluidos 13 que no pudieron recibir atención médica por los bloqueos de vías, y un daño económico de 3.000 millones de dólares.
La semana pasada, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Morales, acusándolo de terrorismo y alzamiento contra la seguridad y soberanía del Estado, entre otros delitos, a partir de una denuncia de los líderes cívicos de la región oriental de Santa Cruz.
Morales negó haber pedido la renuncia de Paz o participado en las manifestaciones. Pero en distintos discursos arengó a la gente a mantener los bloqueos y el 24 de mayo escribió en X que el presidente tenía "dos opciones" ante las protestas: "militarizar el país" o llamar a elecciones en los próximos 90 días.
En los últimos dos años, la Policía se replegó de esa zona al menos en dos ocasiones ante las amenazas de los seguidores de Morales, quienes suelen intensificar sus vigilias cada vez que surge alguna novedad en los procesos en su contra. Las autoridades han argumentado que un operativo para detener al exmandatario requiere condiciones que eviten un enfrentamiento con sus seguidores, que mantienen el control de los accesos a la zona donde permanece.