Tegucigalpa, Honduras.- Durante 26 años, miles de hondureños pudieron trabajar, conducir un vehículo, recibir atención médica y obtener otros beneficios que se les otorgaba el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Pero desde este 8 de septiembre, e incluso desde el fin de semana, los 55,000 hondureños que trabajaba de forma legal en los Estados Unidos comenzaron a recibir las notificaciones de su último día de labores, debido al vencimiento del TPS.
La misma situación pasa con los permisos de conducir, que dejaron de estar vigentes, y esto es de mucho riesgo para los compatriotas, ya que conducir sin licencia es un delito y pueden ser detenidos, y al conocer que su estadía es de forma ilegal, los oficiales pueden entregar a los compatriotas a las autoridades migratorias y ser detenidos en algún centro.
El miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad se apoderaron de más de 150 mil personas entre beneficiarios del TPS; más hijos, que son un aproximado de 60 mil, y cónyuges, quienes enfrentan desde hoy la amenaza de perder su estabilidad, sus trabajos y hasta sus hogares.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, describe la situación como una “crisis humanitaria”.
Explica que muchos hondureños quedaron sin permiso de trabajo ni licencia de conducir, mientras que otros se preguntan cómo podrán seguir alimentando a sus familias o recibiendo atención médica.
“Es un día triste para los inmigrantes hondureños, hoy muchos quedan expuestos a ser detenidos, mandados a un centro de detención e incluso deportados”, lamentó.
La angustia se multiplica en los hogares donde hay adultos mayores jubilados que, a partir de esta fecha, dejan de recibir su retiro.
Flores advierte que esta medida condena a muchos a una vida crítica y desesperada. “Algunos ya no saben qué hacer, están angustiados y preocupados”, agregó.
Uno de los rostros más sensibles de esta crisis son los más de 60 mil niños nacidos en Estados Unidos, hijos de hondureños amparados bajo el TPS.
Ellos enfrentan la incertidumbre de un posible retorno forzado a Honduras, un país donde la violencia, la falta de acceso a educación de calidad y un sistema de salud colapsado representan riesgos diarios.
“Imagine usted como padre que lo deporten, ¿con quién deja a su hijo?”, cuestionó Flores.
El líder migrante asegura que el arraigo de los tepesianos en Estados Unidos es profundo. No se trata de personas que puedan regresar de un día para otro a Honduras, ya que en estas más de dos décadas muchos formaron familias, compraron casas, adquirieron bienes y establecieron una vida que no pueden simplemente abandonar.
Las consecuencias económicas también son devastadoras. Miles de familias en Honduras dependen de las remesas enviadas por los beneficiarios del TPS. Ahora, al quedar sin empleo formal, muchos migrantes no podrán seguir enviando dinero a sus seres queridos, lo que agravará aún más la crisis económica en el país.
“Hay compatriotas que mantenían a sus hijos en escuelas privadas, y ahora se verán obligados a sacarlos. Otros ya no podrán sostener los gastos básicos de sus familias en Honduras”, advirtió Flores.
La comunidad migrante atraviesa momentos de pánico. Flores relató que muchos hondureños lo han llamado desesperados para contarle que los despidieron de sus empleos, que ya no pueden renovar su licencia de conducir o que temen salir a la calle por miedo a redadas migratorias.
“Han quedado en estado de indefensión, vulnerables, no saben qué hacer, debido a que temen ser detenidos”, expresó.
Algunos, en medio de la desesperación, consideran vender sus viviendas o buscar alternativas en otros países. Sin embargo, la mayoría se resiste a abandonar Estados Unidos porque sienten que su vida, su futuro y el de sus hijos están ligados a este país.
“Del 100% de los tepesianos, apenas un 5% piensa en regresar forzosamente. El resto lucha por quedarse”, detalló Flores.
La situación es particularmente crítica en estados como Florida, donde existen leyes estrictas contra los inmigrantes indocumentados. Manejar sin licencia, por ejemplo, puede convertirse en un delito que expone directamente a los hondureños a la deportación.
“Hoy, si un policía lo detiene y no tiene protección migratoria, puede terminar en un centro de detención”, alertó.
Flores también criticó duramente al gobierno de Honduras por la falta de apoyo a los migrantes. Asegura que el país quedó sin representación diplomática en Washington tras la decisión de retirar al embajador, y que la comunidad se siente abandonada por sus autoridades.
“El gobierno de Honduras dejó perder el TPS por ideologías políticas, y hoy tenemos una crisis política y migratoria”, sentenció.
En medio de esta incertidumbre, la Fundación 15 de Septiembre y otras organizaciones migrantes han pedido al gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, que reconsidere su decisión y reactive la protección.
También han solicitado al Congreso que busque una salida legal definitiva para estas familias que han contribuido durante décadas al desarrollo de la nación norteamericana.
Las historias detrás de cada tepesiano reflejan no solo pérdidas materiales, sino también el desgarro emocional de miles de familias divididas por la incertidumbre.
El miedo a las redadas, la imposibilidad de pagar la hipoteca, las cuentas de servicios que no se detienen y la amenaza de perderlo todo configuran un drama humano que se vive a flor de piel desde esta mañana.
Se recomendó a los compatriotas a buscar asesoría legal, explicando el caso en el que se encuentran, ya que deben conocer sus derechos, ante las fuertes acciones migratorias que se están desarrollando en los Estados Unidos.
Además, se solicitó más apoyo legal a las autoridades de los consulados hondureños, ya que muchas personas desconocen como actuar en la actualidad.
El TPS fue otorgado a Honduras en 1999 tras el devastador paso del huracán Mitch. Desde entonces se mantuvo vigente mediante renovaciones periódicas, beneficiando a más de 55 mil hondureños en la actualidad.
El pasado 8 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación de este programa, fijando como fecha de expiración el 8 de septiembre.
Sin embargo, el 31 de julio, una jueza federal bloqueó temporalmente la cancelación y extendió su vigencia hasta el 18 de noviembre de 2025, fecha en la que se definirá el futuro de miles de familias hondureñas en Estados Unidos.
Acciones
El drama humano que viven los hondureños afectados por la cancelación del TPS tiene, además, un trasfondo político que ha pesado en las relaciones entre Honduras y Estados Unidos.
Así lo advierte el analista de temas internacionales, Graco Pérez, quien considera que la política exterior del país contribuyó a que no se lograra una extensión de la protección migratoria.
Según Pérez, el impacto de la finalización del TPS es devastador a nivel personal y familiar, pues cada caso es único y conlleva consecuencias difíciles de dimensionar.
“Cada uno es una historia diferente. Hablamos de su economía, su salud, los bienes adquiridos, los compromisos asumidos, son más de 55 mil casos distintos, cada uno con una realidad particular”, explicó.
El especialista remarcó que el eventual retorno de miles de hondureños sería prácticamente insostenible, ya que en el país no existen las condiciones para acogerlos.
“Si aquí en Honduras la situación es complicada, lo será más para alguien que lleva más de 25 años fuera y no conoce la realidad actual”, apuntó.
Además del drama humano, Pérez subrayó el impacto económico que tendrá la medida, especialmente en las remesas familiares, de las cuales dependen millones de hogares en Honduras.
“Si estas personas dejan de enviar dinero, sus familias se verán afectadas directamente, y en general también la economía del país”, añadió.
En su análisis, Pérez señaló que la política migratoria de Donald Trump ha sido firme y clara, pero que la postura internacional de Honduras tampoco ayudó.
Recordó que decisiones como la amenza de retirar a los militares estadounidenses de Palmerola, el acercamiento con Venezuela, los vínculos con Rusia, China y Palestina, así como el respaldo a CELAC en temas contrarios a los intereses de Washington, fueron señales que pesaron en el desenlace.
“Estados Unidos envió mensajes claros, como el tema de las visas por los acercamientos con China. Honduras respaldó un régimen cuestionado como el de Venezuela, vinculado al narcotráfico y al terrorismo según Washington. Esa cercanía con gobiernos adversos a Estados Unidos sin duda pasó factura”, expresó el analista.
Pérez cuestionó también la falta de preparación del gobierno hondureño para acompañar a sus migrantes en esta crisis.
“Han dicho que hay apoyo, pero en la práctica no se ve. Los consulados deberían dar asesoría y acompañamiento real, pero los tepesianos se sienten solos”, afirmó.
Una alternativa a largo plazo, según el analista, es la aprobación en el Congreso estadounidense de la llamada Ley de Dignidad, que podría abrir una vía de regularización para quienes han estado protegidos bajo el TPS. Sin embargo, advirtió que este es un proceso político complejo y que no se resolverá en el corto plazo.
“Al final, cada hondureño tendrá que buscar por sí mismo cómo enfrentar esta situación, porque no veo que el gobierno de Honduras tenga la capacidad de negociar soluciones inmediatas con Estados Unidos”, concluyó Pérez.
Incertidumbre
La comunidad tepesiana comenzó a vivir días duros por la suspensión del beneficio, por el cual estuvieron de forma legal durante 26 años en los Estados Unidos.
Luego de hacer una vida en ese país, regresar a la tierra que los vio nacer, lo ven como una dura realidad, ya que consideran que no existen las condiciones necesarias.
Los hondureños beneficiados con el TPS cuestionan que Honduras esté bien para regresar y vivir con tranquilidad, ya que sus familiares a diario les relatan la realidad del país.
"Allá las personas que van quebradas a un hospital tiene que comprar el clavo y hasta el algodón, los familiares tiene que llevarlo hasta la camilla y esperar por varios meses para que lo puedan operar", relató Iris Aguilar parte del sufrimiento que vivió uno de sus hermanos luego de ser atropellado.
La tepesiana reveló que tiene miedo de regresar a Honduras por la delincuencia y los femicidios que se viven a diario, además de perder todos los bienes que por muchos años logró adquirir con gran esfuerzo y separarse de su familia que formó en Estados Unidos.
"Hoy no podemos poner un negocio como la presidenta cree, allá lo asaltan y le piden un impuesto de guerra los mareros. Nosotros también tenemos raíces en este país", agregó Aguilar.
