“Ni los que tienen papeles están seguros”: hondureños en Los Ángeles están en vilo

Tegucigalpa, Honduras.- Desde hace dos meses, “la tierra de la libertad y el hogar de los valientes” se ha convertido en un sitio hostil para miles de migrantes.

Hombres y mujeres que luchan por un sueño ahora son tratados con dureza por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Reina, una hondureña que vive en Los Ángeles y que solo aceptó ser identificada con ese nombre, apenas sale de su casa, ni siquiera para ir al supermercado. Las remesas que logró enviar a Honduras las hizo a través de personas conocidas.

Desde que se comenzaron a aplicar estrictas medidas migratorias, salir a la calle se ha convertido en un privilegio, especialmente ahora que se ejecutan redadas en centros de trabajo.

“Las compras las hacen mis hijos, pero yo tengo mucho temor de ser deportada. Solo salgo a trabajar cuando es muy necesario y veo que la situación está más tranquila; de lo contrario, mejor me quedo en casa”, contó Reina.

Lleva más de 20 años en Estados Unidos, ha formado una familia y actualmente está en proceso de legalización, a la espera de una aprobación migratoria.

“La situación está muy difícil. Jamás pensamos vivir algo así. Solo con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Cada vez todo se pone peor. Trabajamos duro y somos personas de bien”, expresó.

Como ella, cientos de hondureños viven una rutina marcada por el miedo. Se sienten perseguidos, como si su único delito fuera existir. Temen salir a trabajar, conducir, caminar o incluso abrir la puerta de su hogar.

Llevan una vida honrada, sin antecedentes, sin multas, sin escándalos. Pero ni eso les garantiza seguridad. En cualquier momento, una redada puede truncar años de lucha y sacrificio.

Muchos ya no asisten a sus trabajos con regularidad. Prefieren perder ingresos antes que arriesgar su libertad.

Las protestas en Los Ángeles, lejos de calmar el ambiente, han encendido aún más las alertas.

Las redadas continúan, las detenciones se multiplican y las historias de deportación circulan en grupos de WhatsApp como advertencias.

Esta situación no solo afecta a quienes están en condición irregular; también genera temor entre quienes poseen documentos y permisos de trabajo válidos.

Horacio Herrera, otro hondureño que reside desde hace más de un año en Estados Unidos, relató que las redadas en California han generado protestas en varias ciudades del estado.

“Yo siempre ando con mis documentos. No quiero pasar por un arresto, aunque tengo todos los permisos necesarios para estar aquí”, aseguró.

Herrera considera que la tensión está escalando en varias ciudades, lo cual impacta a la población y a la economía local.

“Muchas personas no llegan a trabajar, tengan o no papeles, por la incertidumbre. ICE no respeta algunas políticas. Se han dado casos de personas detenidas aunque tengan documentos válidos, con o sin antecedentes”, lamentó.

También ha notado una disminución en el uso del transporte público y tiendas vacías, producto del encierro forzado.

Además, señala que la política del estado de California choca con las nuevas directrices del presidente Trump.

“Aquí hay migrantes de todo el mundo, pero los primeros en ser detenidos son los latinos. Las redadas se enfocan en zonas laborales con más latinos, y eso es injusto”, dijo.

La supuesta seguridad que ofrecían las llamadas “ciudades santuario” como Los Ángeles se ha desvanecido para miles de migrantes hondureños que hoy enfrentan redadas masivas, militarización y posibles deportaciones.

Así lo advirtió Itsmania Platero, defensora de derechos humanos y experta en temas migratorios, quien alertó sobre la creciente criminalización de la población migrante en ciudades como California y Florida.

“La situación es crítica. Estamos ante una de las crisis migratorias más grandes desde los tiempos de Trump”, explicó.

Según Platero, estas redadas forman parte de un plan federal encabezado por ICE y respaldado por leyes estatales restrictivas como la SB 1718 de Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis.

Dicha legislación contempla incluso sanciones contra quienes ayuden a migrantes, incluidos defensores de derechos humanos.

En Los Ángeles, donde cerca del 50% de la población es latina, las redadas han sido acompañadas por el despliegue de más de 4,000 militares.

En los últimos días, se han impuesto toques de queda y nuevas restricciones que criminalizan cualquier enfrentamiento con agentes del orden, relató la experta.

“Es inédito que la población migrante se enfrente directamente con las autoridades. Nunca se había visto algo así en Estados Unidos”, afirmó.

Platero denunció que incluso líderes humanitarios ya han sido deportados, y otros se encuentran detenidos por negarse a abandonar el país.

“Estamos viendo una criminalización abierta del defensor de derechos humanos en temas migratorios”, advirtió.

Más allá del drama humano, Platero criticó la falta de una estrategia clara por parte del gobierno hondureño.

“No hay acercamientos reales con Estados Unidos. Ni siquiera tenemos embajador en Washington. Y si Honduras no actúa, el TPS puede ser anulado en cualquier momento”, alertó.

El endurecimiento migratorio también traerá consecuencias económicas. Platero explicó que, con el impuesto del 3.5% a las remesas anunciado por Trump y la pérdida de empleos entre migrantes, Honduras sufrirá una fuerte caída en el ingreso de divisas.

“Los migrantes están dejando de enviar dinero, y muchos ahora necesitan apoyo desde Honduras para sobrevivir. Se viene una caída de remesas inevitable”, explicó.

“Es un golpe doble para los hondureños: pagan impuestos en EE UU y en Honduras, sin que el Estado les brinde ningún retorno”, criticó.

Frente a este panorama, Platero instó a los hondureños en Estados Unidos a evitar protestas violentas, buscar asesoría legal y no caer en la desinformación.

“El asilo no es un permiso automático. Es un juicio que se pelea en corte, con pruebas y con un abogado”, recalcó.

Mientras tanto, miles de familias en Honduras ya sienten el impacto económico de esta crisis migratoria.

“Esto no ha terminado. Va a empeorar. Y si el gobierno no reacciona, será aún más doloroso”, concluyó.

La ola de protestas en Estados Unidos, desatada por las redadas y la represión policial, ha encendido las alarmas entre las comunidades inmigrantes, especialmente la hondureña.

Las manifestaciones, que comenzaron en Los Ángeles y se han extendido a otras ciudades, han derivado en episodios de violencia y daños a la propiedad privada, lo cual podría agravar aún más la situación migratoria.

Para Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre -organización que brinda apoyo a la diáspora hondureña-, la situación es “muy complicada y compleja”.

Advierte que los actos violentos durante las protestas están dando argumentos a las autoridades para justificar medidas más severas contra los inmigrantes.

“Les estamos dando la razón a quienes dicen que los inmigrantes son una amenaza para este país”, afirmó.

Flores enfatizó que las deportaciones masivas no son la solución.“Hay más de 20 millones de inmigrantes que han trabajado por décadas sin estatus legal en Estados Unidos. Muchos tienen hijos ciudadanos. Basta con ver quiénes están en las calles; la mayoría son hijos de inmigrantes”, señaló.

La preocupación entre los hondureños es aún mayor. Según Flores, se trata de una de las comunidades más vulnerables, ya que muchos no tienen documentos.

“Nos dicen que temen represalias. Y cuando ven que en las protestas ondean Banderas de Honduras o se queman patrullas, sienten que los están poniendo en la mira”, agregó.

Uno de los temas más sensibles es la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que vence el próximo 5 de julio.

Flores considera que la violencia puede influir negativamente en la decisión del gobierno estadounidense.

“Estamos enviando el mensaje a nuestros compatriotas de que, si van a protestar, lo hagan de forma pacífica. Pero lo ideal sería que no se expongan”, subrayó.

El líder migrante lamentó la falta de apoyo del gobierno hondureño. “Ahora mismo están suspendidas garantías básicas. Necesitamos que se active la red consular, que se ofrezca asesoría legal y que se den directrices claras. Pero ni siquiera tenemos embajador”, criticó.

Flores denunció que existen más de 150 centros de detención en 40 estados, mientras Honduras solo cuenta con 18 consulados, muchos sin personal técnico capacitado.

“No hay capacidad para dar seguimiento a los compatriotas detenidos. Muchos llevan meses sin recibir atención consular”, lamentó.

La Fundación 15 de Septiembre está gestionando reuniones con congresistas estadounidenses para pedir la renovación del TPS.

"No queremos que nos castiguen por lo que está pasando en Los Ángeles. La gente está molesta por las redadas, y lo entendemos, pero la violencia no es el camino”, dijo Flores.

Hizo un llamado directo a la comunidad hondureña: “Si no hay necesidad de salir a las calles, no lo hagan. Cuídense, protéjanse. Sería muy lamentable que por estas redadas más hondureños sean capturados y deportados. Debemos priorizar nuestra seguridad y mantenernos informados”, aconsejó.

Por su parte, el canciller de Honduras, Javier Bu, exhortó a la comunidad migrante a no involucrarse en manifestaciones que puedan derivar en actos violentos o confrontaciones con las autoridades.

“Hemos aconsejado a nuestros migrantes no involucrarse en estas protestas que han tomado un tono más serio”, expresó.

Según el funcionario, el gobierno hondureño está al tanto de la situación y trabaja para brindar apoyo a los connacionales afectados por las redadas.

Bu confirmó que, como resultado de los operativos recientes en Los Ángeles, tres hondureños han sido detenidos. Indicó que la cónsul Julissa Gutiérrez da seguimiento al caso para garantizar el respeto a sus derechos humanos y procesales.