Tegucigalpa, Honduras.- La decisión de una jueza federal de Estados Unidos que declaró ilegal la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras representa una victoria judicial significativa, pero también marca el inicio de un 2026 decisivo para la comunidad migrante, que deberá mantenerse organizada y atenta ante posibles apelaciones del gobierno estadounidense.
El fallo, emitido el 31 de diciembre de 2025 por la jueza Trina L. Thompson, del Distrito Norte de California, frenó la anulación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal, al concluir que la administración del presidente Donald Trump no siguió el debido proceso legal antes de ordenar su cancelación.
La resolución, de 51 páginas, establece que la decisión fue tomada sin una evaluación adecuada de las condiciones de los países beneficiarios.
En el caso de Honduras, la medida impacta directamente a más de 55 mil hondureños amparados bajo este programa, muchos de los cuales llevan décadas viviendo y trabajando legalmente en Estados Unidos, sosteniendo a sus familias tanto en ese país como en territorio hondureño.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, explicó que la jueza determinó que la cancelación del TPS, efectuada en julio de 2025 por el gobierno de Donald Trump, fue “predestinada” y que existían evidencias de que el gobierno ya había decidido eliminar el programa antes de cumplir con los procedimientos que exige la ley.
“La jueza se pronuncia a favor de los demandantes y deja claro que no se examinó la situación real del país ni se siguió el proceso correspondiente”, señaló.
Flores indicó que el fallo no cierra el litigio, sino que lo coloca en una pausa mientras se define si el gobierno de Trump presentará una apelación ante una Corte Federal de Apelaciones.
“Esto es un freno a la cancelación del TPS, una victoria importante, pero ahora debemos esperar cuál será la reacción oficial del gobierno y del Departamento de Seguridad Nacional”, subrayó.
El dirigente migrante también advirtió que aún está pendiente un pronunciamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) sobre la extensión de los permisos de trabajo.
“Por ahora no hay nada oficial sobre si los permisos se renovarán automáticamente, pero si no hay una apelación inmediata, el gobierno tendría que reabrir y extender los documentos mientras el caso continúa”, explicó.
Desde la Alianza Nacional TPS, su coordinador José Palma confirmó que la decisión judicial representa un triunfo legal contundente.
“La jueza Thompson estuvo de acuerdo con los argumentos de la Alianza y de nuestros abogados, la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal fue ilegal. Es una decisión a favor que se emitió el 31 de diciembre”, expresó.
Palma llamó a la comunidad migrante a celebrar el fallo, pero también a prepararse para lo que viene.
“Estamos terminando el 2025 de buena manera, pero debemos organizarnos para el 2026. Puede haber una apelación, y por eso es clave mantenernos informados y unidos”, afirmó.
También anunció que en los próximos días se divulgarán más detalles conforme los abogados concluyan el análisis completo del fallo.
Tras el anuncio de cancelación del TPS, varios hondureños amparados bajo este estatus fueron arrestados y deportados, lo que generó temor, incertidumbre y separación de familias.
Organizaciones defensoras de migrantes han denunciado que estas acciones dejaron secuelas emocionales y económicas difíciles de revertir.
Ante el fallo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, celebró públicamente la resolución judicial y reiteró el respaldo de su gobierno a los migrantes.
“Celebramos la decisión de una jueza federal en San Francisco que frena la cancelación del TPS para miles de hondureños en Estados Unidos. Como Presidenta, reafirmo: Honduras está con ustedes”, expresó.
Castro agregó que su administración seguirá defendiendo a los connacionales en el exterior.
“Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos. Los abrazo con orgullo y los defenderé hasta el último día de mi mandato”, señaló en su mensaje dirigido a la comunidad hondureña migrante.
Expectativa
Aunque el fallo judicial devuelve esperanza a miles de familias, líderes migrantes coinciden en que no se trata de una victoria definitiva.
El riesgo de una apelación sigue latente y el futuro del TPS dependerá de las próximas decisiones judiciales y políticas en Estados Unidos.
Así, el inicio de 2026 encuentra a la comunidad hondureña con TPS entre el alivio y la cautela: celebrando una victoria legal histórica, pero consciente de que la defensa del programa continuará siendo una lucha jurídica y humana que aún no ha terminado.
