Tegucigalpa, Honduras.-El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha resurgido con fuerza tras la decisión del gobierno de Donald Trump de insistir en limitar este derecho constitucional a los hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal.
Desde enero, Trump impulsa una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía automática para quienes nacen en territorio estadounidense si sus padres no poseen residencia legal.
La medida ha sido bloqueada en varios tribunales federales que la consideran contraria a la 14.ª Enmienda, la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en el país.
El pasado 26 de septiembre, la administración Trump presentó una solicitud ante la Corte Suprema para que revise los fallos que han detenido la entrada en vigor de su orden. El gobierno argumenta que la interpretación actual de la Constitución es errónea y debe corregirse para “proteger el valor de la ciudadanía estadounidense”.
Mientras que el 3 de octubre, la Primera Corte de Apelaciones de Boston reafirmó la inconstitucionalidad de la orden ejecutiva, sumándose a otros tribunales que han determinado que negar la ciudadanía por nacimiento viola la 14.ª Enmienda. Este fallo refuerza el bloqueo nacional de la medida.
Las organizaciones de derechos civiles, como la ACLU, han advertido que una eventual aprobación de la norma podría dejar a miles de niños en riesgo de apatridia (condición de una persona que no es reconocida como ciudadana por ningún país, es decir, carece de nacionalidad) y abrir la puerta a políticas discriminatorias. A su juicio, el derecho a la ciudadanía por nacimiento es un pilar histórico del sistema democrático estadounidense.
Expertos legales señalan que la Corte Suprema enfrenta ahora una decisión trascendental: aceptar o rechazar la petición del gobierno. Si toma el caso, el fallo podría redefinir la noción misma de ciudadanía en Estados Unidos y marcar un precedente que impactaría a futuras generaciones.
Por ahora, la orden de Trump sigue suspendida, pero el rumbo del debate -entre la defensa de la Constitución y el endurecimiento de las políticas migratorias- mantiene al país en expectativa de una decisión judicial que podría cambiar el curso de la historia constitucional estadounidense.
