La defensa de 'El Rey del Cachopo' solicitó a la jueza que instruya la nulidad del registro que se realizó en el departamento de López Grass de Vallecas, Madrid, donde habría ejecutado la muerte de la joven hondureña de 25 años.
Ana Isabel Peña, abogada defensora de César Román, envió un escrito a la jueza Rosa María Freire, donde alega que el registro a la propiedad fue realizado el 21 de septiembre de 2018 y no el 20, como lo indicó el jefe del Grupo VI de Homicidios, quien elaboró el informe.
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Además, ella sostiene que en el registro no se tomó en consideración la documentación encontrada en el inmueble y que considera que pudo haber revelado información importante sobre el paradero de Heidi Paz, pues el acusado sostiene que ella está viva y huyó por conflictos de drogas.
'Si se hubiera hecho alguna averiguación, quizás existiera la hipótesis de que Heidi viajó con ese pasaporte, o que utilizara la tarjeta VISA o el DNI de dos mujeres distintas, e incluso, se podrían haber analizado los movimientos realizados con las tarjetas de transporte encontradas', agregó la togada.
Según la abogada, este hecho no solo vulnera los derechos de su cliente, sino que indica que en el proceso solo se ha intentado culpabilizar a Román y no investigar lo que realmente sucedió.
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En este sentido, en caso de la jueza considerara 'ha lugar' la petición, el procedimiento podría retornar hasta ese momento, alterando el orden del proceso realizado en estos últimos dos años y pudiendo anular el juicio del pasado 1 de junio, donde se le halló culpable del horrendo crimen. Sin embargo, según conoció Europa Press, el documento fue devuelto a la defensa, tras considerarse que no es competente.
Proceso
Entre las pruebas que vinculan a Román con el crimen se encuentran análisis forenses, testimonio de personas que presenciaban el presunto maltrato hacia la hondureña, la última ubicación del teléfono celular de Heidi, la maleta donde se halló el torso de la joven y el confuso comportamiento del imputado.Actualmente, César Román está a la espera de un juicio condenatorio en donde podría enfrentar la pena que solicitó la Fiscalía, 15 años de cárcel por homicidio y cinco años más profanación, o en su defecto, la que el jurado estime conveniente.
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