Tegucigalpa, Honduras.- Apenas faltan horas. Este 18 de noviembre, en la Corte del Noveno Circuito en San Francisco, miles de hondureños y nicaragüenses estarán pendientes de una audiencia que podría definir definitivamente el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Para unos 55,000 hondureños amparados bajo este beneficio migratorio, la fecha se vive como un pulso entre la esperanza y la incertidumbre.
Juan López, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, explicó que en las últimas semanas los equipos legales que defienden a los tepesianos han presentado una serie de documentos cruciales ante la jueza Thomson.
Estos escritos fueron entregados el 14 de noviembre y contienen, según López, elementos que podrían convertirse en la salvación para miles de familias centroamericanas.
De acuerdo con López, los demandantes han pedido a la jueza que se consideren nuevas evidencias extraordinarias que revelan que la cancelación del TPS fue un acto “premeditado” y ejecutado de mala fe durante la administración anterior.
En esos documentos se expone que la situación actual de Honduras y Nicaragua sigue siendo grave y que ambos países no ofrecen condiciones para el retorno seguro de sus ciudadanos.
“Están solicitando al jurado que revise más pruebas, más testimonios y más informes que no habían sido valorados inicialmente”, explicó.
Entre los argumentos expuestos se detalla el deterioro social y económico en ambos países, así como los efectos persistentes de los desastres naturales por los cuales se otorgó originalmente el beneficio migratorio.
La audiencia del 18 de noviembre será crucial: ahí se escucharán los argumentos finales y se determinará si el TPS continuará o si miles de familias quedarán a merced de una orden de cancelación que lleva años suspendida por órdenes judiciales.
Para muchos tepesianos, el TPS no es solo un permiso migratorio: es el sostén de sus hogares, la seguridad de sus hijos, el trabajo que les ha permitido enviar remesas y la estabilidad que ya no encontrarían en sus países de origen.
A la espera del veredicto, la comunidad hondureña y nicaragüense en Estados Unidos se aferra a la esperanza de que las nuevas evidencias pesen en la balanza judicial.
