Tegucigalpa, Honduras.-El plazo para presentar observaciones públicas sobre la nueva normativa migratoria impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) concluyó este lunes 29 de junio.
La disposición forma parte de una regla final provisional vigente desde el 29 de mayo, que incorpora nuevos cobros y ajustes en distintos trámites del sistema migratorio estadounidense.
Las autoridades habían habilitado un periodo de consulta pública antes de la implementación definitiva de la normativa, la cual modifica procedimientos clave del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).
Los comentarios debían enviarse exclusivamente a través del portal federal de reglamentación, bajo el expediente DHS Docket No. USCIS-2026-0133. La agencia señaló que no se aceptarían envíos por correo postal, entrega física, dispositivos digitales ni correos electrónicos enviados directamente a funcionarios.
Además, las presentaciones debían realizarse en inglés o acompañadas de una traducción oficial. El DHS advirtió que la información personal incluida en los comentarios podría hacerse pública tras el proceso de revisión.
Aunque la regla ya se encuentra vigente como disposición interina, el DHS utilizará las observaciones recibidas para evaluar posibles ajustes antes de su aplicación definitiva.
Entre los principales cambios se encuentran nuevos cobros aplicables a múltiples formularios migratorios, así como modificaciones en solicitudes de asilo, permisos de trabajo y programas de protección temporal.
A continuación, se detallan algunas de las tarifas y ajustes incluidos en la normativa:
1) Formulario I-102 (reemplazo o emisión del I-94): cargo adicional de US$24, que se suma a la tarifa base, elevando el costo total a US$584 en casos generales.
2) Solicitud de asilo (Formulario I-589): pago inicial obligatorio de US$100 al presentar la solicitud.
3) Tarifa anual de asilo: al menos US$100 por año mientras el caso permanezca pendiente.
4) Permiso de trabajo (EAD): nuevos cargos aplicables a solicitudes, renovaciones o extensiones.
5) Estatus de Protección Temporal (TPS): tarifas adicionales para autorización de empleo, renovaciones y extensiones.
6) Parole o permiso de permanencia temporal: incorporación de nuevos cobros según la categoría del solicitante.
7) Programas de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ): inclusión de tarifas adicionales para trámites relacionados.
En el caso del asilo, la normativa establece que la tarifa inicial no será reembolsable, incluso si la solicitud es rechazada por errores. Además, los solicitantes deberán pagar la tarifa anual cada año en que el expediente permanezca sin resolución.
La regla también establece que el incumplimiento del pago de la Tarifa Anual de Asilo dentro de los 30 días posteriores a la notificación puede provocar el rechazo del caso y la cancelación de la autorización de empleo vinculada al expediente.
Asimismo, el DHS podrá iniciar procedimientos de deportación si la persona no cuenta con otro estatus migratorio válido, lo que incluye la emisión de una Notificación para Comparecer ante un juez de inmigración.
La normativa también reduce la vigencia de los permisos de trabajo asociados al TPS a un máximo de un año, lo que implicará renovaciones más frecuentes para los beneficiarios de este programa migratorio.
