Tegucigalpa. En el 2011 los transportistas de la capital introdujeron un sistema de transporte denominado “servicio ejecutivo”.
Bajo la promesa de mejoras en el trato al pasajero, con unidades provistas de aire acondicionado, donde los usuarios no viajarían de pie y el monitoreo contante con cámaras de seguridad se justificó la tarifa de 10 lempiras en aquel entonces.
El incremento en un 300 por ciento en el pasaje, que era de 3.00 lempiras en las antiguas unidades amarillas, fue catalogado como un aumento disfrazado a la tarifa por usuarios.
En total se sustituyeron 250 unidades amarillas por ejecutivas en las rutas, hoy en día 60 rutas operan con 600 unidades de los también denominados “rapiditos” a un costo de 11 lempiras.
Pero pese a que han crecido como la espuma en cantidad, la calidad de servicio se diluyó.
Un claro ejemplo de la crisis que enfrenta en materia de seguridad este sistema de transporte es la operación a medio vapor que se vive en las rutas Quezada-Centro y San Francisco-Centro.
Para los más de 35 mil usuarios de esta ruta movilizarse hacia sus lugares de trabajo y de estudio es una odisea.
De las 71 unidades que conforman estas rutas solo la mitad labora, ya que los operadores exigen la presencia de dos militares en cada unidad para realizar el recorrido.
Esta situación ha duplicado los gastos de los usuarios, pues para llegar a tiempo y sortear las largas filas que se forman en las terminales toman taxis y pagan carreras directas.
Y para colmo de males, el sistema de cámaras que portan algunas unidades no funciona desde hace seis meses.
Según Santos Nolasco, portavoz de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina), trabajan en nuevas estrategias de seguridad para brindar resguardo en las unidades de transporte, pues no se puede designar un militar por cada unidad.
Actualmente esta institución envía unos 80 elementos a las terminales de las unidades en conflicto para garantizar que operen con normalidad, pero los transportistas demandan 140 elementos para tener dos por bus.
DGT se desentiende
Pero lo preocupante de la situación es el desconocimiento que tiene el titular de la Dirección General de Transporte (DGT) de la gravedad del problema, quien aduce no poder hacer mucho con buses introducidos en mandatos anteriores.
Yovany Dubón, director de la DGT, indicó que él no tiene ningún conocimiento sobre lo que deben o no tener estos buses, ya que cuando él tomó el cargo no había documentación de estas unidades.
“He buscado documentos que me indiquen bajo qué condiciones se hizo el cambio de buses amarillos a ejecutivos y no hay nada, entonces es difícil para mí”, argumentó.
Como ejemplo, indicó el conocimiento de boca de que los transportistas se comprometieron a cambiar la flota terminado los primeros diez años, pero no existe en papel que en su momento los pueda obligar.
Agregó que si de seguridad se trata, la DGT no tiene nada que ver y el cuestionamiento debe ser trasladado a las Secretaría de Seguridad, puesto que en su dependencia solo se firman los permisos.
Sobre este mismo tema agregó que desconoce si el proyecto “Segurín” sigue en vigencia, ya que él pensó que sí. La responsabilidad de brindar un buen servicio es de las empresas, no de la DGT, nosotros solo firmamos permisos”, detalló Dubón.
Además agregó que la DGT no tiene la capacidad para regular los 600 buses ejecutivos por la falta de personal.
No hay quien aplique la ley
Por otra parte, Jorge Sánchez, presidente de la Federación de Microbuses de Honduras (Fedemin), explicó que el servicio se vino abajo porque no hay quien ayude a aplicar la ley.
Advirtió que si de materia de seguridad se trata, a menos que el gobierno se declare incapaz de hacer algo por el rubro, ellos no pueden hacer nada.
“Si el Estado dice que no puede, en una semana ponemos nuestra seguridad, pero eso sí, sin regulaciones, porque ese es el detalle, no nos dejan avanzar”, fustigó el dirigente.
Respecto al precio y el servicio que brindan los buses ejecutivos, explicó que ellos tienen problemas de la seguridad y el Estado no les colabora.
“Nosotros ponemos los muertos y nadie se fija en eso, tenemos reuniones todas las semanas y nos dan atol con el dedo, nos dicen que las cámaras ya vienen y muchas cosas más que nunca se dan”, reclamó.
Mientras los empresarios y las autoridades del rubro determinan de quién es la responsabilidad de implementar sistemas de seguridad, la población seguirá como víctima de un servicio que se creó bajo una falsa expectativa.
