Tegucigalpa, Honduras.- La lucha legal por el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal alcanzó hoy un punto de inflexión en la Corte Federal del Distrito Norte de California.
Tras una intensa jornada de debate que se extendió por casi cinco horas, la jueza a cargo del caso decidió posponer la emisión de su veredicto final sobre la cancelación del programa, fijando la fecha de resolución para el próximo 22 de enero de 2026.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, calificó la jornada de este 18 de noviembre como una "situación titánica", marcada por argumentos jurídicos de alto calibre que definen el destino de más de 55,000 tepesianos hondureños, además de los beneficiarios de Nicaragua y Nepal.
El centro del debate se centró en la potestad presidencial para poner fin al estatus y el debido proceso que la ley exige.
El equipo legal del presidente Donald Trump, quien había ordenado la cancelación del TPS, sostuvo que la jueza no poseía la potestad constitucional para intervenir en el caso, argumentando que la facultad de otorgar o cancelar este beneficio recae únicamente en el poder ejecutivo.
Para la defensa del TPS, esta postura buscaba desmeritar los argumentos presentados en favor de la continuidad del programa.
Frente a este argumento, los defensores de los beneficiarios del TPS plantearon una defensa sólida y contundente: la cancelación del programa fue arbitraria y de mala fe, contraviniendo el debido proceso legal.
Los abogados del TPS argumentaron que el gobierno no cumplió con el requisito estatutario de solicitar informes oficiales al Departamento de Estado para evaluar la situación real de los países antes de tomar la decisión de terminar el estatus.
Un momento decisivo y revelador en la audiencia fue cuando la jueza interrogó a los abogados. La togada manifestó su profunda extrañeza ante la cronología de los hechos: la cancelación del TPS se anunció en el mes de julio, pero la solicitud de un informe oficial al Departamento de Estado sobre la situación del país, crucial para justificar la decisión, se realizó posteriormente, en agosto.
Este interrogante de la jueza evidenció el argumento principal de la defensa: la decisión de cancelar el TPS estaba predeterminada y no se basó en una verificación legal y objetiva de las condiciones en Honduras.
Los abogados defensores insistieron en que conocen los informes más recientes y que la situación en Honduras sigue siendo crítica, por lo que no existen condiciones seguras para el retorno masivo.
Juan Flores destacó la "angustia" de los hermanos tepesianos, señalando que la población afectada se estima en más de 55,000 hondureños.
La defensa del TPS subrayó que el Estatus de Protección Temporal es, ante todo, una ley. Dicha legislación establece claramente que las autoridades deben verificar y documentar a cabalidad la situación de un país antes de tomar cualquier decisión de cancelación.
Al no seguir este procedimiento y tomar la decisión de manera "arbitraria", la administración violó el estatuto legal, un hecho que, según los activistas, ha quedado "evidenciado" en la Corte de San Francisco.
La jueza conoció un total de cuatro mociones. De ellas, resolvió tres, logrando que la demanda en sí misma no fuera desestimada. Este es un paso positivo que mantiene el litigio "vivo" y en curso. La defensa busca una sentencia sumaria parcial que anule la cancelación del TPS, lo cual constituiría una victoria fundamental para los beneficiarios.
El debate contó con una sólida coalición de apoyo, que incluyó a miembros de la Fundación 15 de Septiembre que viajaron desde Miami, junto a grupos de hondureños, nicaragüenses y nepaleses.
Se sumaron ciudadanos americanos, catedráticos universitarios y figuras como Dana Frank, escritora y reconocida catedrática universitaria, quien ofreció su testimonio como voz crítica de los gobiernos anteriores, demostrando que la defensa del TPS es una causa que trasciende fronteras.
Juan Flores hizo un llamado a las autoridades de Honduras, señalando que el próximo presidente, que asumirá el cargo después del 30 de noviembre, "heredará este problema del TPS".
El líder comunitario enfatizó la necesidad de que el nuevo gobierno de Honduras esté atento a lo que sucede en esta corte de Estados Unidos y vea de qué forma puede buscar una solución para defender a sus compatriotas.
La lucha continúa, pero la esperanza de revertir la decisión del gobierno se mantiene firme hasta el 22 de enero de 2026.
