Grupos defensores de los inmigrantes están entusiasmados con un plan del gobierno para revisar los 7,800 casos de deportación pendientes en Colorado y 5,000 casos en Baltimore como parte de un experimento encaminado a que las agencias judiciales se enfoquen en casos de alta prioridad.
Si el experimento es exitoso podría repercutir en aproximadamente 300,000 casos pendientes a nivel nacional.
Laura Lichter, presidenta electa de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo el jueves que los casos ahora pendientes en Colorado serán mantenidos en espera mientras son revisados para asegurar que sólo sean deportados los peores delincuentes. Señaló que los fiscales de todo el país tienen poder de arbitrio en esos casos, pero los programas actuales de ejecución no están funcionando.
Lichter dijo que el programa actual, conocido como Comunidades Seguras, ha sido adoptado por algunos estados, incluido Colorado, y ha dado como resultado la deportación de gente acusada de violación al reglamento de tránsito o por delitos menores.
El gobernador de Colorado, John Hickenlooper, está revisando la participación del estado en el programa debido a cuestionamientos sobre posible etiquetación racial y para asegurarse de que las reglas se cumplan.
Varios estados han dicho que no quieren participar, bajo el argumento de que la inmigración es una responsabilidad federal, no estatal.
'Más del 60% de quienes están siendo deportados no tienen antecedentes penales ni de delitos menores', enfatizó Lichter.
El Departamento de Seguridad Nacional rebate esas cifras, diciendo que algunos análisis sólo se están enfocando en las razones técnicas por las que un individuo es deportado y no se incluye el historial delictivo que detonó la decisión de buscar una orden de deportación.
Grupos defensores de la inmigración dicen que esa es prueba de que se requieren revisiones más estrictas.
Incluso si se permite la permanencia de inmigrantes sin permiso de estar en el país, no hay garantía de que puedan conseguir un empleo. Raúl Cárdenas, un inmigrante sin permiso de residencia cuyo caso fue puesto en espera la semana pasada bajo el sistema actual, dijo que fue aplastante enterarse que no podía regresar a trabajar.
'Sigo sin poder mantener a mi familia. Me siento inútil', comentó.
