Tegucigalpa, Honduras.-El Colegio de Abogados de Honduras (CAH) exigió este martes a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y al Ministerio Público (MP) acelerar las investigaciones relacionadas con los recientes atentados, amenazas y actos de persecución denunciados por profesionales del derecho en distintas zonas del país.
El gremio advirtió que la situación representa un riesgo directo para la vida de sus agremiados, luego de varios hechos violentos registrados en las últimas semanas.
El presidente del CAH, Olbin Sarmiento, expresó su preocupación ante el aumento de los casos y señaló que el gremio da seguimiento a las denuncias presentadas.
Entre los hechos más graves mencionados se encuentra el atentado contra el abogado Luis Miguel Gómez en San Pedro Sula, quien sobrevivió tras recibir múltiples impactos de bala.
Asimismo, el Colegio mantiene bajo observación el caso del abogado penalista Francisco Pascua, quien denunció haber sido víctima de persecución, vigilancia y del robo de pertenencias de su vehículo tras salir de una audiencia en los juzgados de criminalidad organizada en Tegucigalpa.
El profesional también aseguró haber sido objeto de nuevas acciones intimidatorias.
"Nosotros hemos estado dándole seguimiento a estos casos porque es una preocupación. Tenemos que pedir que las investigaciones se agilicen; la vida de nuestros agremiados está en riesgo", manifestó Sarmiento.
El dirigente agregó que el riesgo no se limita a casos individuales, sino que afecta al gremio en general debido a la naturaleza de su labor.
"No es solo un abogado penalista el que está en riesgo; todos los abogados estamos expuestos. Tocamos intereses todos los días y, por eso, necesitamos que las autoridades actúen con prontitud y no permitan que estos casos queden sin respuesta", concluyó.
El CAH anunció además que evalúa la creación de una comisión integrada por miembros del gremio para dar acompañamiento a las víctimas y exigir avances concretos en las investigaciones, en medio de la creciente preocupación por la seguridad de los profesionales del derecho en el país.
