Los Ángeles, Estados Unidos.- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha revivido su controvertida política de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser "una carga pública", tras echar abajo los límites impuestos por la Administración de Joe Biden.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), una agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció que deroga la regla de 2022 sobre la carga pública, que permite a las autoridades de inmigración negar la entrada a EE.UU. o la concesión de la conocida tarjeta verde (‘green card’) a un extranjero que considere supondrá una carga económica para el país.
El gobierno del expresidente Biden (2021-2025) relajó una veda impuesta por Trump en su primer gobierno (2017-2021), poniendo límites a USCIS sobre los beneficios públicos que se tenían en cuenta para una carga pública.
Desde noviembre del año pasado, el Gobierno Trump había anunciado la norma con la que los funcionarios del USCIS "están facultados para evaluar todos los hechos relevantes" caso por caso para cada solicitante, destacó la agencia en un comunicado.
¿Cuándo entra en vigor?
La norma entrará en vigor el próximo 18 de septiembre. En su primera ampliación de la regulación de carga pública, Trump vetó a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda, o cuidado de la salud, como el programa público Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y de recibir ayudas para sus hijos estadounidenses.
Los defensores de los inmigrantes han expresado temor sobre los estragos que causará la nueva ampliación de esta política en la comunidad indocumentada de bajos recursos y especialmente en las familias de estatus mixto, como se conoce a aquellas que tienen al menos un miembro ciudadano estadounidense.
USCIS ha dicho que publicará una versión revisada del formulario de solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar el Estatus (I-485).
El anuncio ha generado miedo e incertidumbre entre inmigrantes, alertaron este lunes organizaciones de Nueva York, que prometieron combatir esta política.
¿Cómo afectará a quienes estén tramitando la Green Card?
Muchas familias que llevan años esperando regularizar su situación se verán obligadas a elegir entre continuar con sus trámites migratorios o garantizar el acceso de sus hijos a alimentos y atención médica.
"Veremos un aumento de las urgencias médicas, más escolares desnutridos y hambrientos, más familias ingresando al sistema de albergues y muchos otros daños evitables", afirmó Carlos Arnao, de la Coalición de Inmigración, durante una rueda de prensa junto a otras organizaciones.
Javier Ramírez Baron, director ejecutivo de Cabrini Immigrant Services, aseguró que el anuncio ya está teniendo efectos entre las familias a las que prestan asistencia. Ramírez Baron criticó además que el Gobierno no haya publicado una lista concreta de los beneficios que se tendrán en cuenta para aplicar la norma, lo que, dijo, alimenta la confusión entre los inmigrantes.
Randy Ali, director ejecutivo del Centro de Apoyo a las Familias Árabe-Estadounidenses, y Kevin Cho, de la Federación Asiático-Americana, advirtieron también de las consecuencias que la medida tendrá para las comunidades a las que representan. Según Cho, el propio Departamento de Seguridad Nacional estima que unas 950.000 personas podrían decidir no solicitar o abandonar prestaciones públicas por temor a que ello perjudique sus trámites migratorios.
La comisionada de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía de Nueva York, Faiza N. Ali, respaldó a las organizaciones y aseguró que la ciudad utilizará "todas las herramientas a su alcance" para combatir las políticas de la Administración Trump, al tiempo que pidió a los inmigrantes buscar asesoramiento en organizaciones de confianza.
"La norma de carga pública no busca proteger a los contribuyentes, sino disuadir a los inmigrantes de acceder a servicios esenciales y crear un clima de miedo", afirmó Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración.
Los grupos instaron a los inmigrantes a buscar asesoría legal antes de que la medida entre en vigor, calificando de "cruel" la decisión del Gobierno, que ya aplicó esta norma en 2020 y que permitirá denegar la residencia.
